Quiero aclarar antes que nada que fui juez de paz del corregimiento de Cristóbal Este, en Colón, desde el año 2018 hasta junio de 2021. Por lo tanto, conozco de primera mano la realidad de los jueces de paz.
Los jueces de paz en Panamá cumplen un rol fundamental en la administración de justicia comunitaria, siendo responsables de la resolución de conflictos de menor cuantía y de la aplicación de medidas de convivencia ciudadana. Sin embargo, a pesar de la importancia de su labor, enfrentan serias deficiencias que afectan su desempeño y limitan la eficacia del sistema de justicia de paz. Entre los principales problemas se encuentran la falta de insumos e infraestructura adecuada, los bajos salarios, las falencias en la legislación, el hecho de depender de los municipios y la escasa colaboración del Ministerio Público.
Uno de los problemas más graves que enfrentan los jueces de paz en Panamá es la falta de recursos e insumos para desempeñar sus funciones. Esta precariedad no solo dificulta la gestión administrativa, sino que también impide una adecuada documentación de los casos, afectando la transparencia y el seguimiento de los procesos. La falta de inversión en estos aspectos refleja el escaso interés de las autoridades en fortalecer la justicia comunitaria.
Además, la infraestructura de los juzgados de paz es deficiente en muchas regiones del país. Algunos despachos operan en instalaciones improvisadas que no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y comodidad para los funcionarios y usuarios del sistema. En áreas rurales y comunidades apartadas, la situación es aún más crítica, con oficinas sin acceso a servicios básicos como electricidad, internet o incluso agua potable. La carencia de espacios adecuados compromete la privacidad y la dignidad de los procesos judiciales, lo que a su vez afecta la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia de paz.
Otro problema importante es la baja remuneración de los jueces de paz. A pesar de la responsabilidad que implica su cargo, sus salarios son insuficientes en comparación con otros operadores de justicia. Esta precariedad salarial no solo desmotiva a los funcionarios, sino que también los hace vulnerables a presiones externas e influencias indebidas, poniendo en riesgo la imparcialidad de sus decisiones. Un sistema judicial sólido requiere que sus operadores cuenten con condiciones laborales dignas que les permitan desempeñarse con independencia y profesionalismo.
En cuanto al marco legal, la legislación que regula la justicia de paz presenta falencias que dificultan su aplicación efectiva. Existen vacíos normativos y ambigüedades que generan interpretaciones diversas y, en algunos casos, contradicciones con otras normas del sistema judicial panameño. La falta de una reglamentación clara y detallada afecta la seguridad jurídica y la uniformidad en la aplicación de la ley, generando incertidumbre tanto para los jueces como para los ciudadanos.
Otro aspecto preocupante es la injerencia política de los municipios en la labor de los jueces de paz. Dado que estos funcionarios son nombrados y dependen administrativamente de las alcaldías, muchas veces enfrentan presiones políticas que comprometen su independencia. Esta situación puede llevar a decisiones arbitrarias, influenciadas por intereses particulares o partidistas, en lugar de estar basadas en la ley y la justicia. La dependencia de los jueces de paz respecto a las autoridades municipales pone en entredicho la imparcialidad del sistema y refuerza la necesidad de reformas estructurales para garantizar su autonomía.
Es necesario que el Estado invierta en mejorar la infraestructura, los insumos y las condiciones laborales de estos funcionarios, así como en reformar la legislación para hacerla más clara y efectiva. Y, sobre todo, reducir la injerencia política de los municipios para garantizar que la justicia de paz sea verdaderamente independiente y equitativa. Sin estas mejoras, la justicia de paz seguirá siendo un eslabón débil dentro del sistema judicial panameño.
La autora es abogada.
