En un tema tan delicado como el cambio constitucional, principalmente, el plan de gobierno no debe ser rígido, sino lo suficientemente flexible y objetivo, para considerar de un abanico de posibilidades, la mejor propuesta de acuerdo al momento político e institucional que viva el país, cuando se implemente. Pero siempre hay ideales que transmiten los candidatos en la campaña electoral, dentro del contexto que figura en el plan erigido.
En materia constitucional se requieren cambios profundos, como los siguientes: reconfiguración de la Asamblea Nacional tanto en su conformación, los territorios para escogerla, el juzgamiento de los diputados, la definición de la responsabilidad real del diputado y la eliminación de sus excesos en recursos y canonjías, lo cual incluiría tener una Asamblea con muchos menos diputados nacionales y provinciales, eliminándose la figura del circuito electoral y que sean investigados por el Ministerio Público como cualquier ciudadano; además de limitarle el presupuesto y eliminarles la prueba idónea, como también prohibirles su reelección inmediata y no permitirles ningún servicio remunerado durante el ejercicio del período de sesiones, salvo le enseñanza académica.
Por otro lado, debe haber racionalidad en la elaboración y aprobación del presupuesto general del Estado para que sea equilibrado, de manera que los recursos sean priorizados, como lo sería en el manejo de la deuda para que la misma sea acorde con las necesidades del Estado, en el sentido de que el endeudamiento no siga superando al crecimiento económico, lo cual nos impide tener lo verdaderamente esencial, desarrollo económico.
Igualmente, se deben eliminar las dietas a los funcionarios que asistan a reuniones que, por ley, les corresponde participar; prohibir la escogencia del “mejor salario” cuando un servidor público obtiene un cargo de elección; fortalecer la planificación y la rendición de cuentas, de manera que no sea el ciudadano quien esté sometido al funcionario sino que éste responda a las necesidades y derechos de aquel, sin olvidar sus deberes y obligaciones ante autoridades equilibradas, sensatas y justas; modernizar la gestión de gobierno, hoy abusada por el exceso desmedido de funcionarios inoperantes, lo que promueve la escasez de recursos que se dirigen al clientelismo y a la corrupción, a través de supuestos mecanismos legales para hacer política con fondos del Estado.
Además, es necesario prohibir la minería metálica a cielo abierto, subterránea y submarina en todo el territorio nacional; fortalecer la eficiencia, eficacia, independencia y operatividad de los órganos de control en general, para que exista en el ciudadano la confianza, tranquilidad y ánimo de que podrá contar con instituciones sólidas, robustas y transparentes desde los sistemas de justicia, salud, educación, ciudadanía y administración pública; aplicar la revocatoria de mandato a todos los funcionarios electos; hacer que los delitos de. corrupción sean imprescriptibles; generar una responsabilidad al Estado por la no atención de fallos o decisiones en los plazos previstos; y crear una comisión nacional de evaluación y postulación, encargada de nombrar a los magistrados de la Corte.
En Panamá existen las siguientes posibilidades para cambiar la Constitución: constituyente originaria (basada en el artículo 2 según el cual “el poder público solo emana del pueblo”); y los procedimientos permitidos en el Título XIII que son: constituyente paralela, reformas de las dos asambleas y las reformas de tres debates en una legislatura, sometida a referéndum. Y dependiendo de las circunstancias políticas e institucionales del momento, se tomaría la mejor decisión.
Pero antes de llegar a eso, es decir, del inicio del proceso ciudadano para cambiar la Constitución, se organizaría desde el gobierno una consulta no vinculante (plebiscito), que incluiría propuestas específicas para un “sí” o un “no”. De esta manera se contaría con la suficiente autoridad para entonces, iniciar el cambio constitucional a través de la constituyente (como el ideal) o a través de reformas.
Por eso lo redactado respecto al cambio constitucional debe ser holgado, para tener mayor libertad de decisión y de ejecución. Y con relación al plebiscito, esas posibles preguntas cortas para un “sí” o un “no” podrían ser sobre lo siguiente: segunda vuelta, minería metálica a cielo abierto, prueba idónea (diputados), número de diputados en la asamblea, creación de corregimientos, salida del Parlacen, eliminación del mejor salario, reducción a un mínimo del subsidio electoral y su distribución equitativa a todos los grupos políticos, eliminación de la partida discrecional del presidente y la eliminación de las dietas a los funcionarios.
Y para lograr lo anterior, ejerzamos el voto consciente en las elecciones de 5 de mayo 2024, para que la población panameña a través de su decisión, obtenga las garantías y posibilidades suficientes y necesarias, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, que nos permita alcanzar el cambio constitucional que requiere el país.
El autor es abogado y miembro de MOCA
