Panamá arranca el 2026 con muchos retos pendientes. Reducir la desigualdad, enfrentar con seriedad la corrupción y la impunidad, y generar más y mejores oportunidades de empleo siguen siendo tareas urgentes e inconclusas.
Dicho esto, para este 2026 hay tres deseos que sí me permito formular. No dependen de promesas ni de grandes reformas, sino de decisiones institucionales muy concretas y, por lo mismo, alcanzables. Se trata de tres nombramientos clave que deberán realizarse este año y que pueden incidir de manera directa en la calidad de nuestra democracia, en la conducción de uno de los principales motores económicos del país y en la protección de los derechos fundamentales.
Por ello, en este escrito me concentro en esos tres deseos puntuales, que están completamente al alcance de quienes hoy tienen la responsabilidad de decidir.
1. Un magistrado del Tribunal Electoral que fortalezca la democracia
Panamá suele figurar relativamente bien en comparaciones regionales sobre democracia. De hecho, el Democracy Index ubica al país por encima de muchos vecinos latinoamericanos. No obstante, ese mismo índice clasifica a Panamá como una democracia defectuosa, una categoría que, lejos de tranquilizarnos, debería encender alertas.
Las democracias no suelen colapsar de manera abrupta. Se erosionan lentamente cuando se normalizan malas decisiones, se relativizan los principios y se reducen los estándares institucionales.
En ese contexto, la próxima designación de un magistrado del Tribunal Electoral, responsabilidad de la Asamblea Nacional, es un momento clave que no admite ligerezas.
Los antecedentes recientes no ayudan. En años anteriores, las designaciones al Tribunal Electoral han estado marcadas por cuestionamientos a la independencia, vínculos políticos previos y dudas razonables sobre la separación entre militancia partidaria y función electoral. Todo ello ha contribuido a debilitar la confianza ciudadana en una institución que debería ser un pilar de estabilidad democrática.
La Asamblea tiene ahora la oportunidad —y la obligación— de actuar con responsabilidad histórica. Panamá necesita un magistrado verdaderamente independiente, sin compromisos políticos, sin deudas con partidos o facciones, con conocimiento sólido de la materia electoral y con plena conciencia del rol que juega el Tribunal Electoral en la estabilidad democrática y la confianza ciudadana.
2. Un administrador del Canal a la altura del momento histórico
Mi segundo deseo apunta al corazón económico y simbólico de Panamá: el Canal de Panamá.
El Canal atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente. La crisis hídrica, la reducción del tránsito, la presión del comercio global y el enorme reto técnico, ambiental, social y político que representa el proyecto del embalse de Río Indio exigen liderazgo de primer nivel y toma de decisiones responsables.
Por mandato constitucional, la designación del próximo administrador recae en la Junta Directiva del Canal de Panamá. Esa decisión no puede basarse en cercanías personales, lealtades internas ni presiones del Ejecutivo de turno.
Panamá necesita un administrador escogido estrictamente por meritocracia, con experiencia comprobada y una trayectoria larga y sólida dentro de la institución, sin haber sido producto de nombramientos políticos. Alguien que conozca no solo los desafíos visibles desde afuera, sino también los que se viven desde adentro; que entienda la operación, la cultura organizacional y a las personas que sostienen el Canal día a día. Alguien que llegue listo para ejecutar desde el primer día. El Canal no tiene margen para períodos de aprendizaje ni para experimentos administrativos.
3. Un Defensor del Pueblo que honre el cargo
Mi tercer deseo es que Panamá cuente, finalmente, con un Defensor del Pueblo a la altura de lo que la institución representa.
La Defensoría del Pueblo es una de esas instituciones cuyo verdadero valor se vuelve invisible cuando no funciona. No porque su rol sea menor, sino porque durante años nos hemos acostumbrado a un Defensor que no incomoda, no incide y no marca agenda. Esa normalización ha hecho que la ciudadanía deje de esperar algo de una figura que, bien ejercida, debería ser clave en el equilibrio democrático.
Cuando el Defensor del Pueblo no cumple su rol, la pérdida no es simbólica. Se pierde una voz institucional capaz de señalar abusos, de exigir correcciones y de poner límites cuando el Estado falla. Se pierde una instancia que debería incidir, presionar y generar consecuencias, especialmente en contextos donde otras vías no funcionan o están capturadas.
Un buen nombramiento podría cambiar radicalmente ese panorama. Un Defensor del Pueblo con independencia, criterio y peso público puede devolverle relevancia a una institución que hoy muchos consideran irrelevante. Panamá necesita un Defensor que entienda el alcance del cargo y esté dispuesto a ejercerlo sin cálculos ni complacencias.
Estos tres deseos no son abstractos. Son decisiones concretas que pasarán, inevitablemente en 2026, por la Asamblea Nacional y por quienes hoy tienen el poder de nombrar.
El 2026 no será un año neutro para Panamá. Será el año en que se consoliden las oportunidades perdidas o en el que, por fin, se inicie un verdadero fortalecimiento institucional. La diferencia no estará en el contexto ni en las excusas, sino en quienes decidan si el poder se usa para repartir cuotas y favores, o para servir al país.
El autor es abogado y miembro de la Coalición Vamos.
