En días pasados, durante un foro sobre Asociaciones Público-Privadas (APP) organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, volvió a escucharse una frase que, lejos de desgastarse, cobra cada vez más sentido: “las APP son un juego de ganar-ganar”. No se trata de un eslogan, sino de una definición precisa de lo que ocurre cuando el Estado y el sector privado logran alinear intereses en favor del desarrollo.
Las APP representan una forma moderna e inteligente de gestionar lo público. El Estado reconoce sus limitaciones presupuestarias y operativas, mientras que el sector privado aporta experiencia, innovación y capacidad de ejecución. Cuando esta relación se construye sobre reglas claras, transparencia y una adecuada distribución de riesgos, deja de ser un punto de tensión para convertirse en una alianza estratégica.
El “ganar-ganar” se materializa en resultados concretos. El Estado accede a infraestructura y servicios de calidad, optimizando recursos y transfiriendo riesgos relevantes. El sector privado encuentra oportunidades de inversión estables, donde la rentabilidad está vinculada al cumplimiento y al desempeño. Pero, por encima de ambos, está el ciudadano: el verdadero destinatario de este modelo. Es la sociedad quien, finalmente, experimenta los beneficios a través de mejores servicios, mayor calidad y tiempos de entrega más eficientes.
Este avance no es casual. Según evaluaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, Panamá se posiciona entre los países más avanzados de la región en materia de APP, ocupando actualmente el séptimo lugar en niveles de madurez del modelo. Este reconocimiento refleja no solo avances normativos, sino también una institucionalidad en proceso de fortalecimiento y una señal positiva para la inversión.
Ahora bien, este equilibrio no surge por inercia. Requiere rigor. Exige estudios sólidos, análisis técnicos profundos y procesos de estructuración responsables. En este contexto, resulta valiosa la reflexión de un panelista del sector privado, quien señaló que los tiempos de maduración de los proyectos pueden incidir en los costos de bancabilidad. Es una observación legítima. Sin embargo, los proyectos APP no son iniciativas convencionales: son estructuras complejas, de largo plazo, que demandan precisión técnica y una adecuada asignación de riesgos.
Acortar estos procesos para responder a presiones coyunturales puede resultar más costoso que el tiempo que se busca ahorrar. Una APP no es una fórmula inmediata ni un proceso mecánico. Es un ejercicio de equilibrio. El verdadero desafío no es reducir plazos a cualquier costo, sino optimizarlos con responsabilidad, sin sacrificar la calidad del análisis ni la solidez del proyecto. Porque en este tipo de iniciativas, los errores no se corrigen en el corto plazo: se proyectan a lo largo de toda la vida contractual.
El riesgo de desvirtuar el modelo existe cuando se simplifica en exceso o se pierde de vista su complejidad. Por ello, el “ganar-ganar” debe entenderse como un objetivo que se construye con disciplina técnica, transparencia y visión de largo plazo.
Panamá tiene ante sí una oportunidad relevante. Su posición estratégica, su dinamismo económico y sus necesidades de infraestructura hacen de las APP una herramienta importante para el desarrollo sostenible. Más que una alternativa, representan una evolución en la forma de gestionar lo público.
Al final, cuando el Estado planifica con rigor, el sector privado ejecuta con eficiencia y el ciudadano recibe servicios de calidad, se genera un equilibrio donde los beneficios se distribuyen de manera más amplia y sostenible.
La autora es abogada consultora en UNOPS y especialista en proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP).
