La libertad de expresión es un pilar fundamental del sano ejercicio de la democracia, algo que a los panameños literalmente nos ha costado sangre. Desde las libertades de expresión y prensa, generamos bastiones para la defensa de nuestros derechos y libertades individuales, civiles, políticas y económicas que son necesarias para crear prosperidad y tener autonomía sobre nuestro plan de vida desde una perspectiva informada.
Estas libertades, sin embargo, se están viendo socavadas desde acciones que buscan intimidar y amedrentar a ciudadanos, quienes desde medios de comunicación alternativos han, de cierta forma, democratizado el acceso a información, en beneficio de todos los panameños.
Muy a pesar de mis propias aprehensiones sobre la amalgamación de los roles del periodismo y el activismo que hemos visto en los últimos años, veo con mucha preocupación el uso de recursos legales para avasallar, y no para buscar justicia, si es que el caso haya sido que algún derecho hubiese sido transgredido.
La facilidad con la que una persona con poder económico y político puede valerse de figuras jurídicas para callar a ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, es algo que todos como sociedad tenemos el deber de condenar. Ya suficientes bravucones tuvimos y mucho nos ha costado nuestra democracia como para permitir este tipo de vejámenes.
Esta situación, que no se trata de un caso puntual ni aislado, debe ser un despertar para aquellas personas que piensan que debemos tener una ley de prensa en Panamá, dado que esto busca monopolizar y centralizar un derecho que nos corresponde a todos los ciudadanos, independientemente de nuestra formación profesional.
El afán por regular y fiscalizar la libre prensa es un vestigio del régimen que vivimos por 21 años en nuestro país, cuando la ley de prensa de ese entonces (Ley 67 del 19 de septiembre de 1978) requería un registro de periodistas, el cual bien hubiese podido ser utilizado para persecuciones. Hoy estamos enfrentando el riesgo de que la historia se repita si permitimos que nuestras instituciones de justicia sean utilizadas para perseguir a ciudadanos en vendettas estériles que atentan contra la estabilidad jurídica, la democracia y el estado de derecho en nuestro país.
Así mismo, es necesaria una revisión de nuestro Código Judicial, en tanto que la aplicación de sus normativas es, como se ha hecho evidente, susceptible a interpretaciones viciadas que violan el debido proceso y garantías constitucionales fundamentales como lo son el derecho a la propiedad privada, la inviolabilidad del domicilio.
La libertad de expresión es sagrada dentro de una democracia robusta, y está consagrada como un derecho humano, por lo que se entiende que el derecho de informar y ser informado no está ni jamás deberá estar supeditado al capricho de una chequera gorda.
La autora es miembro de la Fundación Libertad
