Es una expresión popular costumbrista que utilizamos cuando nos equivocamos o cometemos un desacierto de manera burda. Dicho de otra manera: cuando cometemos una chambonada.
Tal parece ser el caso de la reciente actuación del contralor general de la República, Anel Flores, cuando en días pasados irrumpió en una diligencia del Ministerio Público, sin que hasta la fecha el funcionario haya querido dar alguna explicación que justifique lo que, a primera vista, es una conducta más propia de un vaquero del lejano oeste que del ganado bravo chiricano (por si acaso).
Si bien, por fortuna para los panameños, en términos generales y hasta la fecha, el accionar del contralor Flores dista mucho de parecerse a la aberrante conducta gánsteril que exhibió su antecesor Gerardo Solís; no obstante, resulta muy preocupante el hecho de que, durante su incipiente gestión, continúe acumulando puntos como cliente frecuente de graves desaciertos. Recordemos, a manera de ejemplo, la inexplicable presencia del contralor Flores en la Asamblea Nacional, en medio de las elecciones de este órgano del Estado, haciendo lobby a favor de Shirley Castañeda. Más recientemente, ante el conflicto de la basura en San Miguelito, admitió haber llamado a la alcaldesa Irma Hernández para “facilitarle un contacto” con un representante de Revisalud, empresa con intereses contractuales altamente cuestionada por su paupérrimo desempeño en el servicio de recolección de basura en este distrito durante el pasado gobierno.
Además, resulta de ingrata recordación su entusiasta participación dentro de la comitiva del presidente Mulino en el viaje a Brasil, así como sus ulteriores declaraciones a los medios acerca de la conveniencia de que nuestro país se embarque en el negocio del etanol, lo cual evidentemente contrasta o deja ver claras señales de un conflicto de intereses, toda vez que el contralor Flores es propietario de un ingenio azucarero en Chiriquí.
De igual forma, y al mejor estilo del condenado expresidente prófugo y actual turista en Colombia, Flores, al sentirse molesto por algunos cuestionamientos recibidos por sus actuaciones, ha mencionado en tono amenazante que él también tiene “dossiers”. Desafortunada alusión que nos trae a la memoria la sombra de la intromisión y los excesos en el ejercicio del poder en épocas de un pasado reciente.
Regresando al tema más grave y de actual vigencia, como lo es la presencia intempestiva del contralor Flores en el momento en que dos auditoras de la Contraloría rendían declaración ante la fiscal anticorrupción Adela Cedeño del Ministerio Público, sobre las auditorías que sustentan la investigación contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo, procesado por presunto enriquecimiento injustificado, impidiendo de paso el contralor que estas funcionarias firmaran sus respectivas declaraciones. Este insólito hecho debió producir una explicación inmediata por parte del contralor, la cual, en caso de producirse ahora, ya resulta tardía y hasta suspicaz.
Pese a ello, si llegamos a enterarnos finalmente de que el desafortunado incidente se reduce a una simple y humana “metida de pata”, esto resultará más alentador que tener que aceptar que se trató de una abierta y consciente interferencia por parte del contralor Flores en un caso emblemático de corrupción que intenta esclarecer la justicia panameña y que, por añadidura, involucra a un miembro de su propio partido (PRD). De ser este el caso —ojalá que no—, al menos podríamos ahora entender el porqué de la abierta oposición del contralor Flores cuando, en su momento, el procurador Luis Carlos Gómez intentó introducir un proyecto de ley que suministra más herramientas para la lucha anticorrupción. Como recordaremos, dicho proyecto de ley fue planchado por la Asamblea Nacional, con el abierto beneplácito del contralor Flores.
Definitivamente, en este episodio puntual al que hacemos referencia, lo que está en juego es la aparente intención de normalizar los excesos por parte de un funcionario llamado, en efecto, a fiscalizar dentro del marco de referencia legal e institucional que le permite ciertamente operar en armónica colaboración con los demás órganos e instituciones del Estado, como lo contempla la Constitución y la ley, pero sin intromisiones, abusos ni interferencias de ningún tipo.
El autor es escritor y pintor.
