El 15 de junio recién pasado, La Prensa publicó el resultado de una investigación periodística de Sol Lauría y otros periodistas, en la que descubrió “más de 100 cuentas que amplifican el apoyo a la reapertura de la mina y protagonizaron más de 500 casos de hostigamiento digital contra defensores ambientales. Detrás hay perfiles con identidad ficticia, páginas que simulan medios panameños y una estructura que pautó cerca de $60 mil en META”. O sea, alguien está aportando dinero para hostigar a los ambientalistas, aun cuando, en 2023, la Corte Suprema de Justicia determinó que la ley mediante la cual se aprobó el contrato de concesión de la mina en Donoso era inconstitucional.
Dice la Constitución Política de la República de Panamá: “Son atribuciones del Ministerio Público: … 4. Perseguir los delitos y contravenciones de disposiciones constitucionales o legales” (art. 220). “El Ministerio Público será ejercido por el procurador general de la Nación…” (art. 219).
Al día siguiente, La Prensa, cuya subdirectora es Mónica Palm y una de sus columnistas de opinión es Sabrina Bacal, continuó la publicación de la mencionada investigación, señalando que “las víctimas más recurrentes de ataques digitales en contra de ambientalistas en Panamá son mujeres. Tres casos revelan cómo funcionan las operaciones para desacreditar y hostigar en redes sociales”. Entre ellas figuran Raisa Banfield (arquitecta), Camila Aibar (comentarista) y Martita Cornejo (abogada).
Es pública y notoria la presión que ha ejercido la mina sobre la República de Panamá para que se reabra. De hecho, estuvo abierta incluso cuando hubo un fallo anterior, en 2017.
En cambio, no es público ni notorio que el procurador general de la Nación haya abierto una investigación al respecto. Si lo hubiera hecho, habría podido levantar el velo corporativo de Corporación Franco Nevada, First Quantum, Minera Panamá, entre otras empresas, siguiendo el tracto sucesivo del dinero.
Mientras no se sepa quiénes son los beneficiarios finales de las empresas involucradas en la campaña de acometimiento contra las periodistas y ambientalistas, las seis heroínas de esta historia deben ser protegidas por el procurador general de la Nación.
El autor es ex jefe de “cuentas bancarias” de la Fiscalía de Drogas.
