Hace unos días regresé de participar en la misión de observación electoral de elecciones anticipadas del Ecuador como parte del equipo de la OEA. Unas elecciones únicas, no tan solo por ser la primera vez se llevaban a cabo una elección presidencial anticipada, sino por la violencia que se vivió en ese país durante la campaña electoral.
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, días antes de la elección, fue la apoteosis de la involución que ha venido viviendo este país en menos de tres años en materia de seguridad y los efectos del crimen organizado, convirtiéndolo de uno de los países más pacíficos del hemisferio, a el país con más homicidios ascendentes de la región.
Ecuador es hoy un país asediado de bandas de delincuencia organizada vinculadas a carteles de narcotráfico internacionales. Fue estremecedor ver una sociedad inmersa en el miedo, y la indefensión ante lo ocurrido. Donde todos los candidatos restantes eran víctimas de amenazas, con imágenes de cierres de campañas rodeadas de fuerzas de seguridad, los candidatos y periodistas ataviados con cascos y chalecos antibalas y el estado de excepción decretado en varias provincias del país. Todo lo visto y vivido me llenó de un gran temor y preocupación por mi Panamá.
Igual que el Ecuador, Panamá es un país no productor de sustancias ilícitas, pero con costas y puertos en lugares claves convirtiéndolo en una ruta estratégica para el tráfico global de narcóticos. En Ecuador el crimen organizado fue infiltrándose silenciosamente. De a poquito las garras del narcotráfico se fueron apoderando primero de pequeños pueblos costeros vulnerables y así, lo que comenzó como un puñado de bandas criminales locales se fue convirtiendo en grupos criminales violentos tomando control de las cárceles e infiltrándose en las instituciones del Estado. Donde las amenazas y ataques a fiscales, oficiales del orden público, políticos y ciudadanos se convirtió en el orden del día.
En Panamá somos conscientes en algún grado de la presencia de grupos criminales y los esfuerzos de los entes de seguridad en intentar controlarlos. Igualmente escuchamos que ya hay instituciones y políticos tocados por este cáncer. Oímos en los medios de comunicación de estos incidentes que nos parecen hechos aislados que son controlados. Sin embargo, esto que nos puede parecer menor en el gran panorama de las cosas, debe preocuparnos a todos dado el riesgo para la paz social y la convivencia que el tema significa. Dicho lo anterior, es sumamente importante que de frente a las elecciones que se aproximan este asunto ocupe un lugar entre los temas y los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia.
Debemos exigirle como ciudadanos a nuestros candidatos que el tema sea un eje central y fundamental de su discurso, que nos planteen cómo lo enfrentarán, como fortalecerán las instituciones, como piensan atacar el problema de bandas criminales, la crisis carcelaria, cuáles serán sus acciones de contención, sus ejes preventivos, cómo piensan combatir la inseguridad, en fin, cómo lidiarán con este problema que pueden creer manejable, pero que en cuestión de nada puede convertirse en una amenaza de gran escala como ha sido el caso de Ecuador donde la realidad sobrepasa la gestión.
La autora es ciudadana
