El acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido en el artículo 13 de la convención americana de Derechos Humanos-, en el cual se enfatiza en la obligación de los Estados de brindar a los ciudadanos acceso a la información que está en su poder. Así mismo, establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos de buscar, solicitar, recibir y divulgar aquella información pública, en manos de los órganos, entidades y funcionarios que componen el Estado. El ejercicio de este derecho fundamental se basa en el hecho que los ciudadanos han depositado en el Estado ciertas atribuciones, razón por la cual la información que el Estado posee le pertenece a toda la sociedad por derecho, lo cual permite su exigibilidad.
En el 2024, sabemos que las viejas prácticas que extendieron el fenómeno de la corrupción en el Istmo siguen vigentes: la designación discrecional de los cargos públicos pese a la ley de la carrera administrativa en curso desde 1994, el uso discrecional y opaco de ahorros presupuestarios, la adjudicación de licitaciones hospitalarias y de insumos médicos quirúrgicos con pliegos hechos a la medida; la opacidad de una parte sustantiva de la información pública y la burocratización, la oscuridad y demora en los procesos de sanción a las conductas tipificadas como faltas y delitos de corrupción.
La corrupción no solo sigue vigente en el terruño, sino que los medios jurídicos y administrativos diseñados como contrapesos para combatirlas fueron despreciados y bloqueados para que concluyamos que el gobierno no quiso evitar la captura del Estado ni cancelar los abusos cometidos por los servidores públicos para hacerse de dinero o poder, sino que, por el contrario, al debilitar sus propias capacidades para prevenir, disuadir y castigar esas conductas, contribuyó a acrecentarlas. No solo se ha mantenido el virus de la corrupción, sino que han dejado expirar las vacunas.
El origen de la corrupción está en la captura de las instituciones del Estado para utilizarlas con propósitos excluyentes y para incrementar el poder de la “aristocracia política criolla” sobre los honestos panameños. Al igual que los auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, ese fenómeno connota la apropiación abusiva de decisiones y procesos administrativos, deliberadamente desviados de los fines para los que fueron creados. Los actos observados ex ante acontecen de una manera diferente a la que se esperaba de conformidad con las normas vigentes con la subsecuente apropiación ilegítima.
En la transición democrática post-noriegato, la regulación en transparencia se incorporó a los mecanismos de modernización de la gestión gubernamental -el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción y su Secretaría Ejecutiva-, como esquema de transferencia de poder hacia los ciudadanos, para tratar de reducir la asimetría informativa que existe entre el poder y la sociedad. Su propósito de someter la gestión gubernamental al escrutinio de la población revela que detrás de la transparencia campea la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades públicas. Uno de los problemas a resolver en Panamá, es que la transparencia le responde políticamente al gobierno de turno.
Vivimos en la era de la desconfianza y ello ha dado lugar a una exigencia social de contar con mecanismos ciudadanos de control y vigilancia que sirvan para poner a prueba la reputación del poder, que es esa “institución invisible” que contribuye a estructurar la confianza de las autoridades, pero en Panamá, los gobernantes han desafiado claramente a su pueblo con la cantidad de escándalos mediáticos de corrupción en los últimos años. El desafío hacia el pueblo es tan grande que podríamos hacer un premio nacional a corrupto ejemplar del mes, por la falta de castigos ejemplares y donde el más talentoso, ingenioso y cínico aspire a candidato presidencial.
Los mecanismos de transparencia se han burocratizado, perdiendo la contundencia de un derecho universal para los panameños, donde han querido vender la idea de que una gira de trabajo comunitario es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas.
El autor es médico especialista.
