En Panamá nos hemos vuelto expertos en incendiar la pradera antes de verificar si hay fuego. La última “crisis” nacional estalló esta semana en redes sociales y en algunos titulares con la supuesta imposición de la minería en el currículo de nuestras escuelas. Se habló de adoctrinamiento, de traición a la patria y de un plan macabro para lavar el cerebro a nuestros jóvenes tras el histórico fallo de la Corte. Pero, si bajamos las revoluciones y leemos los hechos, lo que queda es una tormenta en un vaso de agua alimentada por el prejuicio.
Los titulares sensacionalistas sugirieron que la minería sería un eje obligatorio, provocando que grupos antiminería y gremios docentes reaccionaran de inmediato. Sin embargo, la realidad es mucho más técnica y menos conspirativa. Como bien publicó La Prensa el pasado 11 de enero de 2026 en su artículo titulado “Tras 15 años sin actualización, Meduca implementará nuevo currículo nacional este año lectivo 2026”, el país enfrentaba el reto de implementar un nuevo currículo nacional tras 15 años de estancamiento educativo. Ese rediseño, necesario y urgente, es el que hoy algunos pretenden satanizar por el simple hecho de no ignorar la existencia de la tabla periódica.
Hay que leer la realidad. El 18 de febrero de 2026, el Ministerio de Educación (Meduca) emitió un comunicado aclaratorio ante lo que calificó como versiones “alejadas de la verdad”. En dicho documento, la institución fue tajante: “la minería no constituye el eje central del currículo educativo” y los cambios en el programa de Química de duodécimo grado responden a la inclusión de temas sobre “metalurgia avanzada y nuevos materiales metálicos” (Comunicado Meduca, 18 de febrero de 2026). ¿Desde cuándo estudiar la ciencia de los metales —los mismos que componen desde el celular en el que usted lee esto hasta los paneles solares que defendemos— es un pecado ambiental?
La ministra de Educación, Lucy Molinar, salió al paso de la polémica. Según declaraciones publicadas el 19 de febrero de 2026 por Mi Diario bajo el título “Ministra de Educación defiende actualización curricular y niega nueva asignatura minera”, la funcionaria indicó que los ajustes “responden a avances científicos y académicos” para sacar a Panamá del rezago de más de una década. Molinar fue clara al señalar que no se puede seguir usando a los estudiantes como “rehenes de causas políticas”. Y tiene razón. El Meduca subrayó en su comunicado del 18 de febrero que la educación debe mantenerse “alejada de vaivenes políticos” y no ser utilizada como un “instrumento dentro de las diferencias sociales”.
El argumento de quienes se oponen es que mencionar la “minería” en un salón de clases es una afrenta a la soberanía nacional. Pero hay una diferencia abismal entre promover una concesión minera y explicarle a un estudiante de ciencias cómo funciona la química verde o la transformación de minerales. Ignorar la metalurgia en un bachillerato en ciencias sería como pedir que en geografía no se hable del Canal porque existen conflictos por el agua. Es absurdo.
Resulta irónico que los mismos sectores que se escandalizan por los pobres resultados en las pruebas PISA sean los que hoy promueven una especie de censura científica. No podemos pretender que nuestros hijos compitan en un mundo tecnológico si les prohibimos estudiar la materia prima de la modernidad. Oponerse a que un joven sepa qué es un proceso metalúrgico no es salvar al país; es condenarlo a la ignorancia por puro dogma.
El debate debe ser sensato, basarse en hechos y no en supuestos emotivos. El trauma social de 2023 es real y legítimo, pero no puede convertirse en una mordaza para la educación. Si queremos un Panamá desarrollado, necesitamos ciudadanos que comprendan la ciencia, no activistas que le teman a los libros de texto. Sería más productivo usar la misma energía que gastamos en pelear contra fantasmas curriculares para exigir que las escuelas tengan laboratorios donde, precisamente, se pueda enseñar la diferencia entre un recurso natural y su aprovechamiento responsable. Eso sí sería patriotismo.
El autor es empresario.
