Durante el mes de marzo de este año, la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), está llevando a cabo un acto de licitación pública a largo plazo para la contratación de potencia firme y energía, requerida para asegurar el suministro eléctrico del país.
La matriz eléctrica de Panamá tiene un objetivo claro: la utilización de los recursos naturales renovables con los que contamos. Indudablemente, alrededor del 75% de nuestra generación proviene de fuentes hídricas, eólicas y solares. El resto de la producción de energía se origina en plantas térmicas que utilizan gas natural, búnker tipo C y diésel.
Resulta favorable que la licitación pública tenga como objetivos: (i) la reconversión de plantas eléctricas que utilizan combustibles fósiles, como el búnker tipo C y el diésel, hacia el uso de combustibles más limpios como el gas natural; y (ii) permitir una amplia participación de generadores de cualquier tecnología, con el fin de obtener el mejor precio.
La reconversión de plantas que utilizan combustibles fósiles es necesaria, ya que se trata de instalaciones existentes, conectadas al Sistema Interconectado Nacional, que resultan clave en situaciones de emergencia. Su rápido encendido permite la recuperación del sistema eléctrico, como ocurre en casos de apagones nacionales.
Sin embargo, para que esta reconversión sea exitosa, se requieren normativas regulatorias que garanticen que las plantas térmicas que opten por esta alternativa puedan acceder, en igualdad de condiciones, al suministro de gas natural necesario para la producción de energía. En el caso de Panamá, los propietarios de la empresa que almacena y distribuye el gas natural son los mismos que operan las dos plantas de generación a base de gas natural ubicadas en la provincia de Colón.
Por otro lado, la factura eléctrica consta de tres componentes: generación, transmisión y distribución. Aproximadamente el 60% del costo de la energía eléctrica corresponde al renglón de generación. La Ley 6 de 1997 y su reglamentación, mediante las cuales se establece el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad en la República de Panamá, dispusieron que el costo de generación debe surgir de procesos de licitación competitivos y de amplia participación, a diferencia de los costos de transmisión y distribución, que son regulados.
Actualmente, Panamá cuenta con una oferta de energía muy superior a la demanda existente. Por ello, el hecho de que la licitación pública permita competencia tanto en potencia como en energía contribuirá a obtener mejores precios, muy distintos a los que podrían derivarse de licitaciones especiales limitadas a una tecnología específica.
La realidad de que la mayor parte de la capacidad de generación existente en el país provenga de fuentes renovables permite asegurar que la producción de energía no se vea afectada por las fluctuaciones del precio de los combustibles, lo que, a su vez, minimiza la exposición de la tarifa eléctrica a dichas variaciones.
En el futuro, el país ya no requiere la realización de licitaciones especiales para la adquisición de potencia y energía, dado que la matriz eléctrica se encuentra bien diversificada. Es momento de dejar de lado las licitaciones de potencia firme y energía asociada que, hasta la fecha, no han logrado una reducción del costo de generación reflejado en la factura eléctrica. Bienvenida sea la competencia y que su ejecución permita obtener mejores precios a largo plazo, en beneficio del país.
El autor es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Santa María La Antigua. Fue director de Asesoría Legal del Ente Regulador de los Servicios Públicos (1996–2002) y administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (2014–2019).
