En muchos debates sobre violencia y crimen, especialmente en países con instituciones débiles, el viejo concepto de anomia de Durkheim sigue cargando con mucho peso.
Cuando las tasas de homicidio aumentan o las pandillas ganan territorio, los comentaristas recurren rápidamente al lenguaje de la “ausencia de normas”, la “descomposición social” o la “patología cultural”. Suena sociológico, incluso científico. Pero si tomamos en serio la criminología contemporánea, este hábito es más un obstáculo que una explicación.
El problema no es que Durkheim estuviera equivocado para su época. Es que su marco de anomia fue diseñado para la Europa de finales del siglo XIX, con Estados relativamente fuertes y datos bastante robustos. Hoy, en sociedades donde las instituciones son frágiles, las estadísticas poco fiables y los delitos económicos —como el robo, el fraude y el lavado de dinero— dominan, simplemente declarar “anomia” explica muy poco. Nos da un diagnóstico moral, pero no una teoría comprobable.
Un mejor punto de partida, especialmente donde el crimen organizado es central, es tratar a los grupos criminales como lo que son: empresas ilegales. Son organizaciones orientadas al lucro, con jerarquías, reglas internas y ascensos basados en méritos, incluso cuando esos “méritos” implican violencia o crueldad.
Sus líderes piensan en términos de costos, beneficios y gestión de riesgos. Desde este ángulo, los enfoques económicos e institucionales del crimen —como la idea de Becker sobre delincuentes racionales que reaccionan a incentivos y oportunidades— ofrecen preguntas más precisas: ¿cómo y en qué condiciones unirse a una pandilla, un cartel o una red de lavado se convierte en una elección racional para individuos con opciones limitadas?
Esto es crucial cuando observamos quiénes son reclutados. Los hombres jóvenes y adolescentes en territorios ya controlados por grupos violentos son desproporcionadamente el objetivo. Las narrativas populistas suelen saltar a explicaciones culturales o morales: “estas comunidades no valoran la vida”, “estos jóvenes no tienen ética”, “su cultura es propensa a la violencia”.
Pero estas afirmaciones ignoran una realidad más simple y más incómoda: instituciones débiles o capturadas han permitido que las organizaciones criminales se conviertan en grandes empleadores y actores de poder. Cuando el Estado no garantiza de manera confiable seguridad, justicia u oportunidades legales, las empresas ilegales intervienen con sus propias “trayectorias profesionales”.
La investigación debería centrarse, por tanto, no en supuestos defectos inherentes de ciertos grupos, sino en el marco de incentivos y oportunidades que vuelve atractivas y viables las carreras criminales. Eso requiere mejores datos, y aquí surge otro problema. En muchos contextos es difícil distinguir si un homicidio está vinculado al crimen organizado o surge de disputas personales. Agrupar todos los asesinatos bajo la etiqueta “violencia” alimenta narrativas mediáticas donde violencia y criminalidad se tratan como intercambiables, creando la ilusión de un gran y homogéneo conjunto de homicidios.
Una vía posible es aprovechar la información que sí tenemos. Por ejemplo, el análisis sistemático de cómo fueron heridas las víctimas —número, ubicación y tipo de lesiones, uso de armas, patrones de “ejecución”— podría servir como indicador indirecto de profesionalización.
Una cartografía básica de patrones de lesiones, combinada con información sobre lugar, tiempo y dinámicas criminales conocidas, podría ayudar a distinguir violencia altamente organizada y profesional de conflictos interpersonales espontáneos. Este tipo de detalle forense no sustituye el trabajo cualitativo, pero puede generar hipótesis realmente falsables, en lugar de vagas referencias a la “descomposición social”.
La tesis central para el trabajo criminológico futuro en estos contextos debería ser clara: ¿nuestro panorama institucional y económico actual crea un marco estable de incentivos y oportunidades que fortalece a las empresas criminales? Si la respuesta es sí, entonces el debate de políticas debe alejarse del discurso moralizante sobre culturas anómicas y orientarse hacia el diseño de instituciones sólidas y responsables que reconfiguren los incentivos.
Eso significa reducir las ganancias de la actividad criminal, aumentar la credibilidad de las sanciones y ampliar las oportunidades legítimas para que, para quienes están más expuestos al reclutamiento, una carrera criminal deje de ser la opción más racional o accesible.
El autor es abogado.
