Durante buena parte del siglo veinte, Panamá experimentó con un alto nivel de protección económica. La recuerdo no como un dato teórico, sino como experiencia cotidiana. Mi padre dirigía una empresa de helados que se beneficiaba de un esquema de aranceles altos, controles a la importación y un mercado relativamente cerrado. Esto disminuía los incentivos a la innovación, pero hacía viable una industria manufacturera pequeña, que generaba empleo y se vanagloriaba de estar profundamente arraigada en la vida local. Cuando esas protecciones se desmontaron a mediados de los años noventa, el impacto fue inmediato y personal. La empresa de mi padre perdió competitividad y, con ella, se erosionó un modo de vida. Como en Cien años de soledad, tengo el recuerdo de mi padre yendo a los puertos a presenciar la llegada de grandes buques amenazantes cargados de helados españoles. El país comenzó a ver cómo desaparecía gran parte de su manufactura y su orgullo por lo local.
Esa experiencia no me lleva a idealizar la autarquía, sino a reconocer su ambigüedad. Como economista, entiendo los costos de los modelos cerrados y las ganancias potenciales de la apertura. Pero también sé que la apertura, sin condiciones internas adecuadas, suele beneficiar a unos más que a otros. Esta tensión es clave para entender qué significan hoy los posibles cambios de Mercosur y qué implicaciones tienen para países pequeños como Panamá. Las noticias recientes muestran que Mercosur entraría en una nueva fase, marcada por su acuerdo de asociación con la Unión Europea y por una mayor flexibilidad en sus relaciones externas. Esto ampliará mercados, reducirá aranceles y reforzará reglas comunes en comercio, inversión y sostenibilidad. Desde el punto de vista teórico, estos acuerdos generan ganancias claras, como acceso preferencial, precios más bajos y mayor variedad de bienes.
Para países grandes del bloque, con bases manufactureras consolidadas, esto también crea ganancias ligadas a economías de escala, aprendizaje y encadenamientos productivos. Para países pequeños como Panamá, el panorama es más complejo. Panamá no es miembro pleno, pero su estatus de asociado y su papel como plataforma logística le permiten insertarse indirectamente en estas dinámicas. El riesgo es que los flujos comerciales crezcan, pero que los beneficios productivos se concentren allá, mientras acá se refuerza un modelo basado en servicios, intermediación y consumo de bienes importados. La historia latinoamericana está llena de episodios donde la integración regional terminó profundizando especializaciones primarias o terciarias, sin traducirse en desarrollo productivo interno.
Por eso, la literatura económica indica que los acuerdos comerciales no sustituyen la política de desarrollo. Para aprovecharlos realmente, los países pequeños necesitan capacidades productivas que no surgen espontáneamente del mercado. En el caso panameño, esto implica tres frentes prioritarios. El primero requiere un cambio de narrativa sobre el rol del gobierno. No es suficiente facilitar el desarrollo. Necesitamos un socio público activo que entienda que el capital semilla, el desarrollo de capacidades y las plataformas comerciales que necesitamos no surgirán mágicamente del sector privado. El segundo es reforzar la manufactura. No se trata de recrear industrias protegidas e ineficientes como las del pasado, sino de identificar nichos viables, con apoyo en infraestructura, financiamiento y tecnología, que permitan participar en cadenas regionales de valor. Sin algún grado de manufactura, los acuerdos tienden a convertirnos únicamente en compradores o intermediarios. El tercer frente es la investigación y desarrollo agrícola. La apertura de mercados puede ser una oportunidad enorme para productos agroindustriales, pero solo si existe inversión pública sostenida en productividad, sanidad, investigación, logística y comercialización. Sin inversión pública, los productores locales quedan expuestos a la competencia externa sin poder aprovechar el acceso ampliado que los acuerdos prometen.
Aceptar esta realidad no significa rechazar la integración ni negar sus beneficios. Significa abandonar la idea de que los acuerdos, por sí solos, generan desarrollo. Mi nostalgia por la autarquía no es una defensa del pasado, sino un recordatorio de que la estructura productiva importa. La apertura puede ser una herramienta poderosa, pero solo cuando se combina con una estrategia activa de desarrollo. De lo contrario, el resultado será repetir ese mismo episodio de nuestra historia económica donde los de siempre se benefician, y el resto observamos cómo la capacidad productiva local se desmorona.
El autor es economista y miembro del Sistema Nacional de Investigación.
