La salud es un bien meritorio del Estado y el objetivo de toda empresa es lucrar. A menudo se culpa a los empleados públicos del sector salud por el mal servicio que deben proporcionar, pero nunca se culpa a las consultoras, los financistas o administradores por la gestión presupuestaria.
El usuario no es la prioridad para las empresas privadas que operan con dinero público en países donde predomina la «ley de hierro de la oligarquía», como se evidencia con los servicios de electricidad en la costa caribeña y la recolección de basura en el distrito especial.
Las instituciones privadas prestadoras de salud en países con alta percepción de corrupción no han mejorado los servicios de salud hacia los usuarios y han creado mecanismos dilatorios para que los pacientes de alto costo (cáncer, hemodiálisis y enfermedades huérfanas) migren a los hospitales públicos. Han perfeccionado el dumping. Sin guías claras y actualizadas para el manejo de patologías de alto costo, la externalización de los bienes meritorios del Estado sería dar un cheque en blanco para la construcción de muchos hospitales privados que brindarán una mala atención como si “fuera pública”.
Miremos el ejemplo de un país con bajo nivel de corrupción y el caso de la construcción del Nya Karolinska Solna (NKS), donde todos los políticos acordaron crear un centro que “afrontara los retos futuros de la medicina” mediante la descentralización de los servicios sociales, delegando en autoridades locales y subcontratando a proveedores externos.
Se pagaron consultorías a prestigiosas firmas mundiales, donde se concluía que las empresas privadas no solo ofrecerían la “mayor posibilidad de creación de valor, al incentivar la innovación y la optimización de las inversiones y los costes operativos a lo largo del ciclo de vida”, sino también “un riesgo menor en los costes de funcionamiento”, ya que este se transfiere todo al socio privado.
El NKS no solo ha sido conocido como el hospital más caro del mundo, sino que cuando termine el contrato de la Iniciativa de Financiación Privada (IFP) se prevé que el hospital haya costado más de cinco veces el presupuesto original debido al desmesurado coste de externalizar la gestión hospitalaria, algo que la consultoría defendía y de lo que “se beneficiaba”, acabando por poner en riesgo los puestos laborales de los expertos médicos que podían crear valor en el hospital.
Nuestro país heredó un conjunto de instituciones del período colonial que habían sido creadas por sus dirigentes con vistas a maximizar la extracción de recursos en beneficio del poder colonial y no para el desarrollo del país. Tras nuestra separación de Colombia, los nuevos dirigentes han mantenido las mismas instituciones extractivas para utilizarlas en su propio beneficio.
Tristemente, la salud en Panamá no mejorará mientras no se consiga resolver el problema más grave que nos aqueja: la corrupción. Si el Estado es débil o corrupto, la salud “externalizada” no será de calidad para el pueblo y funcionará mediante sobornos y corrupción desde la Asamblea.
El autor es médico sub especialista.
