Sugiero, como país, que hagamos un ejercicio de mirada frente al espejo y preguntemos si el reflejo hace justicia a quienes realmente somos. Panamá, como colectividad, debería buscar la coherencia entre lo que proyectamos y lo que somos. La transparencia, la coherencia y la consistencia son valores que todas las naciones necesitan para un desarrollo justo y sostenible.
Panamá será sede de la Asamblea General de la OEA en 2026, se integra al MERCOSUR, busca ingresar a la OCDE y este año ha sido objeto de revisión en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todos estos espacios internacionales reconocen, desde hace décadas, derechos de personas LGBTIQ+. La pregunta, entonces, es: si queremos participar de estos espacios, ¿qué haremos para cumplir con sus requerimientos? No se trata de una simple verificación de cifras macroeconómicas; es, más bien, un examen sobre nuestro compromiso ético con el desarrollo social y el trato digno a todas las personas.
Uno de esos espejos son los exámenes de pares, particularmente el Examen Periódico Universal (EPU) del Sistema de Naciones Unidas, que revisa el estado de cumplimiento de los compromisos de derechos humanos de los países. No solo técnicos y funcionarios de la ONU formulan recomendaciones; la sociedad civil presenta informes de seguimiento y todos los Estados miembros participan, asegurando una cohesión que, en el caso de Panamá, nos coloca ante el estrado para declarar qué estamos haciendo y hacia dónde vamos.
¿Es Panamá coherente con su situación interna y con su proyección internacional? Una respuesta objetiva es que no. A pesar de una imagen internacional positiva —un Estado con desarrollo, orden democrático, puente comercial y, en papel, una aceptación de los derechos humanos—, queda camino por recorrer en lo concreto.
Desde Fundación Iguales hemos contribuido en las pre-sesiones del EPU. Las pre-sesiones son reuniones donde acude la sociedad civil y otros sectores antes de que el Estado en examen —en este caso Panamá— reciba comentarios de los demás Estados miembros de la ONU. Estas sesiones, celebradas en agosto de manera presencial en Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos, fueron oportunas para que presentáramos insumos sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país y subrayáramos la urgencia de adecuar la legislación nacional a estándares internacionales.
En el marco del EPU, 20 Estados solicitaron a Panamá asegurar derechos de personas LGBTIQ+. Esta fue una de las reflexiones más potentes del diálogo interactivo: recomendaciones sobre orientación sexual, identidad y expresión de género por parte de Estados de distintas regiones, entre ellos Chile, Colombia, Brasil, México, Montenegro, Islandia, Uruguay, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia y Australia. Asimismo, se solicitó a Panamá ratificar convenios que protegen los derechos humanos de personas mayores, personas en condición de movilidad humana y personas trabajadoras. Muchos de ellos no han sido ratificados por Panamá porque incluyen la protección a la población LGBTIQ+.
Si la pregunta es qué hacer para cumplir con los requerimientos de entrada a estos espacios, entonces Panamá cuenta con una serie de fortalezas que deben acercarnos a ese ideal que persigue nuestro orgullo nacional. Hay una paz sostenida y una estabilidad democrática basada en elecciones transparentes y una alternancia real, una población para la que deben alcanzar los recursos del Estado y un desarrollo económico destacado para la región. Aunque existen tensiones sociales, en líneas generales la ciudadanía panameña es solidaria y valora el respeto a todas las personas, incluso cuando hay diferencias ideológicas. Solo falta voluntad política para tomar decisiones valientes y acercar a Panamá a ese deber ser: no dejar a nadie atrás. Lo cierto es que esa responsabilidad no solamente recae en un ministerio u oficina: se extiende desde los diputados en la Asamblea hasta los magistrados y sus asesores en la Corte Suprema de Justicia, pasando por las oficinas del Órgano Ejecutivo y los gobiernos locales. Todas las autoridades deben comprender que las personas LGBTIQ+, así como otras poblaciones vulnerables, no requieren más que un trato digno e igualitario frente al resto.
No es difícil comprender la dicotomía entre la percepción internacional y la realidad interna de los derechos humanos. Hoy es un momento inequívoco para encauzar las políticas públicas hacia los estándares de derechos humanos y, sí, lograr ese estatus de país excepcional que nos enorgullece. Pasemos del papel a la realidad.
El autor es presidente de la Fundación Iguales.
