Estamos todos de acuerdo en que nuestros jubilados merecen mejores pensiones, pero más que un aumento de las pensiones, nuestros jubilados merecen una vida digna, para la cual trabajaron y aportaron durante su etapa laboral.
Esa vida incluye, primordialmente, el acceso a una atención profesional y oportuna en la Caja de Seguro Social (CSS), medicamentos de calidad y un fondo de pensiones que les garantice un ingreso justo y que sea sostenible en el tiempo.
Para asegurar lo anterior, necesitamos autoridades que atiendan el delicado tema del fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS con celeridad, responsabilidad y con una visión integral, pero, lastimosamente, este no ha sido el caso.
Una muestra de ello es que, a pesar de que sabemos que pronto no habrá suficientes fondos para cubrir las jubilaciones, desde el año 2012 no se cuenta con estados financieros auditados y tampoco se han actualizado los estudios actuariales, clave para proyectar la sostenibilidad del programa de jubilaciones y pensiones actuales y futuras.
Luego de cuatro años en el gobierno, ni los diputados de la Asamblea Nacional ni el Órgano Ejecutivo han tenido la voluntad ni la valentía política de abordar con responsabilidad el tema. Hoy, lo que sí han hecho es repetir sus habituales y ya predecibles comportamientos para aprovechar las coyunturas electorales y salir con un par de leyes que generen satisfacción momentánea en la población, con el único propósito de generar respaldo para sus fines egoístas de mantenerse en el poder.
Utilizar una aspiración legítima de los jubilados para hacer politiquería no tiene nombre. Es aprovecharse de su necesidad para garantizar una reelección que hoy se ve amenazada por un despertar ciudadano a través de la campaña de #NoALaReelección.
Esta sed por la reelección es la que les nubla la visión y los lleva a proponer un aumento a los jubilados sin revisar el programa de IVM y, lo peor, financiado a través de un nuevo impuesto, sin haber realizado un estudio económico del impacto que este tendría en la economía. Es por esto que esta nefasta propuesta de financiamiento del aumento en pensiones debe ser vetada por el Consejo de Gabinete y condenada por todos los ciudadanos.
Debe haber una forma de cubrir el merecido ajuste que hoy requieren nuestros jubilados sin afectar la economía de todo un país.
Lo anterior demuestra la incompetencia de quienes se aprovechan de la necesidad de otros para lograr sus fines egoístas. Panamá merece diputados que legislen en beneficio del país, personas íntegras, competentes y con visión. Necesitamos diputados que más que usar “carnadas políticas” electoreras, se comprometan a revisar la legislación que regula las compras de medicamentos e insumos, para asegurar el abastecimiento de medicamentos de calidad y a buen precio. Necesitamos diputados que revisen la ley de la CSS, a fin de garantizar una atención profesional y de calidad para todos los asegurados. Diputados que revisen el proceso de selección de los directivos y del director de la CSS, y que propongan leyes que castiguen severamente a aquellos que utilicen su posición para beneficio personal, en detrimento del servicio que se le debe brindar al asegurado. Deben revisar también la ley de carrera de los funcionarios de la Caja de Seguro Social y de toda la administración pública, con el fin de que cuente con procesos de reclutamiento, desarrollo y de retención del mejor personal, y así evitar que se nombre a funcionarios incompetentes, solo por su afiliación o conexión política.
Tenemos un problema severo de representación en la Asamblea Nacional. Los diputados han demostrado que no están legislando en beneficio de la ciudadanía. La mejor herramienta que tenemos los ciudadanos para mejorar nuestra calidad de vida y asegurar nuestras actuales y futuras jubilaciones es seleccionando bien a quién le vamos a dar nuestro respaldo en mayo de 2019. Otra razón más para #NoALaReelección.
La autora es miembro de Movin y conductora del programa radial ‘Sal y Pimienta’.
