Creo que Panamá necesita una nueva Constitución.
La necesita para corregir desviaciones que, con el paso del tiempo, han deformado el sentido de algunas normas constitucionales; para adecuar nuestras instituciones a los profundos cambios políticos, sociales, económicos y tecnológicos del mundo actual; y para fortalecer los mecanismos destinados a combatir la corrupción y asegurar la honradez, la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de los cargos públicos.
Una nueva Constitución puede ser la oportunidad de modernizar el Estado, cerrar espacios al abuso del poder y devolver al ciudadano la confianza en sus instituciones.
Pero precisamente porque considero necesaria una nueva Constitución, me preocupa la forma en que se está planteando este proceso.
El Decreto Ejecutivo N.º 488, de 28 de agosto de 2024, creó la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), a la que reconozco la labor de alfabetización ciudadana que ha desarrollado. Sin embargo, la hoja de ruta y el calendario que la Secretaría ha divulgado se orientan hacia un proceso constituyente apoyado en lo que se ha denominado la “vía originaria”. Me permito expresar, con todo respeto, una preocupación de orden jurídico: una decisión de esa magnitud requiere una autorización legal y democrática de una jerarquía muy superior a la que un decreto ejecutivo puede conferir. Esa es una cuestión que, en mi opinión, merece ser resuelta antes de avanzar.
De ahí surge una pregunta que, creo, conviene resolver antes que ninguna otra: ¿ha expresado ya el pueblo con claridad esa voluntad?
Se repite, con razón, que el poder público emana del pueblo. Pero de esa verdad surge una consecuencia que no podemos ignorar: si el poder pertenece al pueblo, nadie puede presumir lo que el pueblo quiere ni hablar en su nombre sin haber comprobado su voluntad.
Una cosa es sostener que Panamá necesita una nueva Constitución. Esa es una opinión que puede defenderse con argumentos. Otra muy distinta es afirmar que el pueblo panameño quiere hoy una Asamblea Constituyente para sustituir la Constitución vigente. Esa afirmación ya no expresa simplemente una opinión sobre lo que conviene al país; pretende expresar la voluntad popular. Y la voluntad popular no se adivina ni se presume: se manifiesta.
Nuestra Constitución establece, en su artículo 314, la posibilidad de convocar una Asamblea Constituyente Paralela. Existe, por tanto, un camino constitucional para elaborar una nueva Carta Fundamental. El artículo 314 determina quiénes pueden poner en marcha el mecanismo y cómo debe desarrollarse. Eso resuelve el problema jurídico de la convocatoria. No responde, por sí solo, una pregunta política anterior y fundamental:
¿Quiere hoy la mayoría de los panameños iniciar un proceso constituyente para adoptar una nueva Constitución?
No veo por qué debemos temer esa pregunta. Al contrario: propongo que se responda desde el inicio mediante una consulta popular que autorice la apertura del proceso.
Un referéndum de salida para aprobar o rechazar un texto ya redactado no sustituye la consulta de entrada. Votar al final sobre lo que otros decidieron empezar no es lo mismo que haber dado el mandato inicial para abrir el proceso. La soberanía popular no consiste solo en aprobar el producto terminado, sino en decidir soberanamente si se debe abrir la puerta.
Si existe una amplia voluntad nacional favorable a una nueva Constitución, consultarla de entrada no debilitaría el proceso; le daría una legitimidad extraordinaria desde su nacimiento. Si el pueblo responde afirmativamente, quienes promueven la Constituyente contarían con el fundamento más fuerte posible: un mandato claro de la ciudadanía. Y si la respuesta fuese distinta, también habría que respetarla. Eso es democracia.
Además, una Constitución que nace al margen de los cauces formales que establece la norma vigente, o sin la certeza de haberlos respetado, arrastra desde su origen preguntas sobre su plena legitimidad y se expone a futuros cuestionamientos que amenazarían la estabilidad jurídica del país. Quien pretende dar certidumbre a la nación por las próximas décadas no puede construir sobre cimientos jurídicamente vulnerables.
Tampoco debemos presentar este debate como un enfrentamiento entre quienes quieren cambiarlo todo y quienes desean conservarlo todo. No es mi posición.
Creo que necesitamos una nueva Constitución para reforzar la separación y el equilibrio entre los poderes públicos, mejorar los controles institucionales, exigir una verdadera rendición de cuentas y reafirmar que quien ocupa un cargo público no recibe un privilegio, sino una responsabilidad frente a la sociedad. Necesitamos instituciones capaces de responder al siglo XXI sin abandonar principios que deben permanecer: la libertad, la seguridad jurídica, el respeto a los derechos humanos, la independencia de la justicia y la subordinación de todos los gobernantes a la Constitución y a la ley.
Por eso creo que el mejor punto de partida es evitar toda apariencia de que alguien decide por el pueblo cuál es su voluntad.
Los constitucionalistas pueden opinar. Los partidos políticos pueden proponer. El Ejecutivo y la Asamblea pueden ejercer las atribuciones que la Constitución les reconoce. Los movimientos ciudadanos pueden promover sus ideas. Pero ninguno de ellos es el pueblo entero.
Una Constitución llamada a regir durante décadas merece nacer con la mayor legitimidad posible. Y esa legitimidad no proviene únicamente de cumplir un procedimiento formal posterior, sino de saber, desde el primer momento, que el pueblo quiso emprender ese camino.
Por eso, mi posición no es contraria a una nueva Constitución. Es precisamente lo contrario: creo que Panamá la necesita y quiero que nazca bien. Que corrija nuestras fallas institucionales. Que responda a los cambios de nuestro tiempo. Que cierre espacios a la corrupción. Que coloque nuevamente la honradez en el centro del servicio público.
Pero, sobre todo, que sea verdaderamente la Constitución del pueblo panameño.
Y para saber qué quiere el pueblo existe una fórmula democrática más segura que hablar en su nombre: preguntárselo.
Porque la voluntad del pueblo no se presume. Se consulta, se escucha y se respeta.
El autor es exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia.
