El pasado 20 de marzo, el presidente José Raúl Mulino firmó la Ley 513, convirtiendo a Panamá en el primer país de América Latina en regular las pasantías remuneradas. Un avance celebrado, aplaudido, fotografiado. Cuatro días después, ese mismo presidente vetó el Proyecto de Ley 145, que buscaba establecer una política de orientación vocacional para los jóvenes. El mensaje del Ejecutivo fue claro, aunque probablemente no de la manera que él pretendía: en Panamá podemos abrir la puerta al primer empleo, pero nos negamos a enseñarles a los jóvenes cómo encontrarla.
Revisemos los hechos. El Proyecto de Ley 145 surgió precisamente de una realidad innegable: la saturación de carreras universitarias tradicionales, que ha generado un déficit significativo en el mercado laboral. La propuesta, impulsada por el diputado Ariel Vallarino, fue aprobada cómodamente con 45 votos en el pleno de la Asamblea Nacional. Cuarenta y cinco votos; sin embargo, el Ejecutivo la bloqueó.
Los argumentos del veto merecen leerse con atención, porque revelan algo más profundo que una disputa burocrática. El presidente argumentó posibles conflictos de competencia entre el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el sistema educativo y las universidades en materia de orientación y certificación. En otras palabras: el problema no era el objetivo de la ley, sino quién debía ejecutarla. Y, ante esa duda, la respuesta del Ejecutivo fue simplemente no hacer nada.
Este es el patrón que debe preocuparnos. Panamá tiene una ley de pasantías que, en papel, es un instrumento valioso. El programa está dirigido a jóvenes en formación académica provenientes de la educación media, universitaria, vocacional o técnica, y les da la oportunidad de participar en empresas para desarrollar sus capacidades. Pero una pasantía sin orientación previa es como entregarle a alguien un mapa sin haberle enseñado a leer. ¿Sabe ese joven qué carrera estudiar? ¿Conoce las demandas del mercado laboral? ¿Alguien en su colegio o universidad le habló alguna vez de esas opciones vocacionales que no son una licenciatura de cuatro años?
El veto de Mulino no es solo una decisión administrativa. Es un mensaje a la academia panameña: la orientación vocacional es su problema, no del Estado. Y en eso, paradójicamente, el presidente tiene razón, aunque no en el sentido que él lo plantea. Porque, si algo queda claro de este episodio, es que las universidades y los colegios del país llevan décadas evadiendo esa responsabilidad.
¿Cuántas facultades de educación, cuántos departamentos de bienestar estudiantil, cuántos programas de orientación profesional existen hoy en las universidades públicas de Panamá con la capacidad real de guiar a un joven de 17 años hacia una carrera que corresponda con sus aptitudes y con las necesidades del país? La respuesta es dura: muy pocos lo hacen con seriedad. La academia ha preferido llenar aulas de estudiantes de Derecho, Administración y Contabilidad antes que preguntarse si eso responde a alguna estrategia de desarrollo nacional.
El veto al Proyecto 145 no debería interpretarse, entonces, como un fracaso del Legislativo. Debería leerse como una invitación forzada, aunque torpe, a que las instituciones educativas asuman lo que siempre les correspondió. La orientación vocacional no debería necesitar una ley para existir. Debería ser el corazón de cualquier sistema educativo que se tome en serio su misión.
Pero, mientras las universidades y el Ministerio de Educación sigan esperando que el Estado les diga exactamente qué hacer, cuándo hacerlo y con qué presupuesto, los jóvenes panameños seguirán eligiendo carreras por inercia, por tradición familiar o por la ilusión de un título que el mercado ya no necesita. Y entonces llegarán a esa pasantía de $450 al mes sin saber muy bien por qué están ahí.
Panamá dio un paso importante con la Ley de Pasantías. Pero un paso solo no lleva a ningún lado si no sabes hacia dónde caminas.
El autor es profesional multidisciplinario: Ingeniero industrial, internacionalista y abogado.
