El reciente fraude millonario descubierto en la Dirección General de Ingresos ha estremecido al país. Las cifras impresionan, el escándalo ocupa los titulares y la justicia tendrá la responsabilidad de establecer quiénes participaron y cuáles fueron las responsabilidades individuales.
Pero, una vez que se apaguen las cámaras y otro acontecimiento ocupe la agenda pública, quedará una pregunta mucho más importante que cualquier expediente judicial.
¿Qué lleva a una persona con educación, estabilidad laboral, un buen salario y una posición de confianza a cruzar la línea de la legalidad?
El caso de la DGI debe servir como detonante para una reflexión que Panamá ha postergado durante demasiado tiempo. Porque este no es un hecho aislado ni el primero de su naturaleza. A lo largo de nuestra historia reciente hemos visto desfilar casos de corrupción en distintas instituciones públicas y privadas. Cambian los nombres, cambian las circunstancias y cambian las cifras, pero la pregunta de fondo permanece intacta.
Durante décadas hemos explicado buena parte de la delincuencia desde la pobreza, la desigualdad o la falta de oportunidades. Son factores que, sin duda, influyen en numerosos fenómenos sociales. Sin embargo, este tipo de casos nos obliga a mirar hacia otro lugar.
Aquí no estamos frente a personas empujadas por la necesidad inmediata. Estamos frente a ciudadanos que, en teoría, recibieron educación, tuvieron acceso a oportunidades profesionales y ocuparon posiciones que muchos panameños desearían alcanzar.
Entonces, ¿qué está ocurriendo?
¿Se trata de una presión permanente por sostener un estilo de vida que supera las posibilidades reales? ¿De la búsqueda obsesiva del éxito material? ¿De la convicción de que nunca serán descubiertos? ¿O estamos presenciando una erosión silenciosa de los valores que durante generaciones sostuvieron la convivencia social?
Vivimos en una época en la que el éxito parece medirse cada vez más por lo que se exhibe que por la forma en que se consigue. La riqueza ha pasado a ser, para muchos, un símbolo de reconocimiento social, mientras que el camino recorrido para obtenerla parece importar cada vez menos.
Cuando esa lógica se instala, la ética comienza a convertirse en un obstáculo y no en un principio.
Quizá por eso resulta cada vez más frecuente descubrir que quienes participan en actos de corrupción no son personas sin formación ni oportunidades. Son profesionales, servidores públicos, empresarios, ejecutivos y ciudadanos que conocen perfectamente las consecuencias de sus actos. Personas que tuvieron acceso a aquello que, durante mucho tiempo, consideramos la mejor herramienta para construir una sociedad más justa: la educación.
Y, sin embargo, delinquen.
Eso nos obliga a reconocer una realidad incómoda: el conocimiento, por sí solo, no garantiza la integridad.
Podemos formar excelentes profesionales y, al mismo tiempo, estar fracasando en la formación de ciudadanos.
Por ello, sería un error pensar que este problema encontrará solución únicamente en más controles, más auditorías, más policías, más cárceles o sistemas tecnológicos cada vez más sofisticados. Todo ello es necesario y fortalece la capacidad del Estado para prevenir y detectar irregularidades. Pero ninguna tecnología puede sustituir aquello que debería existir antes de cualquier mecanismo de control: la conciencia.
La honestidad no puede imponerse mediante una ley ni instalarse como un programa informático. Se construye en el hogar, se fortalece en la escuela, se reafirma en la comunidad y encuentra su verdadera dimensión cuando las instituciones premian la integridad con la misma fuerza con la que sancionan la corrupción.
Tal vez el mayor riesgo para Panamá no sea únicamente el dinero que se pierde por la corrupción. El mayor riesgo es que dejemos de sorprendernos cada vez que ocurre un nuevo escándalo y terminemos aceptándolo como una característica inevitable de nuestra realidad.
Ese día habremos perdido mucho más que recursos públicos.
Habremos perdido la capacidad de distinguir entre lo correcto y lo conveniente.
El fraude de la DGI será investigado y, eventualmente, juzgado. Pero el verdadero juicio corresponde a toda la sociedad. Porque, si estos hechos continúan repitiéndose, el problema ya no puede explicarse únicamente por fallas en los controles institucionales.
Será inevitable preguntarnos si también están fallando la familia, la escuela, la universidad, el entorno social y, en definitiva, la forma en que estamos formando a las nuevas generaciones.
¿En qué momento dejamos de formar ciudadanos íntegros para conformarnos con formar profesionales exitosos? Porque un país puede sobrevivir a una crisis económica, pero difícilmente sobrevivirá a una crisis de valores.
¿Qué está pasando con Panamá?
El autor es estratega en tecnología, innovación y transformación digital.
