Las purgas, si bien afectan en su mayoría a entidades y personas ligadas a los gülenistas, también se han llevado por delante a personas que nada tenían que ver con ellos. Por ejemplo a D.C., una maestra empleada en una institución del Ayuntamiento de Estambul, a la que han echado tras el golpe: “Todos mis compañeros, la mayoría del AKP, sabían que yo era de la oposición, pero nos respetábamos y me felicitaban porque hacía muy bien mi trabajo. Ahora se ha demostrado que no importa que seas buena persona o buena profesora, solo que seas del partido”.
El problema, dice esa maestra, no es solo el despido –que no puede recurrir legalmente porque lo impiden las normas del estado de emergencia– sino la “estigmatización” que supone el que la hayan acusado de gülenista. Es algo que la enfada, afirma que sufrió el poder de esta cofradía religiosa cuando, en un momento en que todavía Erdogan y Gülen eran aliados, perdió una plaza de profesora en la universidad porque eligieron a un candidato gülenista pese a que tenía menos puntuación que ella. “Me acusan de ser una traidora y con eso me están cerrando las puertas a que vuelva a trabajar en el sector público y para muchas empresas privadas. Solo me queda trabajar de autónoma o irme del país”.
“Hermano, este país ha llegado a una situación completamente invivible”, dice Kadir –que prefiere no dar su nombre real para proteger su privacidad– mientras fuma en una terraza de Estambul. Es un pequeño empresario, una de esas personas de origen humilde que en la última década y media ha ascendido a la clase media de la mano del boom económico que ha caracterizado el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista), al que Kadir no veía con malos ojos durante sus primeros años en el poder. “Si para los extranjeros que residen aquí es doloroso vivir lo que está ocurriendo, imagínate para nosotros. Yo he nacido, he crecido aquí y ver esto me mina la moral. Me quiero ir del país”.
No es el único que se lo plantea. Son muchos, especialmente jóvenes con titulaciones universitarias, los que han decidido bien marcharse del país, o bien retirarse a alguna localidad pequeña y más tranquila, alejados de los acontecimientos políticos de las grandes ciudades turcas, movidos por un sentimiento de derrota tras ser aplastada la revuelta de Gezi (2013) e incrementarse la tendencia represiva del gobierno, unido a la cada vez mayor sensación de inseguridad. “En mi casa tenemos miedo a salir a la calle, porque los manifestantes están descontrolados, y he visto a algunos [partidarios del gobierno] instando en Twitter a salir con pistolas a la calle”, explica una profesora universitaria que tampoco quiere dar su nombre real. Dado que la mayor parte de los medios de comunicación turcos han sido acaparados por el gobierno, muchos turcos contrarios a Erdogan usan las redes sociales para informarse, pero en ellas circulan también muchísimos bulos infundados que contribuyen a sembrar desasosiego. El gobierno ha impuesto ciertas restricciones a que sus ciudadanos salgan del país, como modo de evitar que los presuntos golpistas aún a la fuga escapen de Turquía, pero esto también asusta entre mucha gente que simplemente quiere viajar al extranjero en vacaciones.
El miedo de Mahmut es aún mayor: “Estoy encerrado en casa. Temo por mi seguridad y la de mi familia”. Es un periodista que pide ocultar su verdadera identidad y que anteriormente trabajaba para un diario adscrito al movimiento de Fetulá Gülen, el predicador al que el gobierno acusa de ser el cerebro del golpe. Mahmut se queja de que las purgas iniciadas contra funcionarios (más de 60 mil trabajadores suspendidos de empleo) e instituciones privadas (más de 2 mil 300 entidades clausuradas) son “una caza de brujas”. “Yo no soy un golpista, quiero que se investigue el golpe y se castigue a los culpables, y que no se nos haga pagar a los inocentes. Pero el gobierno nos acusa a todos nosotros de traidores y si salgo a la calle y alguien me reconoce podría sufrir un ataque. Recibo amenazas todos los días”, denuncia.