El mito de los próceres, el categórico título del libro de Olmedo Beluche, confirma con abundancia de datos que la llamada “fiesta patria” panameña del 3 de noviembre carece del valor histórico que se le asigna. En vez de eso, ensalza el aciago día en el que nuestro país fue separado de Colombia, no para crear el Estado nacional, sino para instalar la administración local del protectorado estadounidense de un régimen sui generis: el que más le convino al gobierno estadounidense de Theodore Roosevelt para construir de inmediato el Canal interoceánico, sin las demoras que conllevaba la sujeción del territorio a las autoridades colombianas de la época.
Los panameños heredamos así un país enajenado, con la porción más codiciada de su suelo usurpada, regida y explotada por una potencia extranjera. ¿Qué sentido tiene seguir festejando cada aniversario de ese acto de enajenación? El de seguir legitimando la instalación del grupo local de cómplices de esa usurpación como encargados de administrar el país. Ese grupo —básicamente funcionarios de la empresa estadounidense del ferrocarril interoceánico asociados a la oligarquía de comerciantes locales—, mayormente conservadores en un país de mayoría liberal, quedaría a cargo del país según las finalidades estadounidenses y sus propios intereses como oligarquía lugareña.
Demostrado lo anterior con abundantes pruebas por el libro de Beluche, queda otra cosa por estudiar debidamente: cómo, tras ese mal comienzo, en este país luego se fue formando, a través de qué etapas, una conciencia nacional o un patriotismo panameño. Ese ha sido un proceso complejo y largo, pero real. Hace años no cabe duda de que ese patriotismo existe, no siempre en toda la población, pero existe y ha estado y está en capacidad de hacer historia.
En sus páginas, el propio Beluche menciona tres hitos de ese proceso, sin que ese sea el propósito principal de su libro. Estos son el Movimiento Inquilinario de 1925, el masivo rechazo al convenio Filós-Hines en 1947 y la gesta heroica de los Mártires de Enero de 1964. Sin embargo, ello requiere mayores precisiones, que a continuación resumiré, no como crítica al libro, sino como complemento.
Si bien el Movimiento Inquilinario detonó en las grandes protestas de 1925, como resultado de una acumulación de malestares sociales, tuvo más de un aspecto. El fundamental fue la desesperación de la gran masa de trabajadores, locales y de otros países, reclutados por los norteamericanos para trabajar en las obras de construcción del Canal y de sus instalaciones auxiliares, militares y civiles. Concluidas ellas, esos trabajadores y sus familias fueron abandonados a su suerte, condenados a pagar alquileres exorbitantes para habitar en las miserables edificaciones cuyos propietarios eran, principalmente, los oligarcas y comerciantes locales.
Una evidencia del proceso acumulativo de irritación social fue que ya dos años antes, en 1923, en Panamá se había constituido el Movimiento de Acción Comunal. Esa organización semiclandestina, integrada por intelectuales y profesionales de clase media, expresaba dos críticas principales: que el gobierno del presidente Florencio Harmodio Arosemena era ineficiente, clientelista y corrupto, y que dependía demasiado de los norteamericanos en los temas económicos y políticos. Ante eso, enarboló dos propósitos principales: fortalecer la soberanía nacional y promover los valores cívicos y nacionalistas.
Ello muestra que antes de 1925 en el país ya había una sensibilidad nacionalista ofendida, así como rechazo a la corrupta e ineficiente sumisión del gobierno oligárquico legado por los llamados “próceres” de 1903. Para más señas, los numerosos artículos periodísticos y declaraciones emitidas por Acción Comunal incluyeron los de solidaridad con el Movimiento Inquilinario y, con mucha vehemencia, los publicados contra ese gobierno por haber pedido tropas norteamericanas al gobierno de la Zona del Canal para reprimir las movilizaciones de protesta del pueblo panameño, decisión que Acción Comunal calificó como una afrenta contra la soberanía nacional.
Entre los principales líderes de Acción Comunal se reconoce al odontólogo Ramón Mora, dirigente práctico, quien lo presidió desde su fundación, así como a Víctor Florencio Goytía, ideólogo del grupo y quien le dio su nombre, y al ensayista y periodista Harmodio Arias.
El 2 de enero de 1931, Acción Comunal sorprendió al país, al régimen y a los estadounidenses asestando un golpe de Estado, el cual rompió la rosca que desde 1903 manejaba el gobierno, sin que hubiera ninguna resistencia social contra esa acción. Ese día, Acción Comunal emitió una proclama que justificó el golpe denunciando que el gobierno defenestrado solo servía a la élite, señalando su clientelismo político y su desconexión con el pueblo, así como su obsecuencia y falta de soberanía ante los Estados Unidos. Luego publicó también artículos que pedían una “regeneración nacional” y la necesidad de un gobierno moralizador y nacionalista. Se designó a Ricardo J. Alfaro —un jurista ampliamente respetado— como presidente provisional, quien se dedicó a poner orden en la administración y en las relaciones con Estados Unidos, y a preparar elecciones para el año siguiente.
El autor es escritor y diplomático.
