Las concesiones se pusieron de moda en Panamá desde los tiempos del presidente Balladares. No obstante, hay un elemento que resulta clave y que todos pretenden ignorar: el pago al Estado según las ganancias del concesionario.
Prácticamente en todas las concesiones otorgadas en Panamá, el concesionario debe pagar al Estado un porcentaje de sus ganancias.
A simple vista, parece lo justo. Pero el tema es cómo se calculan esas ganancias y, sobre todo, cuáles son las empresas que facturan servicios al concesionario que son deducibles de esas ganancias.
En la mayoría de los casos aparecen empresas proveedoras, especialmente de servicios de consultoría o informáticos, que abierta o subrepticiamente tienen una relación, a veces de control absoluto, con los concesionarios.
En vez de estar auditando lo que las empresas gastan o no gastan (eso se les deja a los auditores de impuestos), el Estado debe cobrar un porcentaje de la facturación bruta, la cual debe ser transparente. Incluso, por la naturaleza pública de esas grandes empresas, la mayoría debe publicar en sus estados financieros la facturación de sus subsidiarias, sobre todo si se trata de una multinacional. Es más, eso se puede exigir al otorgar la concesión, para asegurar que así se haga.
Claro que los concesionarios dirán que es injusto que paguen un porcentaje sobre la facturación y no sobre las ganancias, supuestamente repartiendo las ganancias con el Estado panameño, pero el tema es que no tenemos control sobre esas ganancias; de que eso sea así se encargarán los propios concesionarios.
Prácticamente todos los concesionarios, para no decir todos, tienen empresas que les facturan a altas tarifas y que muchas veces son subsidiarias del concesionario o de una tenedora que es dueña de ambos. Esto es aparte de acuerdos con terceros que se presten para hacer negocios con los concesionarios a tarifas mayores de lo acostumbrado.
Alguien podría decir que igual hay que controlar las ganancias para el tema de impuestos, pero para los impuestos los subcontratistas y proveedores deben presentar, a su vez, declaraciones de impuestos, si son locales, o bien hay retenciones sobre las remesas si son del exterior.
En todo negocio hay costos fijos y costos variables, como el costo de los productos o servicios que se venden a terceros. Por tanto, el porcentaje de las ventas que deban pagar al Estado por la concesión es, en esencia, un costo variable que deben considerar para sus tarifas a terceros. Algo que es el ABC de todas las empresas, las cuales tienen que considerarlo para hacer negocios.
De paso, lo que se plantea es una práctica común en muchos países. Así que “no hay nada nuevo bajo el sol”. El cobro de un porcentaje sobre la facturación del concesionario hace que todas las partes tengan muy claro el costo correspondiente, el cual es el ingreso que el Estado debe recibir según la facturación, mes a mes o trimestralmente, y no una vez al año.
Ojalá se establezca como una práctica regular, y no como una excepción a la regla. Todas las concesiones se vencen y deben ser renovadas, así que ese sería el momento de ir cambiando a una metodología más sana para todos, especialmente para la República de Panamá.
El autor es ingeniero, informático y escritor.
