El debate en torno a la firma del contrato minero por parte del Estado panameño con la empresa Cobre Panamá/First Quantum Minerals ha sido abordado, en el foro nacional, desde distintas perspectivas. Entre otras, se han analizado sus aristas constitucionales, sociales, ambientales y económicas. Lejos de pretender realizar un análisis integral del contrato, en este espacio le planteo al lector un análisis de la temática con un enfoque geoestratégico, para contribuir desde este ámbito al debate nacional. Dicho enfoque, al igual que estas diversas perspectivas, parecen no haber sido tomadas en cuenta por el gobierno nacional.
Uno de los principales señalamientos que se le hace al contrato minero es el de la lesión que el mismo ocasiona al interés nacional y a nuestra Constitución, postura que comparto. De igual manera, hay quienes plantean una suerte de paralelismo histórico en el que se equipara el contrato minero con el Convenio Stephen-Paredes o el Tratado Hay Bunau-Varilla.
Dichas apreciaciones encuentran precedentes en las luchas libradas por figuras como Justo Arosemena y Eusebio A. Morales a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, o las de los mártires de 1964 y las del equipo negociador de los tratados de 1977.
En ese sentido, pareciese plantearse una contradicción o una falta de consecuencia histórica de la actual administración, pues mientras sus antecesores lucharon por la restitución del patrimonio inalienable del Estado como lo son el ferrocarril transístmico y el Canal de Panamá, ellos se han encargado de renovarle el dominio y el control a un tercero sobre otro patrimonio inalienable, el cobre.
Igualmente, el enfoque transaccional adoptado durante las negociaciones, el cual no es exclusivo de la actual administración, ignora la importancia que el cobre, al igual que el ferrocarril y el canal, tienen en un escenario global de competencia estratégica.
Durante los últimos dos años, Panamá ha enfatizado ante distintos foros internacionales su estatus como país carbono negativo. Dicho estatus es utilizado para intentar proyectar un liderazgo en la agenda multilateral ambiental y en la lucha contra el cambio climático. No obstante, todavía está por desarrollarse, o al menos presentarse, una estrategia panameña que traduzca el mero estatus carbono negativo en un liderazgo tangible.
De igual manera, pareciese existir una contradicción entre dicho estatus y cualquier operación minera a cielo abierto, pues las graves afectaciones ambientales de esta última podrían conllevar, tarde o temprano, a la pérdida del estatus. Lo anterior no necesariamente significa que cualquier actividad minera en Panamá contradice nuestro estatus carbono negativo.
En el mundo existen una pluralidad de minerales críticos, los cuales tienen una caracterización más o menos uniforme emanada de distintos Estados. Uno de estos minerales críticos es el cobre.
Además, actualmente estamos ante un proceso de transición energética, cuyo objetivo es reducir al mínimo la utilización de energías (combustibles fósiles y carbono) que emitan grandes cantidades de gases de efecto invernadero, uno de los principales causantes del cambio climático.
En ese sentido, algunos minerales críticos se han identificado como fundamentales para la transición energética, incluyendo al níquel, el cobalto, el litio, el cromo, el grafito, el manganeso, el zinc y el cobre. Siendo, entonces, el cobre un mineral crítico fundamental en el proceso de transición energética, bien pudiese esta realidad haber informado al gobierno nacional para el desarrollo de una estrategia de explotación del cobre que fuese conforme con los criterios de sostenibilidad y coherente con nuestra realidad y nuestros objetivos estratégicos.
Adicionalmente, la incorporación del componente minero a la estrategia internacional panameña debió haber considerado la dependencia estratégica en materia de minerales críticos que existe por parte de ciertos Estados respecto a otros, en particular la de nuestros aliados, amigos y socios (Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea). Además, debió ponderar en donde se encuentran las principales reservas de cobre (siendo las principales, y por mucho, las de Chile, seguido por las de Perú) y las mayores refinerías a nivel mundial (China).
Otro punto interesante que sopesar es quién ejerce control sobre la cadena de suministro del cobre a través de los puertos y las naves (principalmente China). Elementos como el canal y la marina mercante panameña nos permiten incidir de forma significativa en estos procesos, de la misma manera en que lo haría un modelo de explotación sostenible con un aliado estratégico con refinerías enfocadas en producir cobre para contribuir a la transición energética (v.g. Japón).
Estas y otras consideraciones hubiesen aconsejado mayor cautela al gobierno nacional al momento de negociar un contrato de esta naturaleza. Igualmente, lo hubiese hecho una verdadera discusión nacional, abierta y transparente, sobre la conveniencia o no de continuar el modelo de explotación minera o modificarlo.
Para este último caso, una licitación pública con parámetros claros en materia de sostenibilidad con un enfoque estratégico de posicionar a Panamá, país carbono neutral, como líder en el proceso de transición energética a través de la extracción del cobre, hubiese sido más consecuente que continuar con el mismo enfoque transaccional, extractivista y transitista que tanto daño le ha hecho al país.
El autor es abogado y profesor de derecho internacional
