Con el cambio de gobierno en Chile se produjo un gesto pequeño en apariencia, pero de gran significado: al entregar el poder, el presidente saliente Gabriel Boric protagonizó un cierre de mandato inédito en la región: un mea culpa público, claro y detallado. En su última cadena nacional y en una entrevista asumió responsabilidad exclusiva por errores concretos: las demoras en el caso Monsalve —“no hice todo lo que tenía que hacer en los tiempos que tenía que hacerlo”—, la fallida compra de la casa de Salvador Allende, el fracaso del primer proceso constituyente, al que calificó como “derrota política”, las promesas pendientes como el fin del CAE y la sala cuna universal, y el manejo de los indultos y el caso Convenios. Lo hizo con frases directas como “en ambos casos asumo la responsabilidad” y “es responsabilidad exclusiva mía”, mientras defendía logros generales y se despedía “con la frente en alto y las manos limpias”.
Ese gesto generó amplio debate porque rompió con la tradición de balances triunfalistas y se constituyó en un acto de dignidad y reconocimiento hacia el electorado, además de representar honestidad política. Reconocer errores implica admitir que ni los presidentes ni los gobiernos son seres perfectos; equivocarse no es buscar culpables, sino alejarse del falso orgullo. En ese sentido, la autocrítica pública se presenta como un acto de sinceridad y de respeto hacia la ciudadanía.
Panamá, en cambio, muestra un panorama radicalmente distinto. Desde la restauración democrática en 1989, ninguno de los expresidentes que completaron su mandato ha ofrecido un mea culpa comparable: no ha habido balances autocríticos estructurados ni reconocimientos públicos de errores puntuales en la gestión, ni declaraciones de responsabilidad exclusiva por escándalos, fracasos o promesas incumplidas. Los discursos de despedida han enfatizado los avances del período, la transición democrática, la modernización económica, la devolución del Canal, el crecimiento y la estabilidad, sin entrar en la autocrítica sobre casos emblemáticos, demoras en crisis o errores de gestión.
El pasado gobierno, por ejemplo, optó por un tono emotivo de gratitud y resaltó logros frente a dificultades, pero los análisis coincidieron en que fue un mensaje sin autocrítica: no admitió fallos específicos en el manejo de la pandemia, en promesas económicas ni en temas de corrupción o infraestructura.
Panamá enfrenta desde hace décadas problemas estructurales profundos: corrupción endémica que erosiona las instituciones, elevada desigualdad social que deja a amplios sectores en situación de vulnerabilidad, deficiencias crónicas en infraestructura y servicios básicos, desafíos en la gestión migratoria y tensiones sociales acumuladas que han debilitado la confianza ciudadana. En este contexto, un reconocimiento público de errores como el realizado por Boric no solo contribuiría a la reconciliación nacional, al sanar heridas históricas y reconstruir la confianza entre gobernantes y gobernados, sino que también ayudaría directamente al pueblo y no al gobierno entrante, al priorizar la honestidad política y la rendición de cuentas por encima de cualquier cálculo de imagen o continuidad partidaria.
Además, la mayoría de los expresidentes panameños acuden a programas de televisión y a sus redes sociales para ofrecer soluciones una vez fuera del poder, pese a que muchos de los problemas actuales se originaron durante sus mandatos. Estos problemas no nacen de la nada y, en gran medida, fueron creados por la falta de atención a las demandas, necesidades y derechos de la población. Esa diferencia refleja dos estilos políticos y culturales distintos: uno que incorpora la rendición de cuentas personal como parte del cierre democrático, y otro que prioriza la continuidad y la imagen de éxito al dejar el Palacio de las Garzas. Hasta la fecha, Panamá sigue esperando un mea culpa presidencial como el que ofreció Boric.
Desde la filosofía del derecho, la diferencia adquiere mayor profundidad. Ronald Dworkin, en El imperio del derecho, sostiene que la integridad del sistema jurídico exige que los gobernantes actúen con coherencia moral y asuman públicamente sus errores para preservar la legitimidad democrática y la confianza ciudadana; un mea culpa como el de Boric sería, en su teoría, un acto de integridad que fortalece el derecho mismo. H. L. A. Hart, en El concepto de derecho, distingue las reglas secundarias de reconocimiento y adjudicación, subrayando que sin mecanismos claros de rendición de cuentas el poder cae en el arbitrio y pierde su carácter normativo. Norberto Bobbio, por su parte, afirma que la responsabilidad política explícita no es una debilidad, sino un requisito esencial para que el derecho cumpla su función de limitar y legitimar el poder.
En suma, sin dejar de lado las críticas que puedan hacerse a cualquier gobierno sobre el cumplimiento de sus promesas o la continuidad de políticas, el caso chileno de Boric eligió cerrar su mandato con una autocrítica honesta y específica. Ese gesto encarna principios de integridad, rendición de cuentas y Estado de Derecho; a la larga representa un acto de dignidad y reconocimiento hacia el electorado, y en un país como Panamá, con graves problemas estructurales, podría mejorar la reconciliación nacional y beneficiar directamente a la población.
El autor es abogado, investigador y doctor en Derecho.
