El reciente anuncio del Ministerio de Salud (Minsa), declarando que el agua en Las Tablas y Llano de Piedra es nuevamente “apta para el consumo humano”, ha sido presentado por las autoridades como un gran triunfo. Sin embargo, para los residentes de la región de Azuero, este alivio focalizado no oculta una realidad vergonzosa: esta crisis sanitaria y de suministro está a punto de cumplir un año sin ser solucionada de raíz. El hecho de que zonas como Guararé, La Villa y Chitré sigan bajo la zozobra y el “monitoreo” evidencia el fracaso crónico del estatismo. ¿Por qué un problema tan vital tarda tanto en resolverse?
La respuesta no yace en la falta de recursos, sino en la naturaleza estructural del sistema: el agua es tratada como un bien público. Cuando la titularidad y gestión de un recurso vital recaen en el Estado, surge inevitablemente la clásica “tragedia de los comunes”, donde los recursos públicos tienden a deteriorarse por el uso ineficiente y la falta de dolientes reales. Al no existir un propietario privado que sufra directamente las consecuencias económicas de su mala administración, nadie asume una responsabilidad clara sobre el mantenimiento de la red.
A diferencia del libre mercado, donde una empresa privada iría rápidamente a la quiebra si entrega un producto deficiente o contaminado, el monopolio gubernamental se financia coactivamente mediante impuestos y opera sin el rigor del sistema de pérdidas y ganancias. Esto genera que los burócratas carezcan de incentivos genuinos para minimizar costos o mejorar la calidad. La crónica escasez y la contaminación no son fallas del mercado, sino —según esta perspectiva— el resultado de que el Estado mantenga el monopolio sobre los conductos y reservas hídricas.
Además, debemos abandonar la ilusión de que los gobernantes son seres desinteresados movidos únicamente por el “bienestar general” o el “bien común”. La brújula del político no apunta necesariamente hacia la eficiencia o la austeridad, sino con frecuencia hacia la maximización de sus votos. La política funciona como un mercado donde las decisiones y los fondos públicos se dirigen a satisfacer a aquellos grupos que generan la mayor rentabilidad electoral. Si reparar integralmente el sistema de agua en Azuero no acarrea una recompensa política inmediata, la obra puede terminar postergada o atendida parcialmente.
La competencia política es intermitente y limitada; a diferencia del mercado continuo, el político rinde cuentas en ciclos electorales. En ocasiones se priorizan obras visibles o subsidios de alto impacto mediático, en lugar de invertir en el mantenimiento de redes de agua que el votante no percibe directamente, hasta que la crisis amenaza con convertirse en un problema político mayor.
El autor es analista independiente.
