ANTEPROYECTO DE LEY 150

¿Una ley de cielos abiertos?

La propuesta legislativa del diputado Raúl Pineda, sobre la creación de incentivos para las aerolíneas en Panamá, además de ser un documento difícil de comprender por sus múltiples faltas ortográficas y errores de redacción, tiene poco que ver con el diseño de una estrategia de cielos abiertos, como lo ha promocionado su autor.

La expresión “cielos abiertos” surge de las políticas del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, para liberalizar el negocio del transporte aéreo al promover la suscripción de acuerdos bilaterales de servicios aéreos con otros países, donde designaban las aerolíneas autorizadas para operar en el territorio de su contrario. Por su naturaleza internacional, estos acuerdos normalmente son negociados por las agencias aeronáuticas con el apoyo de sus respectivas cancillerías, restringiendo el rol del Órgano Legislativo a cuestiones muy puntuales, como aprobarlos antes de ser ratificados internacionalmente.

Desde una óptica de libre mercado, estos acuerdos son positivos porque fomentan la competencia entre las aerolíneas que ofrecen el servicio de transporte aéreo, lo cual a su vez puede estimular la reducción del precio de los pasajes. En teoría, viajar debería ser más barato con el aumento de la oferta de transporte aéreo, dado que la competencia forzaría a las aerolíneas a reducir los precios por pasajes. Si esto no ocurre actualmente en Panamá, deberían revisarse los incentivos que ofrecemos para atraer a más compañías que vuelen a destinos controlados por un número reducido de aerolíneas.

A pesar del rol limitado de la Asamblea Nacional en estos temas, ninguno de estos aspectos fue abordado cuidadosamente en el anteproyecto, cuyo texto pareciera ser más una compilación de opiniones desacertadas sobre cómo funciona el negocio de transporte aéreo, que a una propuesta legislativa. En lugar de derogar la nefasta regla de la nacionalidad en el artículo 79 de la Ley 21 de 29 de enero de 2003, que reserva la explotación del transporte aéreo a los panameños y a las compañías extranjeras que pertenezcan sustancialmente y estén bajo el control efectivo de nacionales, el anteproyecto impone un tributo a los viajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Sin mencionar que esta medida no tiene nada que ver con la apertura de los cielos panameños, sus efectos pueden restar competitividad al hub aeronáutico del país, al desalentar tránsito por el aeropuerto. Si queremos que los viajeros en tránsito se queden en Panamá por más tiempo, tenemos que cautivarlos con incentivos, no con medidas coercitivas. En ese caso, me pregunto ¿qué estamos haciendo a nivel logísticos y de turismo para que ello ocurra?

Salvo ciertos aspectos relativos a los incentivos, el anteproyecto es innecesario, o peor aún, contraproducente. Panamá cuenta con una política de cielos abiertos desde hace mucho tiempo, desarrollada principalmente por los múltiples acuerdos de servicios aéreos suscritos, y ha sido tan exitosa que nos ha consolidado a nivel mundial como el Hub de las Américas. Si el establecimiento de rutas, frecuencias, y capacidad, depende de lo acordado con otros países en estos documentos bilaterales, ¿cómo pretenden funcionar los incentivos para la creación de nuevas rutas (artículos 7, 8, y 9) y para el aumento de pasajeros (artículo 10) del anteproyecto?

Por su naturaleza esencialmente técnica y dimensión internacional, el negocio del transporte aéreo no funciona como todos los demás. Preocupa de sobremanera que políticos aficionados experimenten con un modelo de negocio que ha generado prosperidad al país, y que a pesar de sus desafíos, ha sido exitoso en muchos aspectos. Para ser un héroe no siempre hay que tener iniciativas, a veces ayuda mucho quien no perjudica.

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