Las Asociaciones Público-Privadas (APP) se están posicionando en Panamá como un mecanismo clave para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos. No obstante, su correcta aplicación exige algo más que voluntad o urgencia: requiere rigor técnico, decisiones oportunas y una comprensión clara de que una APP no es un proyecto convencional. En este modelo, los errores de origen no se diluyen con el tiempo; se arrastran a lo largo de toda la vida contractual.
Desde mi experiencia profesional en la estructuración, licitación y ejecución de proyectos bajo el modelo APP, he podido constatar que uno de los principales retos no radica únicamente en la obtención de financiamiento o en la selección del socio privado, sino en la calidad de las decisiones adoptadas en las etapas tempranas del proyecto. Una APP no admite improvisaciones, porque sus efectos contractuales, financieros y operativos se extienden por décadas.
La fase de estructuración es, sin duda, el corazón del proyecto. En ella se definen aspectos críticos como el alcance, la asignación de riesgos, el esquema de pagos, los indicadores de desempeño y los mecanismos de supervisión. Cada uno de estos elementos debe responder a estudios técnicos sólidos y a una lectura realista tanto de las capacidades institucionales como del comportamiento del mercado. Cuando estos componentes se subestiman o se abordan de forma apresurada, las consecuencias suelen manifestarse más adelante en controversias, ajustes contractuales o dificultades durante la ejecución.
Otro aspecto que no puede improvisarse es la licitación. Los procesos competitivos en una APP deben diseñarse con reglas claras, criterios objetivos y pliegos coherentes con la estructuración previamente definida. La consistencia entre lo planteado en los documentos de licitación y lo finalmente contratado resulta fundamental para garantizar transparencia, competencia efectiva y seguridad jurídica para todas las partes involucradas. La claridad en esta etapa no solo fortalece la confianza del mercado, sino que también protege el interés público.
Un componente inherente al modelo APP es la necesidad de una gestión contractual especializada y sostenida en el tiempo. Dado que estos proyectos tienen una vigencia de largo plazo, requieren esquemas de seguimiento, coordinación y toma de decisiones que evolucionen junto con el contrato. Este no es un desafío exclusivo de una entidad, sino una característica propia del modelo, que demanda capacidades técnicas, procesos claros y mecanismos de coordinación que acompañen al proyecto durante toda su ejecución.
Durante la ejecución, la improvisación tampoco tiene cabida. Una APP exige una gestión contractual activa, con capacidad técnica para supervisar el cumplimiento de indicadores, administrar cambios dentro del marco contractual y responder de forma oportuna a eventos no previstos. La disciplina en la ejecución no implica rigidez, sino la correcta aplicación de las herramientas contractuales diseñadas desde el inicio para gestionar contingencias sin desnaturalizar el proyecto.
Es importante comprender que las APP no constituyen una solución inmediata ni una respuesta coyuntural. Se trata de proyectos de largo plazo que requieren estabilidad institucional, continuidad técnica y una visión estratégica del Estado. Por ello, la improvisación —ya sea por presión de tiempo, cambios de contexto o expectativas externas— termina convirtiéndose en uno de los mayores riesgos para su sostenibilidad.
En Panamá, el desarrollo de proyectos bajo el modelo APP representa una oportunidad relevante para cerrar brechas de infraestructura y mejorar la prestación de servicios públicos. Sin embargo, esa oportunidad solo se materializa cuando el modelo se aplica con rigor técnico, respeto a las reglas y una comprensión clara de sus implicaciones. La experiencia demuestra que una APP bien diseñada reduce incertidumbres; una mal estructurada las multiplica.
Las APP no se improvisan ni se aceleran por coyunturas. Son procesos que exigen rigor, visión de largo plazo y coherencia institucional, porque en ellas no solo se construye infraestructura: se construye confianza pública.
La autora es abogada, consultora en UNOPS y especialista en proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP).
