Durante el primer debate presidencial, el proyecto reeleccionista nos aseguraba que su gestión mantenía a Panamá como el país más seguro de América Latina y tan seguro como Francia y Canadá; desatando la ira de la comunidad que se encuentra secuestrada por el narcotráfico, trata de personas, extorsiones, cuatrerismo, venta ilegal de tierras para construcciones ilegales y el lucrativo contrabando de chatarra. El Estado panameño perdió el control de los territorios ante la violencia por el narcotráfico y sus negocios filiales.
Las sociedades de los países más avanzados y desarrollados del mundo se distinguen de Panamá, por el respeto absoluto por la vida; y donde la violencia y muerte no acaparan diariamente las redes sociales.
Da la impresión que la vacuna de la violencia y muerte -que es la extinción del dominio- para narcotraficantes, no se utilizó en el período legislativo pasado porque no incurrió en negociación, contratación y compra directa con el subsecuente resultado del descenso de 9 posiciones en el ranking 2024 del Índice de Paz Global Mundial divulgado el mes pasado en Sidney por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
El índice de paz global actualizado posiciona a Panamá en el puesto 96, muy por debajo de Canadá (N°11), Francia (N°87) y detrás de Costa Rica (58), Trinidad y Tobago (88) y Jamaica (91) en Centro América y el Caribe. Se utilizan para su medición 23 indicadores cualitativos y cuantitativos donde se enfocan en 3 dominios: nivel de protección social y seguridad, el alcance de las políticas públicas en ejecución tanto de seguridad nacional o internacional y el grado de militarización.
El costo económico de la violencia en Panamá es 8,76% del producto interno bruto (PIB) con más de 13 mil millones invertidos en el 2023, posicionándonos en el puesto 53 de inversión a la seguridad en el índice de paz global, con un resultado no satisfactorio que se tradujeron en un 6% del voto del pueblo para la continuidad de las políticas públicas empleadas. Hacemos una inversión económica superior a la de Canadá y Francia con peores resultados en el ranking.
Los altos índices de violencia y la captación de menores de edad para evadir la justicia son el resultado de una disputa por el monopolio del mercado interno de ventas de drogas ilícitas y las rutas del mercado internacional de ventas de drogas, que sobreviven por falta de leyes actualizadas y adecuadas al siglo XXI en Panamá.
Una reforma legal que tenga la capacidad de procesar como adultos a niños de 10 años y aumentarles 10 años de condena a los pandilleros por cada menor que utiliza como escudo (los educan para ser CEO narcos) no va a tener ningún efecto como una ley de extinción de dominio y adquisición de software que inhabilite celulares en los perímetros de las cárceles.
En Panamá es fácil convertirse en víctima fatal de la violencia y nadie se conmueve. La vida no es sagrada en Panamá y el virus de la violencia se ha expandido en los barrios convirtiéndolos en lugares de conflictos armados donde la sangre y la muerte son los paisajes que decoran los barrios con un alto impacto negativo en la economía panameña.
Hay que elevar la moral a la tropa que pone su vida en riesgo por el pueblo: es esencial unos uniformes dignos para los estamentos de seguridad y una adecuada ley de extinción de dominio.
El papel protagónico panameño en el campo de la seguridad pública y poder mejorar en el ranking de paz mundial se mostrará con una adecuada y consensuada ley de extinción del dominio y la adecuada vigilancia de los negocios de lavado de activos. Es indispensable que nuestros policías no anden mangajos y remendados por la calle y que sigan confiando en la justicia.
El autor es médico sub especialista.
