En la vibrante ciudad de Panamá, entre sus calles y barrios, se esconde un grave problema ambiental: las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) provenientes de plantas eléctricas de emergencia fijas. Estas instalaciones, ubicadas en edificios y unidades residenciales, oficinas, hoteles y centros comerciales, generan energía localmente pero no están controladas por la legislación ambiental nacional.
Las plantas eléctricas de emergencia fijas se encuentran en áreas urbanas clave, como Marbella, Obarrio, San Francisco, El Cangrejo, Punta Paitilla y Punta Pacífica, por mencionar solo algunos barrios; y su proximidad a zonas residenciales, turísticas, escuelas, universidades y zonas peatonales significa que sus emisiones afectan directamente a la calidad del aire que respiramos. A diferencia de las grandes centrales eléctricas, estas plantas no reciben la misma atención. Sin embargo, su contribución a la contaminación ambiental y al cambio climático es significativa.
La Autoridad de Servicios Públicos (ASEP), mediante la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (Ley No.15 de 26 de enero de 1959) Resolución 343 del 3 de septiembre de 1997, la cual reforma en parte la Resolución No. 248 del 15 de junio de 1988, mediante la cual se reglamenta la instalación de plantas eléctricas de emergencia en la República de Panamá, no incluye ninguna salvaguarda en materia de emisiones de dióxido de carbono. Esto resulta en prácticas ambientales ineficientes, emisiones excesivas y abusivas de este gas de efecto invernadero.
Las emisiones de CO₂ afectan la salud de los residentes, trabajadores, turistas, peatones, visitantes y mascotas por igual. La exposición prolongada puede causar enfermedades respiratorias y cardiovasculares e incluso la muerte prematura. El CO₂ es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. Reducir estas emisiones es crucial para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París firmado por Panamá. Es fundamental establecer regulaciones más estrictas para las plantas eléctricas de emergencia fijas, definir sus parámetros de emisión y las medidas obligatorias de mitigación. Adicionalmente, promover fuentes de energía más limpias, como la solar y la eólica, al igual que el almacenamiento de energía como fuentes alternativas a los combustibles fósiles.
La ASEP debe reunir a la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura (¿y ambiente?) e incluir un miembro de ese ministerio que a su vez incluya salvaguardas ambientales en la legislación, que tiene 27 años de vigencia, sobre instalación y mantenimiento de plantas eléctricas de emergencia fijas, supervisar y regular estas plantas de manera más efectiva. Esto incluye inspecciones periódicas y verificación de sus sistemas de control y límites de emisiones.
Por ejemplo, en España, el Real Decreto 1042/2017 establece límites para las emisiones de ciertos contaminantes, incluido el CO2, en instalaciones de combustión medianas y estos son algunos valores límite de emisión de CO2 para plantas de diferentes capacidades, a saber: entre 1 MW y 5 MW: 50 mg/Nm³, entre 5 MW y 20 MW: 30 mg/Nm³ y entre 20 MW y 50 MW: 20 mg/Nm³ (MW Megawatts) (mg Microgramos) (Nm³ nanómetros cúbicos)
Los ciudadanos debemos comprender los riesgos asociados con estas emisiones y presionar por cambios desde la legislación nacional, las juntas directivas de los conjuntos residenciales, los edificios de propiedad horizontal, residencias, oficinas, hoteles y centros comerciales y desde la calle, como un peatón más de esta ciudad.
Con este fin se deben ofrecer incentivos para que las instalaciones migren hacia fuentes de energía más limpias, instalen dispositivos de almacenamiento de carbono en el punto de emisión (DAC) o filtros para la captura de partículas, como los catalizadores catalíticos en los automóviles. Adicionalmente, incluir los techos, fachadas y paredes verdes, arborizar los barrios y desarrollar en conjunto con empresas especializadas soluciones basadas en la naturaleza como medidas parciales de mitigación.
En resumen, es hora de poner la luz sobre las emisiones ocultas de dióxido de carbono en nuestros barrios y tomar medidas concretas para proteger nuestro entorno y nuestra salud. La sostenibilidad debe ser una prioridad para el futuro de Panamá.
El autor es ecologista
