Varios y violentos grupos ideológicos, aprovechando la coyuntura política y el rechazo que generaba el gobierno de turno en el año 2023, se activaron en protestas apoyadas en falsos conceptos, esbozados y repetidos como rezos religiosos contra la industria minera, logrando cerrar calles, carreteras, obras, escuelas y toda actividad económica en el país, además de provocar la afectación de derechos constitucionales de los ciudadanos, como el libre tránsito, el derecho al trabajo, entre otros.
Muchos de estos grupos e individuos contaban con apoyo en distintos ámbitos por parte de gobiernos afines a su ideología. Contradictoriamente, en aquellos países de donde provenían las directrices ideológicas y otros apoyos logísticos, la minería se desarrollaba —y aún se desarrolla—, aunque ni en sus mejores estándares podría compararse con el proyecto minero que cuestionaban: Cobre Panamá, de Minera Panamá.
Veamos en esta ocasión el ejemplo de Venezuela, no sin antes recalcar que en Panamá los proyectos mineros son sometidos a una estricta evaluación a través de los Estudios de Impacto Ambiental, a los cuales se les da seguimiento mediante inspecciones y auditorías de diversas instituciones, comenzando por el Ministerio de Ambiente, la Caja de Seguro Social y los ministerios de Salud y Trabajo, así como por organizaciones y grupos independientes, nacionales e internacionales.
En la patria de Bolívar, especialmente en el Arco Minero del Orinoco, la explotación de oro y otros minerales se viene desarrollando desde hace años por una mezcla de grupos criminales, guerrillas y sectores de las fuerzas de seguridad. El sistema ha funcionado como una economía ilegal organizada, caracterizada por el control territorial armado, donde se combinan bandas criminales locales, conocidas como “sindicatos”; guerrillas colombianas, como el Ejército de Liberación Nacional; disidencias de las FARC, además de redes criminales regionales y grupos paramilitares.
Los mineros podían extraer oro solo si pagaban cuotas a estas organizaciones, que oscilaban entre el 30% y el 50% de lo producido, a cambio de protección. En muchas zonas, unidades militares o funcionarios de seguridad permitían las operaciones a cambio de dinero o parte del oro. El propio Estado creó unidades especiales, como el grupo de protección del Arco Minero, con presencia del ejército y organismos de seguridad en estas áreas.
En cuanto al aspecto ambiental, el mineral se procesaba en plantas rudimentarias o molinos, utilizando mercurio sin ningún tipo de control, planificación ni fundamento científico. Cabe destacar que ningún proyecto minero en Panamá, y por ende Cobre Panamá, ha utilizado mercurio en sus operaciones ni contempla su uso en ninguna de las etapas del proyecto. Estas prácticas clandestinas en la selva han provocado contaminación de ríos y comunidades, situación que es medible y verificable con parámetros reales.
Este desastre ha sido documentado en innumerables videos disponibles desde hace años en diversas plataformas. Sin embargo, los mismos grupos en Panamá, afines al gobierno que estuvo en el poder hasta el 3 de enero, nunca se pronunciaron sobre esta situación en Venezuela. Ese silencio contrasta con la intensidad de sus críticas a la actividad minera en Panamá.
En el caso panameño, se sostiene que los parámetros ambientales son verificables, como reflejan los datos de auditorías del Ministerio de Ambiente. Según estos informes, los resultados han sido satisfactorios, gracias a la operación de minado y los procesos metalúrgicos con tecnología de punta, mediante flotación, sin uso de mercurio ni cianuro. Tras el cierre de operaciones, los trabajos de mantenimiento y conservación han permitido mantener condiciones que, según el autor, cumplen con estándares internacionales en la industria minera.
Mientras tanto, el parlamento venezolano debate nuevas reglas para incentivar la inversión extranjera en el sector minero, con el objetivo de desarrollar una actividad que Panamá ya mantenía de forma sostenida durante más de cinco años. En contraste, en Panamá persisten posturas que buscan frenar la actividad minera, lo que impacta a trabajadores, proveedores, comunidades y a la economía en general.
En otra oportunidad se podrán analizar experiencias de minería en otros países de la región. Por ahora, la invitación es a reflexionar sobre las diferencias entre contextos donde la actividad se desarrolla sin controles y aquellos donde se aplican regulaciones más estrictas, y sobre cómo estas realidades influyen en el debate público.
Acta non verba.
El autor es ingeniero de minas.
