La legitimidad de nuestro actual presidente está claramente definida en la Constitución de la República y en el Código Electoral, no en si logró un porcentaje de votos menor que el anterior mandatario. En este país gana quien más votos recibe en la primera vuelta, y así fue avalado por la mayoría de los panameños en mayo de 2024. La realidad es que José Raúl Mulino ganó con mayoría simple de votos válidos y, por tanto, es legítimamente el presidente electo de todos, por los próximos cuatro años.
Si usted cree en la democracia o ha leído la Constitución, sabe perfectamente que esto es así. Lastimosamente, los panameños tenemos memoria muy corta —o muy selectiva—: ya olvidamos el último gobierno, el de la “leche condensada”, el de las soluciones por inercia, que duplicó la deuda nacional y creó subsidios que exceden los ingresos del Canal.
Para quienes no desean que el país progrese y solo buscan crear caos, habría sido más conveniente seguir pateando la bola hasta quebrar la CSS o dejar que la mina se convirtiera en un hoyo negro, una necrópolis de maquinaria y criadero de aedes aegypti. Del mismo modo, les conviene que sin el proyecto de Río Indio, en unos años Panamá se quede sin agua potable y el Canal solo funcione seis meses al año. Situaciones como esas son el caldo de cultivo perfecto para más descontento, más cierres de calles y mayor desempleo.
Esa última encuesta de baja popularidad del presidente, realizada en los alegres barrios del país del “¿qué hay pa’ mí?”, probablemente refleje lo contrario de lo que la mayoría silenciosa anhela: un gobierno que ordene las finanzas públicas, una Asamblea que elimine las botellas, una Contraloría que llegue al fondo de la podredumbre y un Órgano Judicial que pida cuentas a los beneficiados de la corrupción heredada.
Un poco de sentido común basta para entender que no resolveremos los graves problemas nacionales con consensos imposibles o eternos diálogos con personas que, antes de sentarse, ya imponen condiciones. ¿Cómo llegar a acuerdos insultando a la contraparte y pateando la mesa, mientras sus adeptos afectan el orden público, saquean o destruyen bienes públicos y privados?
Ojalá alguien pudiera demostrar, con cifras reales, que esos líderes políticos o sindicales hablan en nombre del pueblo. Para elegirse o reelegirse en sus propios colectivos deben hacer votaciones internas espurias, controladas o por aclamación. Y en las elecciones nacionales no logran ni el 1% de los votos de ese pueblo al que dicen representar.
¿A quiénes representan realmente? Varios de estos supuestos líderes han declarado públicamente su afinidad con gobiernos vecinos de ideología socialista, y algunos incluso han manifestado interés en llegar al poder mediante un golpe de Estado. Eso va en contra de las libertades civiles y democráticas que hace pocas décadas fueron valientemente defendidas por la mayoría del noble pueblo panameño.
Estos cabecillas desaparecen y aparecen como por arte de magia, y solo dan la cara cuando el río está revuelto. Siempre mintiendo y buscando cómo beneficiarse personal o políticamente.
Lo que nuestros periodistas deberían investigar no son las consabidas causas que estos vociferan para justificar violaciones al derecho constitucional del libre tránsito, sino qué han hecho ellos durante las inundaciones, incendios o pandemias que sufre ese mismo pueblo al que dicen defender.
Siempre observo a las ONG, la Iglesia, empresas privadas, clubes cívicos e instituciones de rescate salir a responder frente a esas calamidades. No solo brindan ayuda económica, sino que también dan la cara: ayudan a revolver ollas comunales, hacen juntas de embarre, reparan viviendas y acompañan a los desamparados.
Allí es donde me gustaría ver a esos falsos representantes de mi pueblo.
El autor fue embajador de Panamá en la ONU.
