Cada persona privada de libertad le cuesta al Estado entre $1,080 y $1,200 al mes, según la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo. Ese sería el costo de cada adolescente que este proyecto envíe a una cárcel. No para rehabilitarse. Para estar preso.
Eso es lo que propone el Proyecto de Ley 539: recluir a adolescentes de 14 a 17 años en módulos separados dentro de centros penitenciarios. Sin contacto directo con adultos, sí, pero dentro de la misma infraestructura carcelaria. No es un centro de rehabilitación. Es una cárcel.
Un avance que Panamá está a punto de revertir
Panamá tiene un dato que pocos conocen: según Luis Zegarro, director de Prevención del Ministerio de Seguridad Pública, la cantidad de menores privados de libertad ha bajado un 50%. Así lo destacó en declaraciones a EcoTV Panamá. Es un avance silencioso, construido con trabajo institucional y con los derechos de los menores como prioridad. El PL 539 lo pone en riesgo.
Lo que dice la ciencia
La evidencia internacional es consistente: encerrar más a los jóvenes no los aleja del delito. Según The Sentencing Project, organización estadounidense de investigación criminal con más de 30 años de trabajo, pasar por un centro de detención no reduce las probabilidades de volver a delinquir; en muchos casos, las aumenta. Un estudio en Ohio encontró que, a mayor tiempo que un joven permanecía encarcelado, mayor era su probabilidad de reincidir. Entre quienes estuvieron 60 meses privados de libertad, el 61% volvió a ser recluido, frente a un 34% entre quienes estuvieron un mes o menos.
La razón tiene base neurológica: según investigadores de la Universidad de Edimburgo, la corteza prefrontal —responsable del juicio y el control de impulsos— no alcanza su madurez completa hasta los 25 años o más. Encerrar a un joven no acelera esa maduración. La interrumpe. Y cuando el Estado abandona a un joven, el crimen organizado no lo abandona: lo recluta.
Quién se beneficia cuando el Estado castiga sin acompañar
Como señala la Dra. Rosaria Correa, miembro experto independiente del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, “cuando el Estado responde solo con castigo, el crimen organizado agradece, porque encuentra un terreno fértil para reclutar a quienes el sistema expulsa o abandona”.
Los adolescentes son blanco preferido porque son vulnerables, maleables y, siendo menores de edad, enfrentan consecuencias legales menores. Y una cárcel no los aleja de esas redes; los introduce en ellas. Es dentro del sistema penitenciario donde esos vínculos se consolidan, porque detrás de cada menor en conflicto con la ley hay, casi siempre, una historia de exclusión, violencia o reclutamiento forzado. Castigarlos sin desmantelar ese sistema es confundir al instrumento con el autor.
Lo que sí funciona
La Convención sobre los Derechos del Niño, que Panamá firmó y está obligada a cumplir, exige que la privación de libertad sea un último recurso. No una respuesta automática al miedo social. Lo que sí funciona es distinto: actuar en las comunidades antes de que el joven tenga su primer contacto con la ley y acompañarlo si ese contacto ocurre, con supervisión, apoyo en salud mental y medidas en las que enfrente las consecuencias de sus actos y repare el daño causado. Unicef documenta programas con estos enfoques en América Latina que han mostrado resultados medibles. Nada de eso requiere una celda.
Panamá ya demostró que puede avanzar. Reducir a la mitad la población juvenil privada de libertad no fue un accidente: fue política pública con sentido. Volver a responder solo con más cárcel y más penas, advierte la dra. Correa, “es el camino más fácil”, y el que la región ya transitó durante décadas, con resultados conocidos.
La pregunta no es si debe haber consecuencias para quienes cometen delitos graves. La pregunta es qué tipo de respuesta del Estado produce ciudadanos y cuál produce más crimen.
La autora es periodista
