Para analizar con profundidad la crisis ocurrida en el edificio Hatillo, es indispensable despojarse de las narrativas oficiales que intentan criminalizar la protesta social. El núcleo del conflicto es de una simplicidad legal absoluta: un grupo de extrabajadores municipales exige el pago de la prima de antigüedad y de las vacaciones acumuladas, de las cuales son acreedores tras culminar suse funciones dentro de la comuna capitalina. Estos emolumentos no constituyen bonos discrecionales, regalos políticos ni prebendas negociables; son derechos adquiridos, devengados minuto a minuto a través del esfuerzo físico e intelectual de los trabajadores y consagrados de forma específica por la legislación vigente, como lo demuestran innumerables fallos de nuestra jurisprudencia.
La retención prolongada de estos pagos ya representa, en sí misma, una forma de violencia pasiva por parte del empleador público. Hablamos de familias que dependen de ese capital para cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, vivienda y educación en un contexto económico complejo. Que un ciudadano tenga que lanzarse a las calles o encadenarse a las puertas de una institución para exigir lo que por ley le pertenece es el primer indicador de un sistema burocrático indolente.
Sin embargo, que la respuesta institucional a esa desesperación sea el despliegue de agentes de seguridad y la dispersión mediante la violencia y el uso de la fuerza cruza una línea ética intolerable en un Estado de derecho.
La estrategia retórica de la Alcaldía tras la represión ha seguido el manual clásico del autoritarismo burocrático: culpar a las víctimas y justificar su accionar violento, intentando posicionar la matriz de que los manifestantes “alteraron el orden público” o “actuaron bajo agendas de agitación política”. Este argumento es una falacia insostenible. El orden público no se defiende agrediendo a ciudadanos desarmados; muy por el contrario, se preserva garantizando la justicia social que evita, precisamente, que los ciudadanos tengan que recurrir a la protesta extrema.
Cuando la defensa burocrática de una gestión presupuestaria se cobra la salud cognitiva de un trabajador desarmado, la administración pierde de inmediato legitimidad moral para gobernar.
La seguridad de las instalaciones de la Alcaldía jamás estuvo en riesgo real por la presencia de extrabajadores portando pancartas y consignas. Lo que realmente estuvo en riesgo, y terminó por desplomarse, fue la fachada de una administración municipal que se autoproclama cercana al ciudadano. Un liderazgo local que necesita escudarse detrás de la violencia física para no dar la cara a sus antiguos trabajadores carece de la solvencia moral necesaria para dirigir los destinos de la principal urbe del país.
Desde la perspectiva de la filosofía política y la teoría del Estado de bienestar, lo ocurrido es un reflejo de la deshumanización de las instituciones públicas. Al respecto, en una de mis lecturas más recientes, cito la obra cumbre Teoría de la justicia, del filósofo John Rawls, quien acuñó la premisa: “La justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Para Rawls, las estructuras institucionales no deben aspirar simplemente a la eficiencia macroeconómica o al orden penal o sancionador; su fin supremo es la equidad y la protección de las bases sociales del autorrespeto.
Y es que, cuando una institución prioriza otras partidas presupuestarias alejadas del bien común o se escuda en la “falta de liquidez” para postergar indefinidamente los pagos de sus trabajadores, subvierte por completo este orden ético.
La burocracia no puede convertirse en un agujero negro donde la dignidad humana desaparece detrás de trámites interminables y firmas ausentes. El dinero para las prestaciones de los trabajadores no es un excedente del presupuesto que se paga “cuando se puede” o “cuando me venga en ganas”; muy por el contrario, es una obligación preferente, un gasto rígido que debió estar reservado y garantizado desde el momento mismo en que se planificó la desvinculación del personal.
Un Estado de bienestar que relativiza sus obligaciones transforma los derechos inalienables en dádivas asistenciales que expropian al ser humano de su propia narrativa.
Lo ocurrido en el Edificio Hatillo ha dejado una marca indeleble de intolerancia. El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo deben intervenir de oficio, de manera urgente, para identificar y procesar tanto a los autores materiales de la agresión como a las autoridades políticas que dieron la orden de reprimir.
La ciudadanía panameña no puede normalizar la represión como mecanismo legítimo para resolver los conflictos o las controversias laborales. Hoy son los extrabajadores municipales; mañana puede ser cualquier otro sector de la sociedad civil exigiendo salud, agua o educación.
El silencio, personal o colectivo, ante la agresión nos vuelve cómplices de la pérdida de nuestras libertades fundamentales. Es imperativo recordar a quienes temporalmente ocupan los cargos públicos que el poder emana del pueblo y está para servirle, no para garrotearlo. Los derechos laborales se respetan, se pagan y se defienden; jamás se reprimen con violencia.
El autor es exministro de Trabajo y especialista en Normas del Trabajo de la OIT.
