El debate sobre los descuentos a jubilados, pensionados y adultos mayores ha vuelto a cobrar vigencia con la aprobación del Proyecto de Ley 226. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ha solicitado al presidente José Raúl Mulino que lo vete, advirtiendo sobre su impacto en las empresas y su sostenibilidad fiscal.
Estoy a favor de estos descuentos. Creo que cumplen una importante función social, especialmente para quienes dependen de una pensión que muchas veces resulta insuficiente frente al costo de vida.
Pero la Cámara plantea una pregunta legítima: ¿quién los paga y cómo hacemos para que sean sostenibles?
No parece justo que un restaurante, una farmacia o una pequeña empresa tenga que financiar de su bolsillo una política social establecida por el Estado. Si los descuentos son reconocidos mediante créditos fiscales, el costo se traslada al Estado.
Y el dinero del Estado también es nuestro dinero.
Por eso creo que hay dos preguntas fundamentales:
¿Cuánto cuestan los descuentos y cuánto producen?
Más de 800,000 beneficiarios potenciales
Según las proyecciones del INEC para 2026, Panamá tiene aproximadamente 322,280 hombres de 60 años o más y 493,282 mujeres de 55 años o más.
Son 815,562 personas, alrededor del 18% de la población, dentro de esos rangos de edad. El universo podría ser algo mayor porque el proyecto también contempla a jubilados y pensionados independientemente de su edad.
Un sencillo ejercicio permite dimensionar el posible costo. Si el descuento utilizado promediara $50 mensuales por persona y todos esos potenciales beneficiarios lo utilizaran, serían aproximadamente $489 millones anuales. Con $75 mensuales serían $734 millones.
No estoy diciendo que ese vaya a ser el costo. Son escenarios matemáticos, no estimaciones del gasto real.
Pero precisamente ahí está el problema: no deberíamos tener que adivinarlo.
Una política pública que puede alcanzar a más de 800,000 personas debería venir acompañada de una estimación clara de cuánto cuesta.
El jubilado también consume
Hasta aquí solamente hemos visto una mitad de la ecuación.
Un jubilado que consume $30 en un restaurante recibe un descuento del 25%: $7.50. Si está acompañado por otras tres personas que consumen lo mismo, la mesa representa $120 de consumo antes del descuento, mientras el beneficio correspondiente a un solo jubilado es de $7.50.
No significa que todos los jubilados salgan acompañados. Es simplemente un ejemplo de que el costo del descuento no siempre cuenta toda la historia comercial. Los comercios gastan dinero en promociones y programas de fidelidad precisamente para atraer consumidores.
Pero existe una dimensión mucho mayor para Panamá: los retirados extranjeros.
Una industria que quizás no hemos aprendido a medir
Panamá lleva décadas posicionándose como uno de los destinos más atractivos para retirarse: clima, dólar, conectividad aérea, hospitales privados, playas, montañas y un programa migratorio atractivo para pensionados.
Los descuentos forman parte de ese paquete.
Se ha estimado que alrededor de 50,000 retirados extranjeros viven en Panamá y que su gasto promedio ronda los $3,000 mensuales. No son cifras oficiales consolidadas y deben tratarse como estimaciones.
Pero el ejercicio resulta interesante:
50,000 × $3,000 × 12 meses = $1,800 millones anuales.
Si las estimaciones están razonablemente cerca de la realidad, hablamos de unos $1,800 millones al año circulando en nuestra economía, provenientes principalmente de pensiones, ahorros e inversiones generados fuera de Panamá.
Ese dinero paga viviendas, supermercados, restaurantes, seguros, médicos, automóviles y numerosos servicios.
No podemos calcular simplemente el 7% como ITBMS porque alimentos, medicamentos, servicios médicos y otros rubros tienen exenciones. Pero muchos bienes y servicios sí están gravados. Como referencia, durante 2025 la DGI recaudó aproximadamente B/.1,502 millones en ITBMS sobre ventas e importaciones.
El impacto económico tampoco termina en el consumo.
También compran viviendas
Según datos divulgados por Indesa Capital, durante 2025 los extranjeros adquirieron aproximadamente $841 millones en residencias de más de $120,000 en Panamá.
No podemos atribuir esos $841 millones exclusivamente a retirados, pero forman parte de esa demanda extranjera.
CAPAC ha señalado que la construcción representa alrededor del 10.4% del PIB y genera más de 206,000 empleos directos.
Detrás de una vivienda hay albañiles, plomeros, electricistas, ingenieros, arquitectos y proveedores; también bancos, aseguradoras, abogados y corredores. Después vienen muebles, electrodomésticos, mantenimiento y otros servicios.
El retirado extranjero no solamente consume. Trae capital y ayuda a generar empleo.
¿Cuánto vale un retirado para Panamá?
Esta quizás sea la pregunta más importante.
Si utilizamos como ejercicio los 50,000 retirados y $3,000 mensuales de gasto, obtenemos $1,800 millones al año.
Si Panamá lograra atraer otros 10,000 con características similares, representarían potencialmente $360 millones adicionales de consumo anual.
Y no son turistas que permanecen una semana. Un retirado puede vivir aquí diez, veinte o treinta años.
Quizás deberíamos considerar esta actividad como una especie de exportación de servicios, con una diferencia interesante:
en lugar de enviar nuestro producto al extranjero, traemos al consumidor a Panamá.
Viene con su pensión, sus ahorros y, en muchos casos, su capital.
Visto así, los beneficios que ofrecemos a los retirados extranjeros no son solamente un gasto. También forman parte de nuestra estrategia para competir internacionalmente por atraerlos.
Pero estar a favor de los descuentos tampoco significa entregar un cheque en blanco.
La tecnología permite poner límites
Un sistema digital vinculado a la cédula o al documento migratorio podría registrar cada descuento y establecer límites mensuales o anuales para determinadas categorías de consumo recurrente. Medicamentos, hospitalizaciones y otros servicios esenciales podrían tener un tratamiento diferente.
La tecnología ya existe. Incluso la inteligencia artificial podría ayudar a detectar duplicidades o abusos.
Pero la principal ventaja sería mucho más sencilla:
sabríamos cuánto cuesta.
Conoceríamos cuántas personas utilizan los descuentos, cuánto reciben y cuánto representan los créditos fiscales. Podríamos presupuestarlos, fiscalizarlos y ajustarlos.
Medir un beneficio no significa eliminarlo. Significa administrarlo responsablemente.
Hagamos las cuentas completas
Los adultos mayores merecen protección. Los comerciantes no deberían cargar solos con el costo de una política social. Y el Estado tiene la obligación de conocer cuánto cuestan los beneficios que concede.
Pero Panamá también debería saber cuánto produce la actividad económica de los retirados extranjeros que escogen nuestro país para vivir.
El MEF debería publicar cuánto representan actualmente estos créditos fiscales y cuánto estima que costarán las modificaciones propuestas.
Y junto con Migración, el INEC, la ATP y el sector privado deberíamos responder una pregunta:
¿Cuánto vale económicamente para Panamá atraer a un retirado extranjero?
No se trata de escoger entre jubilados, comerciantes o Estado. Se trata de proteger al adulto mayor, controlar el costo y comprender que atraer personas que traen sus pensiones, ahorros e inversiones puede ser también una estrategia de desarrollo económico.
Porque quizás la pregunta correcta no sea solamente cuánto nos cuestan los descuentos.
Quizás también deberíamos preguntarnos cuánto nos producen.
El autor es empresario, consultor, Caballero de la Orden de Malta.
