En el año 2013 se promulgó la Ley 105, que prometía a los productores establecer un mecanismo para fomentar la productividad, competitividad y desarrollo integral de las actividades del sector agrícola. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA, entiéndase, Promagro) emitiría una resolución autorizando a la Dirección General de Ingresos (DGI–Ministerio de Economía y Finanzas , MEF) para que se le entregara al productor un certificado negociable.
Suena maravilloso, pero veamos las realidades. Los productores presentan a Promagro todos los meses la documentación sustentadora de sus solicitudes para los trámites correspondientes. Una vez cumplido con todos los requisitos, emiten una resolución firmada por el viceministro y otro funcionario de Promagro, y posteriormente la remiten a la DGI (MEF), recomendando la emisión del Certificado de Fomento Productivo a favor del productor. Esta comisión, que originalmente externaron que atendería estas solicitudes en un término de 30 días, pasan meses sin que tome acciones al respecto. Resumiendo: el MIDA no funciona.
En algún momento del tiempo, cuando el MIDA remita las resoluciones firmadas a la DGI (MEF), es cuando empieza el verdadero calvario para el productor, ya que el trámite queda sujeto a las arbitrariedades, manipulaciones y discrecionalidad inventadas por las altas esferas de dicho ministerio. Aquí, en esta etapa, el trámite queda paralizado hasta años y el productor esperando recibir lo que por ley se le ha conferido.
Especulando algunas de las razones por las cuales se estanca en la DGI (MEF), digamos que los incentivos que se otorguen disminuyen las recaudaciones, por lo que sus cifras de se verían peor de lo que están y, además, como los ingresos son menores, le toca el bolsillo a quien tiene el poder de firmar el documento correspondiente. Para esta etapa ya habrían transcurrido no solo meses, sino un año o cerca de dos años, y la flamante Ley 105 promulgada para mejorar el desarrollo integral de la actividad agrícola nada hace para que le llegue al productor su incentivo. Complementando el comentario anterior: la mancuerna MIDA–DGI (MEF) es inoperante, ya que el incentivo, producto de la Ley 105, no le llega al productor cuando lo está necesitando.
Haciendo ahora referencia a un caso concreto de una empresa agroexportadora, la cual tiene en el limbo y empantanados en este proceso cerca de $600 mil, lo que pudiera hacer ella con esta suma si la recibiera oportunamente: Aumentaría la producción y, por ende, tendría que contratar más campesinos en área de extrema pobreza, generando riqueza digna, acceso a seguridad social (¿será verdad?) y mejorar la calidad de vida comunitaria.
Lo mencionado anteriormente no deja de ser un sueño, pues la realidad actual es otra: Sobran fondos para otorgar esos $25 millones adicionales a la Asamblea Nacional para sus contrataciones especiales, sobran fondos para que Pandeportes pueda hacer esos despilfarros, las indemnizaciones a los “diablos rojos”, y así sigue una lista muy, pero muy larga, en la que no se encuentra presente la retribución de los derechos honrosamente ganados, pues las sinvergüenzuras prevalecen.
Señores, cumplan con sus obligaciones que tienen con el sector agrícola y no con los bribones.
¿Será que estos servidores públicos han perdido el norte y no entienden que la exportación empieza por la producción y se han olvidado de que el propósito de la ley Promagro es “incentivar la productividad, competitividad y actividades del sector agrícola en las distintas etapas de la cadena productiva”? La inacción de estos servidores públicos sigue causando daños al sector agrícola, mientras se ufanan en tomarse fotos en esos distintos viajes, con extensas comitivas, que realizan por todo el mundo dizque fomentando la exportación. Señores, entiendan que la exportación empieza con la producción. Como diría Sherlock: “Elemental Dr. Watson, elemental”.
Pareciera entonces que a los productores no les queda otra que esperar un cambio de gobierno para ver si existirá un verdadero apoyo al sector agrícola, porque de este, lo que proyecta es una incapacidad probada y manifiesta.