En 2005, el fundador del Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Nicholas Negroponte, diseñó un proyecto que, según él, transformaría la vida de millones de niños en países del sur global. La idea era simple: proporcionar una computadora portátil de bajo costo con software de aprendizaje a cada estudiante y maestro de escuelas primarias. Este proyecto, llamado One Laptop Per Child (OLPC), tenía como objetivo mejorar el nivel educativo y el acceso a la tecnología de los estudiantes.
OLPC fue bien recibido y se implementó en muchos países en desarrollo, incluyendo naciones latinoamericanas como Perú y Uruguay. Sin embargo, las evaluaciones de impacto de este tipo de proyectos han mostrado resultados desalentadores en términos de aprendizaje. En el caso de Perú, economistas del Banco Interamericano de Desarrollo demostraron que la entrega de computadoras a niños y maestros no mejoró el aprendizaje en matemáticas ni en español. Tampoco se observaron avances significativos en el conocimiento sobre internet y computadoras. Cabe destacar que estos resultados son a corto plazo, y es posible que el impacto de estas herramientas tecnológicas tome tiempo en reflejarse en los indicadores educativos.
Un estudio más reciente, realizado por una economista de la Universidad de California en Los Ángeles, midió el impacto a largo plazo de OLPC en Uruguay. El análisis reveló que indicadores como los niveles de graduación de secundaria, matriculación en universidades y culminación de estudios superiores no mejoraron entre los beneficiarios.
Dado el historial de este tipo de proyectos y la evidencia disponible, surge la duda sobre si debe ser una prioridad nacional en Panamá implementar una política de distribución masiva de laptops para estudiantes. El sistema educativo panameño enfrenta deficiencias serias: mala calidad, pésima infraestructura, escuelas sin acceso regular a agua potable, salones hacinados y sin ventilación adecuada, laboratorios de ciencias sin materiales, entre otros desafíos. Es crucial que las políticas y las inversiones se enfoquen en atender estas necesidades urgentes.
Si las autoridades consideran que OLPC mejorará la calidad educativa, deben explicar cómo se implementará el programa, cuáles son los beneficios esperados y qué planes se tienen a largo plazo. Además, se debería comparar este proyecto con alternativas, considerando tanto los beneficios como los costos directos e indirectos.
Los costos incluyen la compra de las computadoras, la logística de distribución, la adaptación de las escuelas, el pago a los funcionarios que gestionen el proyecto, la capacitación docente, el mantenimiento de los equipos, el monitoreo del programa y la evaluación de sus objetivos. También existen costos indirectos que deben considerarse en un análisis de costo-beneficio.
Medir los beneficios es más complejo, ya que depende de qué aspectos se busca mejorar, cómo se medirán y cuánto tiempo tomará observar los resultados. Si la meta es mejorar el rendimiento académico y reducir la brecha tecnológica, se pueden emplear pruebas estandarizadas en áreas clave como español, matemáticas y ciencias, además de exámenes de habilidades cognitivas y de conocimiento tecnológico. Es crucial tener un grupo de comparación para determinar si los beneficios provienen del proyecto.
Antes de implementar la distribución de laptops, debería realizarse un programa piloto que incluya una prueba controlada aleatorizada. Un grupo de escuelas recibiría las computadoras, adaptaciones y capacitaciones, mientras que otro grupo no. Con el tiempo, se compararían ambos grupos para obtener estimaciones precisas de los beneficios, lo que permitiría evaluar la viabilidad del proyecto.
Un proyecto como el que planea implementar el Ministerio de Educación (Meduca) es costoso. El mismo presupuesto podría utilizarse para mejorar la infraestructura escolar, equipar laboratorios de informática y contratar docentes especializados en áreas tecnológicas, inversiones que podrían generar mejores resultados.
Es cierto que la brecha digital es un tema que debe abordarse en Panamá, y que políticas como la distribución de laptops tienen un propósito loable. No obstante, la evidencia sugiere que este proyecto no es la solución milagrosa que algunos promueven. Antes de iniciarlo, se debería realizar un análisis de costo-beneficio bien fundamentado, utilizando métodos de evaluación de impacto. Aunque este proceso tomaría años, permitiría determinar si realmente es una medida que el país necesita.
Profesor asociado en la Facultad de Artes Liberales en la Universidad Sofía de Tokio.
