La reciente iniciativa del gobierno de paso firme para imponer evaluaciones obligatorias y exclusivas de aptitud laboral a los funcionarios mayores de 70 años representa un retroceso alarmante en materia de derechos humanos y ética profesional en Panamá. Bajo la apariencia de una gestión administrativa ordinaria, se esconde una política discriminatoria que convierte la edad en un estigma de invalidez e ignora que la capacidad de un profesional debe valorarse por sus facultades individuales y no por la fecha de nacimiento consignada en su cédula de identidad.
Esta medida carece de un sustento jurídico sólido y vulnera principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución Nacional. El derecho al trabajo y la igualdad ante la ley se ven directamente amenazados cuando el Estado implementa mecanismos de exclusión basados en prejuicios etarios. Es necesario recordar que la Corte Suprema de Justicia ya ha establecido precedentes claros al señalar que la jubilación no constituye una incompatibilidad para laborar ni puede ser utilizada como causal de terminación de la relación laboral. Pretender imponer una evaluación masiva a este grupo poblacional constituye una forma de discriminación indirecta que busca legitimar una presunción de incapacidad sin pruebas objetivas.
Desde la perspectiva de la ética médica, el panorama es igualmente preocupante. La normativa instruida por Salud Ocupacional obliga a los médicos de medicina del trabajo a actuar fuera de los estándares científicos y éticos de la lex artis. Al exigir la divulgación de datos sensibles de salud ante instancias administrativas sin consentimiento previo ni orden judicial, se vulnera el deber de reserva y el secreto profesional. La salud física y mental de una persona pertenece a su esfera íntima y su protección está garantizada por la Ley 68 de 2003 y la Ley 81 de 2019 sobre protección de datos personales.
Además de las faltas éticas, este procedimiento atropella el debido proceso administrativo al no definir parámetros técnicos claros ni ofrecer garantías de defensa a las personas afectadas. No existe una urgencia vital ni una situación de salud pública que justifique esta injerencia arbitraria en la vida privada de los trabajadores. La autonomía del paciente y el derecho a elegir libremente a su médico tratante son principios que el gobierno de paso firme no puede desconocer mediante simples memorandos administrativos.
Resulta incomprensible que estas medidas pretendan mejorar la productividad o la calidad de la atención institucional. Por el contrario, lo que se logra es desnaturalizar el acto médico y exponer a los profesionales a incurrir en delitos tipificados como la revelación de secreto profesional. La administración de la salud pública debe enfocarse en la excelencia y el respeto humano, en lugar de promover políticas que marginan la experiencia y el conocimiento de quienes han dedicado su vida al servicio de los panameños. Es urgente suspender estas evaluaciones y elevar la consulta a la Procuraduría de la Administración para salvaguardar la legalidad y la dignidad de todos los servidores públicos.
Es un error juzgar a un médico solo por su edad en lugar de evaluar su rendimiento real. No es justo poner en el mismo nivel a un cirujano de 70 años que sigue operando con destreza y a otro cirujano de 70 años que solo va al hospital a firmar papeles o a un cirujano de 70 años que cobra por un horario que no cumple, o a un cirujano de 70 años que recibe dos salarios y trabaja solo uno, o a un cirujano de 70 años que no hace turnos “por la edad” en un hospital con esta cartera de servicios en un área roja, porque eso se llama lesión patrimonial. El gobierno debe dejar de discriminar por la fecha de nacimiento y comenzar a realizar auditorías de puesto serias y objetivas.
Estas evaluaciones deben ser realizadas por expertos externos y no por compañeros de la misma oficina o personas afines a la administración. La transparencia es fundamental porque, como bien dice el dicho, caimán no come caimán.
El autor es médico sub especialista.
