Existe una sensación generalizada entre la población de que los servicios básicos, como la electricidad, el agua potable y las telecomunicaciones, son irregulares, costosos y deficientes. Este descontento responde a que el Estado no ha logrado ofrecer soluciones satisfactorias para mejorar la calidad y accesibilidad de estos servicios esenciales. Le corresponde a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) regular, controlar y fiscalizar estos servicios.
En Panamá, la generación de energía se basa principalmente en hidroeléctricas, que representan alrededor del 60%. Las plantas térmicas que operan con gas y diésel aportan un 35%, mientras que solo el 5% proviene de fuentes renovables como la solar y la eólica. Estos porcentajes pueden variar según factores naturales, como el fenómeno de El Niño, o por fluctuaciones internacionales del precio del petróleo.
La ASEP regula y revisa las tarifas eléctricas considerando costos de generación, transmisión y distribución. Existen tarifas comerciales, industriales y residenciales basadas en el consumo por kilovatio-hora. Las residenciales de bajo consumo reciben subsidios estatales.
El costo del kWh para tarifas residenciales en Panamá ronda los $0.16, mientras en Costa Rica es de $0.12 y en Colombia fluctúa entre $0.13 y $0.15. En México ronda $0.12 y en Brasil puede alcanzar $0.25. Estas comparaciones alimentan el debate sobre competitividad, eficiencia y costo del servicio.
De acuerdo con informes del primer trimestre de 2026 de la ASEP, los usuarios muestran clara insatisfacción con el servicio eléctrico. Las quejas se concentran en altos consumos, discrepancias en facturación, daños a electrodomésticos por fluctuaciones de voltaje y problemas de tensión.
La crisis actual del agua potable no es una sorpresa, sino el resultado de una ausencia de visión por parte del Estado. La falta de planificación y la poca disposición para atender de manera efectiva el problema han desembocado en una situación crítica que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, como sucede en Los Santos y Herrera.
Esta problemática se ha venido gestando durante años por falta de atención e insuficiente inversión en infraestructura. En vez de priorizar proyectos necesarios para garantizar acceso al agua, recursos públicos se han diluido entre coimas, botellas y despilfarro estatal, dejando desatendida una necesidad básica.
Muchos proyectos para mejorar el suministro han estado encarpetados y su ejecución es baja o inexistente en muchos sectores. Desde hace dos años se estudia la construcción de una potabilizadora en la cuenca del río Santa María para abastecer a Los Santos, Herrera y Veraguas. También existe un plan para rehabilitar acueductos rurales y establecer anillos hidráulicos en Panamá Norte y Este, que ojalá avance de la planificación a la ejecución.
Como respuesta a la crisis en Azuero se perforarán pozos y se construirán tanques de almacenamiento, mientras avanzan soluciones estructurales. Pero cuando las familias deben hervir agua o comprar botellas y garrafones para suplir un servicio deficiente, el costo termina trasladándose al ciudadano.
La designación de un nuevo director para el IDAAN abre expectativas. Ojalá logre producir agua potable en abundancia en todo el territorio nacional.
El sector de las telecomunicaciones, incluidas las conexiones de internet, también recibe bajas calificaciones por parte de los usuarios. Las principales quejas se relacionan con interrupciones, baja velocidad e inestabilidad en las redes, afectando la vida diaria y la productividad.
Es deber impostergable del Estado brindar soluciones efectivas para estos tres servicios básicos, de modo que la calidad de vida de la ciudadanía mejore de forma significativa.
El autor es ciudadano.
