Las consultoras de gestión que operan simultáneamente para gobiernos y empresas privadas enfrentan un inherente conflicto de intereses, ya que pueden aprovechar su acceso a información gubernamental privilegiada para beneficiar a sus clientes corporativos, socavando regulaciones y principios democráticos. Este fenómeno, aunque poco visible, ha sido expuesto en casos emblemáticos, como el de las “Cuatro Grandes” firmas de auditoría (Deloitte, EY, KPMG y PwC) en el Reino Unido. En 2013, una investigación del comité de cuentas públicas británico reveló que estas firmas habían participado en la redacción de normativas fiscales mientras asesoraban a empresas para evadir impuestos mediante prácticas como los precios de transferencia, que manipulan transacciones entre filiales para desviar ganancias a paraísos fiscales. KPMG, por ejemplo, redactó leyes como el «Patent Box» (beneficios fiscales por patentes) y luego las promocionó entre sus clientes. La diputada Margaret Hodge denunció esta doble función como un “síndrome de cazador furtivo convertido en guardabosque”.
Este caso ilustra cómo las consultoras pueden utilizar su conocimiento sobre legislación fiscal para ayudar a clientes a evadir impuestos, socavando las normas democráticas que regulan las empresas. En economías avanzadas, los impuestos no solo son una fuente de ingresos públicos, sino también una herramienta para redistribuir valor en la sociedad. Países como los escandinavos fundamentan su fiscalidad en el principio de equidad, donde quienes más tienen comparten su riqueza. Este enfoque contrasta con las prácticas de consultoras que buscan minimizar cargas impositivas sin considerar el impacto social más amplio.
El papel de las consultoras en la fuga de capitales desde África ha sido analizado en el libro On the Trail of Capital Flight from Africa, de los economistas Léonce Ndikumana y James K. Boyce. Los autores destacan cómo estas firmas, junto con bancos, instituciones financieras globales, firmas de auditoría, empresas de contabilidad y abogados, actúan como facilitadoras clave en este proceso. En países como Angola, Sudáfrica y Costa de Marfil, se estima que, en las últimas cuatro décadas, se han perdido 487,000 millones de dólares debido a fugas de capitales. Las consultoras no solo facilitan estas prácticas, sino que también las legitiman al brindar un respaldo técnico y legal a las acciones de sus clientes, lo que tiene profundas implicaciones para el desarrollo económico del continente africano.
Además de su papel en la evasión fiscal y la fuga de capitales, las consultoras también han impulsado reestructuraciones estatales basadas en una ética de mercado corporativo, que suelen traducirse en despidos, precarización laboral y recortes salariales. En Estados Unidos, McKinsey recomendó al servicio postal reemplazar empleados sindicalizados por trabajadores temporales, debilitando sus derechos. En Canadá, consultoras impusieron modelos de gestión ultra-austeros en hospitales, cronometrando tareas hasta el absurdo, sin asumir responsabilidad legal por los daños causados.
Estas prácticas no son aisladas, sino que forman parte de un patrón histórico en el que las consultoras actúan como facilitadoras y legitimadoras de decisiones dictatoriales que empeoran las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores. Este enfoque ha llevado a una creciente desconfianza hacia estas firmas, que son percibidas como agentes que priorizan los intereses corporativos de las autocracias sobre el bien público y una democracia participativa.
Las consultoras de gestión que sirven simultáneamente a gobiernos y empresas privadas enfrentan un conflicto de intereses que puede socavar las normas democráticas y los principios de equidad. Ya sea a través de la evasión fiscal, la fuga de capitales o la implementación de reestructuraciones de deuda pública o el tamaño del Estado, estas firmas han desempeñado un papel clave en prácticas que benefician a sus clientes corporativos a expensas del interés público. Este fenómeno subraya la necesidad de exigir la misma transparencia y regulación en el sector de la consultoría que se le exige en Panamá a las ONG y los sindicatos de Panamá, para garantizar que su trabajo no comprometa los principios democráticos y el bienestar social panameño.
El autor es médico sub especialista.
