Les relato una historia personal: cuando era muy joven y apenas comenzaba mi carrera profesional, un médico me recetó unas medicinas (seguramente eran antibióticos). Como en ese momento ya era asalariado y, por consiguiente, pagaba cuotas del Seguro Social, se me ocurrió ir a pedirlas a la farmacia de la Caja de Seguro Social que quedaba en la planta baja de la policlínica de Calle 17 Oeste.
La farmacia, cuando llegué, estaba atiborrada de asegurados. La mayoría de la gente era muy mayor, y en algunos se podía percibir sus dolencias. Poco a poco me fui metiendo entre la apretujada multitud que reclamaba sus medicinas de manera desordenada, y muchos lo hacían a gritos, ante la frustración de que se acabara el inventario de los medicamentos que pedían.
Finalmente quedé contra el mostrador y, después de un largo rato, el funcionario me entregó mi medicamento. Al salir de allí – tengo que confesar - me mataba el sentimiento de culpabilidad. Sentí que le había robado una oportunidad a otro asegurado que tenía más necesidad que yo. En ese momento yo estaba ganando un buen salario, tenía un Toyota Corolla, último modelo, no tenía hijos ni esposa (y tampoco divorcios), y vivía con unas tías solteronas que no necesitaban que yo les aportara un real para el mantenimiento de su casa.
El dinero que ganaba era prácticamente para mí, para salir con alguna amiga o para parrandear, y algo para ahorrar. Lo cierto es que el argumento de que yo tenía “derecho” se desmoronó ante la realidad que viví ese día en la farmacia. El Seguro Social era una institución precaria, sin la adecuada administración, y sin los suficientes recursos (y no ha cambiado mucho).
En ese momento comprendí que el pago de las cuotas no era más que un acto de solidaridad a favor de aquellos panameños más necesitados que yo. Entendí que no podía beneficiarme de sus limitados recursos cuando yo podía adquirirlos en un centro privado. En consecuencia, pagué toda mi vida mi cuota de Seguro Social (y la sigo pagando) sin jamás aprovecharme de su suministro de medicinas o de sus servicios médicos, aunque tuviese el derecho a hacerlo. Y así lo hemos hecho muchísimos panameños.
El único beneficio que recibo del Seguro Social es el de jubilación que, por cierto, es mucho menos de lo que siento que me merezco por los aportes que hice por más de 40 años, pero lo acepto. ¿A qué viene este relato? Lo explico: El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) es una institución que fue creada, en primer lugar, para los pobres, para los más necesitados, para los vulnerables.
No se trata simplemente de darle la oportunidad a una persona humilde de contribuir a las necesidades profesionales del país. El Ifarhu es mucho más que eso. Es un nivelador social, es la oportunidad que tienen muchos panameños de las clases más bajas de tener la oportunidad de escalar social y económicamente. En otras palabras, y como dicen los sociólogos, es de movilidad social. De su mística, de su filosofía y los principios que inspiran al Ifarhu brota la solidaridad. Es permitirle a aquel panameño (a), sin recursos económicos, pero talentoso, estudioso, responsable, disciplinado, honesto, escalar a una mejor calidad de vida y, de paso, aportar al desarrollo del país.
Para el país es ganar-ganar. Y esto no es retórica romántica. Toda la legislación del Ifarhu lo confirma. El artículo 5to de su Ley Orgánica señala que la política para la selección de los beneficiarios “…se haga exclusivamente con base en su mérito personal y en la insuficiencia de recursos económicos para los estudios de que se trate”.
El artículo 7mo de esa misma ley señala que para obtener un préstamo u otro beneficio del Ifarhu se requiere “Comprobar la necesidad de recursos económicos para los estudios que se pretenda efectuar”. El artículo 23, que se refiere a funcionarios públicos, señala “El Instituto dará atención inmediata a la ayuda económica…”.
Esta regla también es confirmada por el Reglamento de Becas, Asistencias Económicas y Auxilios Económicos que, en su artículo 2, expresa que los aportes económicos no reembolsables se destinarán a la “población vulnerable y en riesgo”. Es más, en el artículo 8 de este Reglamento se establece que “En igualdad de circunstancias o de méritos se preferirá a los económicamente más necesitados”.
Y con respecto al programa de Auxilios Económicos, la Reglamentación expresamente señala que los beneficios deben recaer sobre “los estudiantes de escasos recursos de universidades privadas”. Y para rematar, sobre los Auxilios Económicos, termina diciendo “…Para la evaluación y el otorgamiento de este beneficio el solicitante deberá sustentar la necesidad económica o académica.”
Un desalmado, un tal Meneses, que dirigía el Ifarhu, y que había sido director de la juventud del Partido Revolucionario Democrático (PRD), con la complicidad del contralor de la República, de manera arbitraria, con absoluta desviación de poder, inventó que la preposición “o” era, en este caso, alternativa, y, por consiguiente, le podía dar el auxilio a quien él le diera la gana, en contra de la abrumadora legislación que indicaba la obligación de sustentar la necesidad económica del peticionario.
De la noche a la mañana ese orgullo y confianza que sentíamos por esta Institución se volvió añicos. Un grupo de panameños, indolentes y miserables, por decir lo menos, que no tienen la menor idea de lo que es la solidaridad social, han tomado ventaja para prácticamente saquear los fondos del Ifarhu como si fuera un botín, despojando a los más humildes de esa oportunidad de mejorar su calidad de vida y de beneficiar al país con su preparación profesional.
Al observar la lista aparecen parientes de la casta política gobernante, el PRD, tales como ministros, diputados, etc. Son 140 millones de dólares que no llegaron a los pobres, ni les llegarán jamás. El presidente dijo públicamente que los auxilios económicos pasarían a ser préstamos, pero como ha prometido muchas veces, nunca cumple.
La oportunidad la tiene la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para que declare nulos aquellos contratos (auxilios económicos) sin ninguna justificación de necesidad económica. Esto daría lugar a exigirles a los beneficiarios que devuelvan los dineros (afortunadamente la extinción de la acción para solicitar el reembolso es de 15 años), y de no hacerlo, encausarlos por el delito de enriquecimiento sin causa. De no hacerlo, como dice un amigo, es mejor que apaguemos las luces y nos vayamos.
El autor es abogado
