“La deuda puede financiar la inversión productiva, pero si no se gestiona con prudencia y transparencia, se convierte en una carga para generaciones futuras, perpetuando la dependencia de naciones desarrolladas” (Joseph Stiglitz).
Son verificables las omisiones, inexactitudes y, en algunos casos, disparates presentes en el discurso pronunciado el pasado 2 de enero de 2026 en la Asamblea Nacional por el presidente José Raúl Mulino Quintero, en el denominado “Informe a la Nación”.
Las omisiones más significativas, sin duda, son, entre otras, el ausente cronograma del anunciado “cierre ordenado” de la mina de Donoso, que sigue siendo operada por Minera Panamá, S.A., subsidiaria de la transnacional FQM; los avances del proyecto insignia del Gobierno, el tren Panamá–Chiriquí; así como la falta de claridad sobre el cumplimiento de la sentencia condenatoria contra el expresidente de la República, mediante la cual debía cumplir 10 años de prisión, pagar una multa de 19 millones de dólares y devolver a la República la Editora Panamá América (Epasa).
Pero lo más grave ha sido el silencio persistente sobre la entrega de la soberanía nacional, vulnerada de manera flagrante con la firma de dos acuerdos bilaterales con el Gobierno estadounidense: el “Memorando de Entendimiento” Hegseth–Ábrego y la “Declaración Conjunta” Hegseth–Vásquez.
Mediante el primer acuerdo se permite la instalación de cuatro bases militares estadounidenses en territorio panameño: tres en las riberas del Canal y una en la provincia de Darién. Con ello, el denominado “gobierno 100% empresarial” desconoce más de 100 años de lucha del pueblo panameño y convierte en letra muerta el artículo V del Tratado de Neutralidad.
Por el segundo acuerdo, los buques de guerra estadounidenses transitan sin pagar peaje por el Canal de Panamá, en abierta contradicción con el Tratado de Neutralidad, que establece que todas las embarcaciones deben pagar por su tránsito.
Resulta igualmente cuestionable la afirmación de que los numerosos y costosos viajes al exterior —que han convertido al mandatario en un presidente itinerante, a expensas del erario— hayan tenido un impacto positivo en la vida nacional, salvo en el fortalecimiento de intereses privados vinculados al sector marítimo y a la agroindustria cañera de un alto funcionario del Estado.
Finalmente, el despropósito más grave del mensaje presidencial fue afirmar que existe disciplina fiscal, pese a los viajes improductivos, el escándalo de las partidas discrecionales asignadas a municipios afines al Gobierno y, sobre todo, la existencia de una deuda pública cercana a los 59 mil millones de dólares, con una relación deuda/PIB superior al 65%.
¡Así de sencilla es la cosa!
El autor es abogado y analista político.
