Panamá ha entrado en una fase que pone a prueba algo más profundo que su modelo portuario: su madurez como Estado soberano. La declaración de inconstitucionalidad del contrato de concesión de Panama Ports Company no es un gesto político ni una provocación internacional; es el ejercicio legítimo de un país que hace cumplir sus propias leyes.
En ese contexto, las reacciones externas —incluidas advertencias provenientes de autoridades de regiones administrativas vinculadas a China— deben leerse con serenidad, no con temor. Como afirmó el presidente José Raúl Mulino, Panamá es un país digno y soberano, que no se deja intimidar. Y esa afirmación no es retórica: es doctrina constitucional.
La fortaleza panameña no reside en el volumen de su poder, sino en la coherencia entre su institucionalidad y sus actos. Aquí no gobierna el Ejecutivo sobre los tribunales; aquí rige la separación de poderes. La Corte falló y el país acata. Eso es lo que convierte a Panamá en un socio confiable, no en uno débil.
Las informaciones reveladas por Bloomberg, sobre la congelación de conversaciones para nuevas inversiones chinas y el endurecimiento de inspecciones a productos panameños, no deberían sorprender a nadie. Son reacciones previsibles dentro del libreto geopolítico global.
Lo que sí constituiría un error estratégico es interpretar estas acciones como una señal para retroceder, improvisar o diluir decisiones soberanas. Panamá no puede, ni debe, entrar en una lógica de turbulencia geopolítica que no controla ni necesita. Su activo no es la confrontación, sino la firmeza serena.
Declarar un contrato inconstitucional no es un acto hostil contra un país, una empresa o un bloque económico. Es una señal clara de que quien hace negocios bajo el pabellón panameño está sujeto a las leyes panameñas, del mismo modo en que Panamá respeta las leyes cuando opera o invierte en otras jurisdicciones.
Uno de los mayores riesgos en este momento histórico es que el accionar institucional de Panamá sea leído como una postura coyuntural de una administración específica. Esa lectura es incorrecta y peligrosa.
Lo que está ocurriendo no es el capricho de un gobierno, sino la expresión de un Estado que se respeta a sí mismo. La decisión judicial habría sido acatada con la misma firmeza si el fallo hubiese sido distinto. Esa es la señal que debe entender el mundo: en Panamá mandan las reglas, no las presiones.
Precisamente por ello resulta indispensable avanzar hacia un modelo logístico nacional único, articulado y coherente. Un país que ejerce soberanía jurídica debe, al mismo tiempo, ofrecer claridad estratégica. No puede darse el lujo de múltiples narrativas, agendas fragmentadas o mensajes contradictorios hacia inversionistas y socios globales.
En un entorno internacional cada vez más volátil, Panamá no puede gestionar su logística como una suma de decisiones aisladas. La respuesta correcta no es replegarse, sino ordenar, integrar y blindar.
Una estrategia logística nacional, con visión de país, legitimidad técnica y una narrativa única, no solo permitiría alinear puertos, corredores y plataformas, sino también despolitizar las decisiones estratégicas, elevarlas al rango de política de Estado y reducir la vulnerabilidad frente a presiones externas.
La soberanía no se declama; se administra con inteligencia.
Panamá ya demostró que el Canal es panameño y seguirá siéndolo. Hoy el desafío es mayor: demostrar que su logística, su institucionalidad y su estrategia también lo son. Sin estridencias. Sin miedo. Con la madurez de un país que entiende su lugar en el mundo y actúa en consecuencia.
El autor es estratega en tecnología, innovación y transformación digital.
