La disposición del presidente de Argentina, Javier Milei, de prohibir el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada es una medida inédita, incluso en períodos no democráticos. La decisión se produce en medio de una escalada de confrontación con la prensa y se fundamenta en dos argumentos oficiales: una investigación por una supuesta infiltración extranjera en medios de comunicación y una denuncia penal por presunto espionaje ilegal contra dos periodistas del canal Todo Noticias. Como parte de la medida, se suspendieron las acreditaciones vigentes y se retiraron las huellas dactilares de acceso, lo que deja sin cobertura presencial la actividad del Ejecutivo mientras no avance la causa judicial ni se redefina el sistema de acreditación.
En el otro extremo de la región, Estados Unidos anunció el retiro de visas a los integrantes de la Junta Directiva del periódico costarricense La Nación, sin explicaciones ni procedimientos claros. Un periódico independiente, con 79 años de vida, que ha venido investigando casos de corrupción gubernamental, es atacado por un gobierno extranjero sin que ello, hasta ahora, haya recibido el repudio de su gobierno.
Ambas decisiones son algunas de las agresiones más recientes contra el periodismo y la prensa. Se trata de un ataque a la propia calidad de los sistemas democráticos, a la libertad de prensa y al derecho a la expresión. Y es que la libertad de prensa ha retrocedido en el mundo a su nivel más bajo desde 1975, según el último informe de IDEA Internacional, El Estado Global de la Democracia.
Los retrocesos más drásticos en la región y en el mundo se registran en contextos de violencia extrema o regímenes autoritarios consolidados, como Haití, Cuba, Venezuela o Nicaragua. Allí, la persecución y los ataques a periodistas representan, sin duda, una vulneración grave a los derechos humanos.
Situaciones como las que ha vivido el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, especializado en destapar casos de corrupción y en la relación entre política y crimen organizado en su país, son cada vez más frecuentes. Zamora, quien arriesga hasta 40 años de prisión y, luego de más de tres años de cárcel, ha sido finalmente liberado después de que un juez le otorgara arresto domiciliario para que continúe un proceso penal que, de acuerdo con organizaciones civiles y el sistema interamericano de justicia, ha estado marcado por irregularidades y violaciones a su derecho a la debida defensa.
El caso de Zamora muestra cómo las y los periodistas en América Latina se han transformado en uno de los grupos más expuestos a la persecución judicial, al hostigamiento público por parte de autoridades y a la violencia de organizaciones criminales.
Entre 2018 y 2024, más de 900 periodistas han tenido que exiliarse en América Latina, según datos de UNESCO, mientras que, por lo menos, 142 periodistas han sido asesinados y otros 51 han desaparecido en el ejercicio de su labor entre 2017 y 2025, de acuerdo con el barómetro de ataques de Reporteros sin Fronteras. Los países con los números más altos de asesinatos de periodistas en América Latina son México (79), Colombia (15), Honduras (13), Brasil y Haití (10 cada uno). Las periodistas son, además, víctimas de hostigamiento sexual y amedrentamiento constante en redes sociales y la esfera virtual.
Estos números reflejan que los ataques a la prensa tienen lugar también en regímenes democráticos. América Latina y el Caribe han retrocedido en el Índice de Libertad de Prensa de IDEA Internacional a niveles similares a 1990. Esto se debe a una evidente reducción del espacio cívico y deterioro democrático, impulsados por la alta polarización política, el aumento de gobiernos autoritarios con rasgos iliberales —que no toleran el disenso— y la expansión de organizaciones criminales con tentáculos que permean la economía y la política. Por lo tanto, los ataques a la prensa no provienen solo de gobiernos, sino también de organismos autónomos de seguridad y justicia, así como del crimen organizado y actores involucrados en redes de corrupción.
Así, los medios de comunicación, que en todo el mundo batallan por su supervivencia frente al impacto de la inteligencia artificial, las redes sociales y nuevas formas de comunicación, enfrentan además en Latinoamérica contextos políticos y de seguridad inéditamente adversos.
Pero, más allá de los retrocesos, existen esfuerzos por fortalecer la integridad del ecosistema mediático, y la región cuenta con tres países en lo más alto del ranking: Costa Rica (4.º), Chile (5.º) y Uruguay (20.º). Afortunadamente, en una tendencia contracorriente, en marzo entró en vigor en Costa Rica la Ley para la Libertad del Ejercicio Periodístico, que elimina las penas de cárcel para periodistas por delitos de calumnias e injurias, lo que fortalece la libertad de prensa y reduce la autocensura, según afirma IDEA Internacional.
Los gobiernos y las organizaciones que buscan fortalecer la democracia deben potenciar estas medidas. Proteger la libertad de prensa y el acceso a la información requiere esfuerzos coordinados de instituciones de justicia, parlamentos, sociedad civil, cooperación internacional, así como del mundo de las comunicaciones y el sector privado. Además de enfrentar la violencia y la persecución penal, se necesitan mecanismos eficaces de financiamiento para medios independientes y tradicionales que les permitan resistir y sobrevivir. Pero también se requiere contrarrestar los discursos de odio, la desinformación y los ataques contra medios de comunicación que emanan desde los propios actores políticos.
La libertad de prensa es una condición indispensable para que las libertades políticas de la democracia se mantengan sólidas. Defender la democracia en América Latina implica alzar la voz, pero, para ello, debemos asegurar los espacios donde todas las voces puedan ser escuchadas.
La autora es directora regional para América Latina y el Caribe en IDEA Internacional.
