Como prometí en un artículo anterior, vamos a revisar una nota de la Agencia Europea de Relaciones Exteriores, sí, otro organismo más de la Unión Europea (UE), de 6 de febrero de este año titulada: La defectuosa redención bancaria: Europa y la política de lavado de dinero, escrita por Chris Jaggert. La primera oración reza así: “El fracaso del oeste en prevenir el lavado de dinero pone en peligro el proyecto europeo”.
El autor explica a lo largo de su escrito que no será el crecimiento de China, la ola de inmigrantes, la inestabilidad del Medio Oriente o las políticas comerciales erráticas de Trump lo que afectarán al mercado común europeo, sino la facilidad con que se lavan activos en su sistema financiero. Acota: “El, supuestamente, exclusivo mercado común europeo no solo está abierto a criminales sofisticados, sino a cualquiera que pueda establecer una sociedad anónima”.
Y es que el autor, consciente o inconscientemente, ha dado en el clavo: todas las industrias deben hacer difícil el lavado de dinero, pero, principalmente, el peso recae en los bancos y el sistema financiero.
Los profesionales que incorporan vehículos jurídicos para clientes que buscan proteger activos, crear planes de sucesión o por motivos de privacidad no están, salvo rarísimas excepciones, en la ruta del dinero. Follow the money.
Dice el autor: “Es seguro que las redes dedicadas al lavado de dinero utilizan otras profesiones más allá de las finanzas, como bienes raíces, contadores, abogados y hasta relaciones públicas. Pero hasta los carteles internacionales de drogas -expertos en mover cantidades grandes de efectivo- en algún momento dependen de los bancos, y no menos importantes para este fin son los europeos”. Le recuerdo al lector, que 18 de los 20 bancos más grandes de Europa han sido multados por lavado de dinero desde 2008 hasta la fecha. Y estas multas solo deben ser reflejo de los casos más importantes; centenares de delitos habrán pasado desapercibidos y no informados a los medios por las autoridades en aras de ocultar su fracaso monumental contra el blanqueo de capitales.
Afirma, sorprendentemente, Jaggert: “Los políticos europeos y sus funcionarios están empezando a reconocer la severidad del problema de lavado de dinero”.
El autor infiere que se acaban de dar cuenta. Escoja usted el adjetivo.
Sigue Jaggert: “La manera débil con que Europa trata el crimen financiero puede ser producto de la alta estima en que mantienen los gobiernos a sus bancos”.
Dice el economista del Fondo Monetario Internacional Ashoka Mody: “(después de la crisis del euro) los países recibieron sectores bancarios ineficientes, que sus gobiernos promovieron y protegieron por años con la esperanza de que sus bancos domésticos sirvieran de apoyo al crecimiento económico. Europa tenía demasiados bancos, estaban recibiendo retornos bajos sobre sus activos y buscaron formas fáciles de hacer dinero”.
¡Y qué manera más fácil! Cobrar jugosas comisiones, para aumentar la rentabilidad, lavando el dinero producto de las drogas que ellos consumen, de la corrupción de funcionarios y ejecutivos, y de los impuestos que sus ciudadanos no quieren pagar.
Una vez se les cayó la máscara a los hipócritas del noble y moralmente superior viejo continente, empezaron a culpar a los países más débiles y más pequeños y utilizaron sus organismos sicarios, como la OCDE y el GAFI, para atacarlos. Caguetas.
El artículo termina así: “Con cada esquema de lavado de dinero que aparece en Europa que no sea castigado, los europeos estarán más anuentes a preguntarse sobre las reglas y los valores en que se basa su sistema político, que permite que esto continúe”.
Aquí radica el peligro de la UE, en que no hay, entre ellos, un level playing field en el tema de cómo prevenir el lavado de dinero. La pregunta que se deben hacer los ciudadanos europeos es: ¿por qué Europa ataca a naciones más pequeñas cuando nosotros no hemos podido prevenir el delito?
Finalmente, la ingenuidad de nuestros gobiernos.
Las empresas francesas se ganan contratos en Panamá y acá presumimos que son éticas. Sepa el lector que la francesa Alstom, aquella que alegremente suple los trenes del Metro de Panamá, aceptó -en 2014- ante un juzgado en Estados Unidos haber pagado más de 75 millones de dólares en sobornos a funcionarios en diversos países y tuvo que pagar una multa de 770 millones de dólares (la más alta hasta esa fecha de una empresa procesada por corrupción en Estados Unidos bajo el Foreign Corrupt Practices Act). Es más, en diciembre de 2018, en Inglaterra, Alstom fue multada con 18 millones de libras por dar sobornos en Lituania. ¿Coincidencia o modus operandi? Usted decida.
El nuevo gobierno panameño debe darse a respetar, de inmediato, con un claro mensaje al Gobierno francés: no nombraremos a un embajador en París hasta que nos saquen de su lista de paraísos fiscales.
El autor es abogado