Los altos salarios en diversos cargos públicos en Panamá son una realidad con la que convivimos los panameños desde hace décadas. Esto abarca tanto los cargos designados directamente así como aquellos obtenidos mediante voto popular. Sin embargo, los altos sueldos pagados a personas que han ganado sus puestos a través de concursos públicos son cada vez más escasos. Esta situación parece haberse normalizado en la sociedad panameña, hasta el punto de considerarse justificada.
Algunos cargos públicos conllevan una gran responsabilidad y deben ser ocupados por personas altamente calificadas. Sin embargo, otros cargos pueden ser ocupados debido a conexiones personales o amistades. No debe confundirse el significado de mis palabras: un salario alto, además de las otras prerrogativas a las que se tiene derecho, está acompañado de la responsabilidad, prestigio y profesionalismo del cargo. En muchas ocasiones, estas cifras son necesarias para hacer atractivo el puesto público, atraer a más personas interesadas en la carrera pública y fomentar la preparación para estos cargos.
No obstante, no podemos ignorar la realidad de que la política debe ser un servicio para la sociedad y no una herramienta para beneficio personal. Este servicio debe estar guiado por una vocación de ayuda y compromiso con el bienestar colectivo, por encima de los intereses individuales.
Recientemente, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) intentaron aumentar sus salarios; sin embargo, esta iniciativa fue rechazada por el nuevo Contralor. No obstante, existe la posibilidad de que esta medida sea imitada por funcionarios de otros órganos e instituciones del Estado en un futuro próximo.
Es importante abordar la cuestión de los altos salarios sin entrar en polémicas sobre su justificación o el valor que aportan las personas que los perciben. En Panamá, no disponemos de una legislación que permita a cualquier funcionario público, ya sea de carrera, electo por voto popular o nombrado discrecionalmente, tomar decisiones contrarias con respecto a su remuneración. Actualmente, no existe normativa o mecanismo que posibilite a dichos funcionarios optar por reducir su salario, donarlo o mantener su cifra original sin incrementos.
Necesitamos un mecanismo legal que permita a las personas renunciar, reducir o donar su salario de manera rápida y sin burocracia. En muchos países, es común que funcionarios donen su salario a becas, hospitales o comedores infantiles, o que el dinero regrese al Tesoro Nacional. Esto permite que quienes deseen servir a la sociedad lo hagan sin recibir remuneración. También es necesario facilitar que si alguien gana $10,000 y su salario se incrementa a $14,000, pueda optar por no cobrar los $4,000 adicionales, o que la Contraloría los destine directamente a instituciones como el Hospital del Niño. En varios países, los funcionarios públicos pueden tomar esta decisión llenando un sencillo formulario de recursos humanos.
En última instancia, estas decisiones son de índole moral, es decir, cada persona las toma de forma libre según su conciencia y su vida privada. No obstante, ya es momento de que existan leyes en Panamá que regulen y faculten estas situaciones. En otros países, los presidentes renuncian a parte o la totalidad de sus salarios, los diputados perciben un salario mínimo, renunciando al excedente, y los directores de instituciones autónomas reducen sus sueldos. El dinero restante se entrega directamente por el Estado a la causa benéfica determinada, ya sea pública o privada, o simplemente se transfiere al erario.
Al final, esta es una decisión completamente moral y personal, y puede tener tanto defensores como detractores. Sin embargo, es necesario regular la conducta ética de aquellos funcionarios públicos que no requieren salarios elevados para vivir, o que desean retribuir a la sociedad con más que simplemente ocupar un cargo público. Por lo tanto, es esencial promulgar una ley que regule estas situaciones, donde los funcionarios estén dispuestos a reducir sus salarios o destinar parte de ellos a áreas de necesidad. Debemos abogar por una regulación más estricta y transparente de los salarios en el sector público para asegurar que la política sea un verdadero servicio a la sociedad.
El autor es abogado.
