Estamos en la temporada de enamoramientos, ese flirteo que los políticos usan para tratar de convencernos de que son la solución a nuestros problemas. Si solo fuera problema de jingles, ya el producto se habría acabado en las estanterías de los supermercados y las tiendas de conveniencia. En realidad esto es mucho más serio que simple publicidad y tontas tácticas de mercadeo.
Existen unas verdades sobre la realidad nacional que nadie en campaña quiere reconocer, y mucho menos, le quiere recordar al electorado. Seguramente la lista que presento a continuación no es la definitiva, pero nos debe ayudar a tener una mejor idea de la decisión que debemos tomar el próximo 5 de mayo. Estas verdades se presentan a continuación sin ningún orden en particular, y solo con la intención de que tú como votante votes a sabiendas de lo que se nos viene encima.
El Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos no es fácilmente renegociable. Un importante segmento de los candidatos presidenciales ha prometido como respuesta al agro, que se va a renegociar con Estados Unidos el Tratado de Promoción Comercial, cuyo calendario de reducción de aranceles y apertura de las importaciones de alimentos ya está encima. Estados Unidos no va a cambiar ese tratado con Panamá por el hecho de que tendría que cambiar muchos de sus otros tratados comerciales si se establece el precedente panameño. Este tratado fue aprobado en el año 2007 por el Gobierno de Panamá, y en el año 2011 por el de Estados Unidos. Algún banco multilateral ofreció fondos para la “agenda complementaria”, es decir, para invertir en el sector agropecuario, pero estos fondos fueron usados en otras actividades. Básicamente el sector agropecuario fue negociado y abandonado y ahora las consecuencias están encima.
El problema de la Caja de Seguro Social (CSS) no tiene soluciones fáciles. La era de las soluciones ganar/ganar para la Caja de Seguro Social pasó hace mucho tiempo. La transformación de la pirámide demográfica, el desmantelamiento del empleo formal, la politiquería, la corrupción y el clientelismo han arrinconado al Programa de Beneficio Definido de la CSS. El déficit de ese programa necesitará recursos que solo pueden salir de dos partes: de nuevos impuestos y de cuotas más altas o por más tiempo. Se supone que de aquí al 2030 este programa de jubilaciones necesitará unos 11 mil millones de dólares. Si hubiese una recuperación significativa del empleo juvenil, esas cuotas no servirían de mucho para el Programa de Beneficio Definido, ya que irían a las cuentas individuales de esos jóvenes cotizantes. Además, las magnitudes de los fondos necesarios para el Programa de Beneficio Definido se comerían los fondos de los jóvenes trabajadores, y la pirámide demográfica panameña no ofrece soporte para esto. La solución tiene que ser una combinación de aportes del Estado, de eficiencias de los programas del Seguro Social y, por supuesto, hay que hacer algo con las medidas paramétricas.
La relación jurídica con First Quantum Minerals (FQM) se acabó. Existen rumores y comentarios velados que darían a entender que al menos cuatro candidatos presidenciales tienen la intención de rescatar el proyecto minero de de Donoso por vía de una renegociación con FQM. La Corte Suprema de Justicia ha sido muy clara en tres ocasiones en las que dictaminó que el contrato ley 9 de 1997 y el contrato ley 406 de 2023 eran inconstitucionales. Entre las numerosas razones se destaca que no hubo licitación pública, y que el Estado abordó este asunto como si se tratara de un negocio entre particulares y no como una relación de derecho administrativo. Por si fuera poco, FQM tiene como accionista al gobierno de China, el cual ha comprado millones de acciones más desde que el contrato fue declarado inconstitucional. La Constitución prohíbe que un gobierno extranjero tenga dominio sobre territorio nacional. Si esto no es suficiente, el gobierno que intente imponer nuevamente el contrato minero tendría que enfrentar una gran protesta ciudadana, que bien puede abreviar su gobernabilidad.
El Canal de Panamá necesita agua. Este es un país que está adicto a los ingresos del Canal de Panamá. Gran parte de la economía de servicios logísticos, financieros y turísticos está estrechamente vinculada a la vía interoceánica. El Canal de Panamá es también una importante fuente de ingresos directos e indirectos al fisco público. Aunque se quiera demeritar la competencia del Istmo de Tehuantepec en México, el Canal Seco de Chile a Paraguay, y otras opciones multimodales, lo cierto es que nuestro Canal enfrenta muchos desafíos competitivos de todas partes. Para que el Canal pueda seguir operando de forma confiable necesita más agua. Cualquiera de las soluciones que se decida respaldar, ya sea río Indio o Bayano, se va a necesitar que el próximo gobierno actúe de forma responsable y madura. El Canal le da agua a unos 2 millones de panameños y panameñas, y también le da pan a unos 4 millones de compatriotas que directa o indirectamente reciben sus beneficios. Los habitantes de río Indio tienen el derecho a ser informados claramente de lo que les puede pasar, y también tienen el derecho a una vida igual o mejor a la que tienen. Ellos deberían ser socios, no víctimas de un embalse multipropósito en su territorio.
El narcotráfico ya penetró al Estado panameño. Esta ha sido una constante amenaza que gobierno tras gobierno, ha sido mencionada por los líderes del aparato de seguridad del Estado. Esto ya no es una amenaza sino una realidad. Las bandas delincuenciales y el crimen organizado son factores en la vida cotidiana de este país. Su presencia, su dinero y sus “soldados”, forman parte de la columna vertebral de varios de los partidos políticos más importantes. Periódicamente se divulgan las noticias de que un comisionado de la Policía Nacional, una funcionaria judicial o un servidor público en la Asamblea Nacional, ha sido detenido por sus vínculos con el narcotráfico. Las cárceles son incubadoras del crimen organizado y de su contagio hacia los estamentos de seguridad. Este es un problema mayúsculo que merece más atención y que no tiene soluciones fáciles ni definitivas. Lo que pasa en los países vecinos debe recordarnos las consecuencias de no hacer la tarea.
Los milagros económicos no existen. Después de la invasión de 1989, Panamá se recuperó económicamente en un lustro. Las tasas de crecimiento económico fueron envidiadas por todo el mundo y dieron pie al llamado milagro panameño. Después de la reversión del Canal de Panamá, el 31 de diciembre de 1999, la economía del país creció en un 600% en 23 años, incluyendo la caída por la pandemia de la covid-19. Del 1 de enero del año 2000 al 31 de diciembre del 2023, el Canal de Panamá entregó 25 mil 400 millones de dólares al Estado panameño. No eran impuestos ni tampoco deuda, eran las regalías de la soberanía. A esto hay que sumar la inversión pública y privada en las áreas revertidas como puertos, hoteles, centros comerciales, bienes raíces, y mucha infraestructura pública, que combinada con un flujo abundante de inversión extranjera alimentó ese crecimiento. Los políticos (Martinelli, Varela y Cortizo), en vez de ahorrar y manejar con moderación los fondos públicos, optaron por el endeudamiento, y en los 15 años transcurridos del 2009 al 2024 se quintuplicó la deuda pública sin que se hayan quintuplicado los médicos, las enfermeras, las aulas de clases, el acceso a medicamentos o los empleos formales. Los próximos 5 años serán años de la cruda realidad de una era que no volverá.
Los problemas de salud no se resuelven con más hospitales. La salud de los panameños y panameñas se encuentra estancada. Los factores determinantes de la buena salud son la buena alimentación, el buen aseo, las buenas condiciones de vida, las buenas condiciones de trabajo y la disponibilidad de servicios médicos y tratamientos y terapias de forma puntual. Típicamente los panameños comemos mal prefiriendo los carbohidratos baratos a los vegetales caros, tomando agua de forma intermitente, impactados por la falta de aceras, la carencia de espacios públicos para esparcimiento o relajación, un tráfico vehicular desesperante, una capacidad económica disminuida y un alto nivel de estrés por la convivencia diaria que desde la inseguridad hasta la agresividad persigue a los panameños. Los hospitales son los fracasos de las políticas de salud, y en especial los hospitales sin insumos, sin medicamentos y sin el personal adecuado, son elementos de una crisis sanitaria generalizada. ¿Cuánta gente morirá de cáncer y otras enfermedades por el humo tóxico de cerro Patacón? ¿Cuánta gente enfermará por las miles de toneladas de basura acumulada sin recoger? ¿Cuántas niñas y niños dejarán de aprender por el hambre, la violencia, la falta de electricidad y otras condiciones malsanas de vida?
Una mejor educación parte con mejores docentes. En los últimos 45 años la palabra más empleada en referencia a las políticas públicas de educación es el término “huelga”. Los paros, suspensiones, interrupciones o similares del servicio público de educación, han significado que el sistema educativo panameño sea cada día más caro y a la vez cada día más mediocre. Los educadores son los servidores públicos que menos trabajan. Es cierto que una parte importante de los centros educativos no tienen las condiciones óptimas para el proceso de enseñanza aprendizaje, pero también es cierto que a gran parte de las propuestas e iniciativas que mejorarían la educación se les dice un rotundo “no”. Los dirigentes magisteriales son los que han terminado por decidir qué tan competitiva es la economía panameña, así como han inclinado mucho más la balanza del desarrollo personal, de la ciudadanía plena y de la prosperidad en favor de quienes acuden a los colegios particulares. El Ministerio de Educación es una fuente de empleo, pero no una fuente de soluciones. Si hay esperanza, esta debería partir de una realidad: se necesitan nuevos docentes con otra formación.
Si hacemos lo mismo, la canasta básica nunca bajará de costo. El costo de la vida en Panamá es elevado en comparación con la región latinoamericana. Esto lo explica en gran medida el hecho de ser una economía dolarizada, pero esa apenas es una respuesta insuficiente. Gran parte de la economía panameña está cartelizada. Existen oligopolios de: las medicinas, la carne, la leche, el arroz, la telefonía celular, la electricidad, el internet, el combustible, el cemento, el gas de cocina, los canales de televisión y de tantas otras actividades y áreas de la economía. A veces esos carteles son los mismos para varios sectores como por ejemplo el de la telefonía celular, el internet y la televisión por cable. En otras ocasiones, esos carteles son el fijador de precios sobre los que todos los demás actores fijarán los suyos. La descartelización de la economía panameña parte por la creación de más competencia, reducir las barreras de entrada a nuevos actores ,como también requiere de una medida valiente de prohibición de las donaciones privadas a las campañas electorales. El que paga manda, y cuando un cartel dona a una campaña electoral, el resultado es más poder para ese cartel. Si usted quiere bajar el costo de la vida tiene que votar por personas y partidos que no sean las alcancías de los oligopolios.
El área metropolitana está asfixiando al país. La mitad de las panameñas y panameños vivimos en el área metropolitana. Aquí están los trabajos, los servicios públicos y está radicado el poder. Los presidentes de la República de tiempos recientes son aquellos ganadores en San Miguelito, Panamá Este, Arraiján, La Chorrera, Colón, Panamá Norte y Panamá Centro. Ocasionalmente, el voto del interior puede hacer la diferencia como pasó con Laurentino Cortizo quien ganó la presidencia con los votos de Chiriquí, pero esa provincia puede dar su testimonio sobre la desatención del Estado, la falta de inversión pública y el rezago de sus aspiraciones. Mientras tanto en Panamá Oeste se hace la tercera línea del Metro, por más de 3 mil millones de dólares, un puente por más de mil 300 millones de dólares y aún así siguen sin agua, sin una eficiente recolección de basura e incluso sin suficientes servicios de salud. Si todo el país se muda para el área metropolitana será la sentencia de todos los servicios públicos y de la calidad de vida que pueda existir en esta área. Aunque esa idea parece absurda, es en la práctica lo que han promovido los gobiernos panameños de los últimos 40 años. En los últimos tres gobiernos se han invertido cerca de 700 millones de dólares de fondos públicos en la calzada de Amador. Un sitio en el cual no hay una escuela pública, no hay viviendas de interés social y en contraste tómese cualquier provincia o región del interior del país, la inversión es exigua. Por ejemplo para el año 2024 el Presupuesto General del Estado de más de 30 mil millones de dólares asignó solo 69 millones de dólares a todos los pueblos indígenas del país para inversiones públicas. Una población que solo en las principales comarcas superaba los 257 mil habitantes, según el censo de 2023.
Sin innovación científica no alcanzaremos el desarrollo. Los países desarrollados son aquellos en los que su población, sus empresas, sus instituciones públicas y sus organizaciones sociales alcanzan un alto grado de conocimiento que les permita aplicarlo a su realidad material, para obtener un beneficio para todo el cuerpo social. Uno de los indicadores más importantes de esto es lo que invierte un país en innovación y desarrollo. De acuerdo con el Banco Mundial Panamá invirtió 0,16% de su PIB en estas actividades lo que es proporcionalmente menos de la mitad de lo que asignó Chile (0,33%) y casi un tercio de lo de Uruguay (0,45%). Corea del Sur invierte 30 veces más en proporción de su PIB que Panamá (4,93%) e Israel le gana a todos (5,56%). Crear un científico, una ingeniera, un artista, o una investigadora lista para su trabajo de alto nivel puede tomar 22 años de estudio desde el pre-kinder hasta el doctorado. La inversión que se haga hoy tendrá resultados a mediano y largo plazo. Precisamente por esto tenemos que invertir más, fomentar el talento a gran escala y apostar verdaderamente a la innovación como el camino que de forma sostenible llevará a Panamá al desarrollo.
Salvar al ambiente para salvar a la gente. Los seres humanos tenemos una actitud negativa hacia la naturaleza. Esa es la fuente de plagas, de animales peligrosos o de condiciones de vida sumamente precarias. Una cajeta de fósforos, una motosierra, un machete o una retroexcavadora se convierten en los aliados más convenientes de los seres humanos para producir eso que quieren hacer creer que es desarrollo. Panamá enfrenta desafíos críticos en materia ambiental con temas como el agua, la gestión de residuos sólidos, el cambio climático, la contaminación por agroquímicos, la sobrepesca, la contaminación de ríos con todo tipo de desechos, la falta de ordenamiento urbano, la debilidad del sistema de control y protección de parques nacionales y áreas protegidas, nuestra dependencia de la deforestación para el desarrollo de la agricultura y un sinfín de otros desafíos. Un solo gobierno no puede enfrentar toda esta lista, tampoco lo puede hacer una población abandonada a su suerte. El proyecto de reformar y restaurar al Estado panameño, a las finanzas públicas, a la Caja de Seguro Social de tantos aspectos de la vida cotidiana, pasa necesariamente por mejorar la relación con todos los ecosistemas y especies que también habitan este país. Todos ellos necesitan un gobierno que actúe de forma responsable y con mucha sabiduría.
Esta es una lista tan válida como cualquiera otra. Si hacemos la tarea, podemos hacer las preguntas fundamentales que deberían responder candidatas y candidatos, así como ciudadanas y ciudadanos. De la respuesta al cuestionamiento de: ¿qué país queremos? se contesta todo lo demás.
