La justicia en Panamá casi siempre ha sido una quimera. Jueces y magistrados tienen deberes perfectamente definidos en la ley y la Constitución, pero en la práctica, su ejercicio ha carecido de rumbo y de valentía, en especial en los casos de corrupción, en los que hay involucrados políticos o sus allegados. Por ello, con cada fallo, los ciudadanos fuimos perdiendo la fe en la justicia. Si con el caso de los pinchazos tocamos una suerte de fondo, con ello también se esfumó la poca credibilidad que quedaba.
La sentencia de Baloisa Marquínez ha abierto una ventana de optimismo al país cuando muchos dimos por perdidas las batallas de la justicia. Después de décadas de impunidad, de los millones robados a los panameños, de los crímenes sin castigo, de las condenas en tribunales extranjeros que acá se transformaban en absoluciones, una jueza ha tenido la valentía de condenar al más notorio y cínico de los bucaneros criollos. Ni las amenazas ni el chantaje ni los maletines fueron capaces de doblegar el brazo de la justicia y por ello nace el merecido reconocimiento que los ciudadanos tributamos a Marquínez.
El camino no es fácil. Hay poderes económicos y especialmente políticos que no se quedarán de brazos cruzados. Nos corresponde a los ciudadanos salir a la defensa de los funcionarios judiciales que se atreven a desafiar y castigar a los corruptos. Un precio muy alto han pagado las y los fiscales que con anterioridad intentaron frenar la impunidad, a pesar de la contundencia de las pruebas y de lo burdo de los delitos cometidos. Esta batalla es cuesta arriba y los jueces y fiscales decentes y valientes deben sentirse respaldados por un pueblo harto de lo glotonería política y de los carteristas de cuello blanco.
Si el reinado de la impunidad tiene desde ahora sus días contados, Panamá repuntará, sin duda alguna, en materia económica; su credibilidad local e internacional aumentará exponencialmente; y el dinero que se necesita para sacar de la pobreza a cientos de miles de compatriotas se destinará a mejores usos y no al bolsillo particular de unos cuantos. No debemos olvidar que la corrupción nunca desaparecerá. Si fuéramos ángeles, no necesitaríamos gobiernos. Es por ello que existe un órgano del Estado cuyo deber es sancionar a los infractores de la ley.
Mientras la ley no sea retorcida para favorecer a delincuentes; mientras haya sanciones ejemplares para corruptos y delincuentes; mientras se modernice y profesionalice a los funcionarios de la ley; mientras los procesos judiciales sean transparentes e imparciales; mientras la justicia sea independiente y alejada de la manipulación, jueces y magistrados tienen asegurado el apoyo de los ciudadanos decentes de este país, incluyendo medios de comunicación, que –como este– aspiramos a un país para todos los panameños, y no para un puñado de usurpadores que destruyen el buen nombre de la justicia en Panamá.
Los panameños hemos pagado un alto precio por nuestra democracia, pero el costo ha sido aún más alto al descuidar nuestros deberes como custodios de esa democracia. Esperamos que esta renovada Corte Suprema de Justicia nos devuelva la fe perdida, algo que empezamos a sentir por primera vez en mucho tiempo. Finalmente, sus fallos hablan de verdadera Justicia.