En los últimos días, las recomendaciones sobre la vacuna contra la covid-19 han vuelto a ocupar los titulares internacionales, generando dudas y confusión en la población general. En este contexto, es esencial recordar que la vacuna contra el SARS-CoV-2 no fue una improvisación ni un experimento masivo. Por el contrario, cumplió con todos los procesos regulatorios internacionales y fue evaluada mediante rigurosos estudios clínicos antes de su autorización y comercialización.
A cinco años del inicio de la pandemia, existe sólida evidencia científica sobre su impacto positivo. Un estudio publicado en la revista The Lancet estimó, según modelos matemáticos, que las vacunas contra la covid-19 evitaron más de 14 millones de muertes en el mundo solo durante el primer año de su implementación. Es decir, cada dosis administrada representó una barrera concreta contra el sufrimiento y la pérdida.
Diversos países han revisado sus recomendaciones a la luz de la evidencia actualizada. Algunos han optado por enfocar sus campañas en grupos de mayor riesgo, como adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. Pero esto no significa que los niños mayores de seis meses ni las mujeres embarazadas no necesiten protección. Al contrario, en ambas poblaciones se ha demostrado beneficio directo, tanto por la reducción del riesgo individual como por la protección conferida al entorno cercano.
Por ejemplo, en Canadá, la Guía Canadiense de Inmunización recomienda una dosis anual contra la covid-19 para todas las personas mayores de seis meses, con especial énfasis en los adultos mayores de 65 años, personas inmunocomprometidas y mujeres embarazadas. Además, contempla hasta dos dosis al año para los grupos con mayor vulnerabilidad, como los adultos de 80 años o más y residentes de hogares de cuidado a largo plazo. Este enfoque reconoce el valor de proteger a quienes enfrentan mayor riesgo, sin excluir a los demás.
En el Reino Unido, el Servicio Nacional de Salud (NHS) recomienda la vacuna contra la covid-19 para personas mayores de 75 años, personas inmunocomprometidas desde los seis meses de edad y residentes en hogares de cuidado. Aunque se han priorizado estos grupos, la vacuna sigue disponible para quienes la necesiten, y se enfatiza su importancia en prevenir complicaciones graves. Además, el NHS mantiene programas de vacunación para embarazadas y personal de salud, basándose en evaluaciones de riesgo y beneficio.
Estas decisiones no son contradictorias: responden a contextos específicos y a estrategias de salud pública que buscan optimizar el uso de recursos sin comprometer la protección de la población vulnerable. Lo que no puede interpretarse es que la vacunación ya no sea necesaria en niños o embarazadas. En muchos casos, su exclusión de campañas no obedece a falta de efectividad, sino a limitaciones logísticas o prioridades locales.
En Panamá, urge que las autoridades del Ministerio de Salud publiquen los datos epidemiológicos actuales sobre infecciones, hospitalizaciones y muertes por covid-19, y que convoquen a las comisiones técnicas competentes para revisar la evidencia y emitir recomendaciones claras, oportunas y actualizadas.
Combatir la desinformación y restaurar la confianza en las vacunas es una responsabilidad compartida. Esta vacuna, como pocas en la historia reciente, ha demostrado un perfil de seguridad adecuado y una efectividad contundente en la vida real. No podemos permitir que el silencio institucional ni la desinformación borren los logros alcanzados o pongan en riesgo la salud de nuestra población.
La autora es pediatra.
