No soy economista, pero debemos estar al tanto del tema económico del Estado panameño, dado el endeudamiento ilimitado e imparable que está sufriendo en manos de un ministro del MEF incapaz para utilizar otro mecanismo que no sea el crecimiento de la deuda y así confrontar la falta de recursos públicos para resolver problemas sociales. Hay una medición que consiste en la relación entre deuda y el producto interno bruto (PIB) para medir el nivel de endeudamiento de un país en comparación con el tamaño de su economía. Se toma el porcentaje que representa el nivel de endeudamiento del sector público no financiero, sobre el PIB durante el año. Ese nivel de endeudamiento representó un 57.9% del PIB en 2022. Si bien bajó de lo que fue un 60.1% al cierre de 2021, no llega a los niveles de antes de la pandemia, cuando en 2019 equivalió a un 44.5%.
Al cerrarse o clausurarse la economía en 2020, utilizando el gobierno la pandemia como excusa, dicho desplome de la actividad económica (de los peores en todo el mundo) generó una fuerte contracción en el tamaño de la economía. Con el agravante inusual e ilógico de mantener y hasta aumentar el nivel del gasto público, elevándose la relación entre deuda y PIB en 2020 a un 64.74%. O lo que es igual, un aumento de 20 puntos porcentuales en un solo año, y que tres años después solo ha bajado siete puntos porcentuales. Es indudable la recuperación panameña en cuanto a su crecimiento económico. Impulsado por actividades como el comercio, logística y minería, mientras que la construcción y el turismo mantienen cierto atraso respecto a los números de 2019. Pero ese 40% de relación deuda-PIB que sugiere la Ley de Responsabilidad Social Fiscal se encuentra rezagado. Lo que era una deuda de $31,081 millones al cierre de 2019, se eleva a $44,274 millones a 2022 (un aumento de 13 mil millones en tres años). Asimila por poco los 15 mil millones de aumento que hubo entre 2004 y 2018 (un lapso de 14 años). Esto significa que la deuda pública está creciendo demasiado rápido con respecto al avance de la economía.
La prueba de la crisis económica es que para cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal en torno a mantener el 40% como relación deuda-PIB, el gobierno ha tenido que recurrir a artificios contables (calificados por algunos economistas como “escandalosos”). Uno implicó actualizar el año base de 2007 a 2018 para poner al día las cuentas nacionales, lo cual mejora los indicadores fiscales entre 2018 y 2022. Y el otro es el movimiento realizado para diferir el pago de $364 millones de intereses correspondientes al año 2022. Lo cual permitió además cerrar este año con un déficit fiscal de 4%, según lo establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
El gobierno de manera irresponsable está jugando con los números, creando expectativas económicas artificiales. Obligado a reportar números que reciban reconocimiento internacional para, por ejemplo, mantener el grado de inversión, prefiere usar estas artimañas en lugar de nivelar el presupuesto, ejercer una verdadera contención, bajar los gastos y promover la inversión. Lo cual lo obliga a seguir generando deuda pública para pagar subsidios, planillas, gasto corriente e intereses. Las calificadoras internacionales de riesgo no se comerán ese cuento de permitir un ajuste para cumplirles lo prometido, a través de una treta contable, por más que la misma se haya ajustado a lo que permite la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.
Qué lástima que una figura de alto nivel académico, tal vez en las postrimerías de una longeva y exitosa carrera profesional y política en el ámbito económico, le dé como ejemplo a sus discípulos, a estas alturas de su vida, hacer trampa. Peor cuando la argucia se utiliza ante el desinterés, ineptitud, incapacidad y fracaso de cumplir con el deber de equilibrar las finanzas, alinear las cuentas, reactivar la economía y nivelar el presupuesto.
El autor es abogado
