Desde este espacio de opinión he planteado de forma reiterada que una de las principales características que le permiten a Panamá sobresalir en el escenario internacional es su ventajosa posición geográfica. Igualmente, he insistido que la estabilidad es la otra cara de la moneda que le aporta valor a nuestro país a nivel geoestratégico. De poco sirve que importantes rutas marítimas como los estrechos de Malaca, Bab-el-Mandeb y Gibraltar cuenten con una posición geoestratégica privilegiada si, a su vez, tienen que hacer frente a una serie de conflictos hegemónicos y situaciones complejas con sus consecuentes afectaciones en materia de seguridad y estabilidad. Lo mismo podría decirse del Canal de Suez, del Océano Índico y del Mar Negro, y los conflictos que les acompañan. Si una ventajosa posición geográfica no está amarrada a una estabilidad sostenida, el valor geoestratégico de un determinado territorio tiende a decrecer. Es por ello que en momentos en los que se discute el contrato minero, le ofrezco a mis lectores una mirada a África Occidental y al Sahel, en torno al rol que ha jugado la minería en propiciar, facilitar o contribuir a la inestabilidad que hoy afecta a esta subregión de África y a aquella zona ecoclimática y biogeográfica del Norte del continente africano.
A partir de 2020, se han producido sendos golpes de Estado en África Occidental y en el Sahel, incluyendo Malí (2020), Guinea (2021), Chad (2021), Sudán (2021 y que hoy lidia con una guerra civil), Burkina Faso (2022) y Níger (2023). Es preciso señalar que no existe un nexo claro entre los golpes de estado en estos países, vistos como un conjunto, y la actividad minera. No obstante, existe cierta causalidad cuando se examina la industria minera en estos países. La extracción del oro (Malí, Guinea, Sudán y Burkina Faso), bauxita (Guinea), petróleo (Chad y Sudán) y uranio (Níger) constituyen una parte importante del producto interno bruto de estos Estados y un porcentaje significativo de sus exportaciones.
No viene al caso omitir que los resabios coloniales han condicionado de forma considerable a estos Estados africanos en el proceso tendiente al establecimiento de instituciones democráticas sólidas, de una cultura de transparencia y de políticas públicas tendientes a garantizar el respeto a los derechos humanos. Igualmente, debido a las variaciones climáticas y a las lluvias irregulares que afectan a estas regiones, se ha desincentivado la agricultura, impulsando, a su vez, el establecimiento de industrias extractivas como la minería.
Dada la importancia de ciertos minerales en el proceso global de transición energética, en la industria armamentista, en la de hidrocarburos, por su mero carácter precioso o por uso múltiple, no es una rara ocurrencia que ciertos Estados estén interesados en su control, independientemente de que estos minerales se encuentren o no dentro de sus fronteras nacionales, en el interés de garantizarse un lugar en la mesa, es decir crear dependencia estratégica en ciertos mercados o, en todo caso, para prevenir dicha dependencia. En ese sentido, algunos Estados con tendencias expansionistas e injerencistas tienden a aprovecharse de la frágil institucionalidad democrática, de la corrupción endémica y de las violaciones a los derechos humanos que afectan a algunos Estados con potencial minero, para controlar estos recursos, sin reparar en las consecuencias que dichas acciones tengan en el plano interno. En ocasiones, dichas acciones vienen acompañadas de la importación de modelos autoritarios, cleptocráticos y deshumanizados. Un claro ejemplo de esto, es la presencia y la amplia red de relaciones de un actor desestabilizador como el grupo Wagner en Malí, Sudán y Níger, o la presencia de intereses estatales foráneos en una pluralidad de proyectos mineros en África en general.
El caso panameño debe analizarse con suma cautela, con la mirada puesta en lo que ha sucedido y continúa sucediendo en África Occidental y el Sahel. La ausencia de una sólida institucionalidad democrática y de estándares claros en materia de transparencia y de derechos humanos, han llevado, en otras ocasiones, a conflictos sociales por posibles afectaciones a los derechos colectivos de los pueblos originarios y eventuales desplazamientos forzados. También nos recuerdan que, si bien el camino extractivo es una posibilidad abierta, el mismo tendrá serias consecuencias en otros rubros y posibles polos de desarrollo nacional. Igualmente, tal y como lo demuestran los casos africanos las operaciones de captura de la élite, ante tantas vulnerabilidades estratégicas, son una posibilidad no muy distante o quizás, también, una ya consumada.
Un proyecto de la envergadura de aquel contemplado en el contrato entre Panamá y Minera Panamá debe analizarse con mucho detenimiento y desde distintas aristas. Es que ello que a la luz de las experiencias en África Occidental y el Sahel y considerando las debilidades estratégicas de nuestro país en lo que a democracia, derechos humanos y transparencia se refiere, es necesario preguntarse si existe la preparación estratégica para abordar las complejidades inherentes al proyecto minero y si estamos conscientes de que, sin un abordaje sesudo de la temática, podríamos estar comprometiendo una de las caras de la moneda de nuestro principal activo geoestratégico: nuestra propia estabilidad.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
